Barakaldo registra 1.000 peticiones de ayudas sociales en 7 horas
Casi mil familias han concertado hoy una cita en el Ayuntamiento de Barakaldo para solicitar las ayudas sociales, en el primer dÃa del plazo -abierto durante siete horas- para pedir una entrevista con los servicios sociales municipales que se encargan de gestionar esas ayudas, según la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak.
“Un año más se ha producido un aluvión de llamadas para concertar una cita” y desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde han llamado 984 familias, según el citado colectivo.
Además, ha denunciado que se están dando citas para el 17 de abril y ha asegurado que “a esta dilación en la atención hay que sumar los tres meses que se tarda en resolver el expediente”, por lo que, según sus cálculos, “hasta finales de julio no se empezarán a producir los primeros ingresos de la ayuda solicitada”.
Coincidiendo con la apertura del plazo para solicitar ayudas sociales en Barakaldo, la plataforma Berri-Otxoak ha desarrollado un “viacrucis” para denunciar “las consecuencias de la crisis económica” en las familias del municipio y los recortes sociales aprobados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de esta localidad vizcaÃna.
Dos personas, “en paños menores” y con sus respectivas cruces, han marchado acompañadas de personas desempleadas desde el ayuntamiento al edificio donde se encuentran el área de Acción Social.
Berri-Otxoak ha criticado que el Ayuntamiento mantenga el recorte del 50 por ciento en la partida presupuestaria destinada a las ayudas sociales, que pasó de un millón de euros en 2010 a 500.000 euros en 2011, una cantidad “insuficiente” para “paliar las consecuencias de la crisis”.
Además, ha asegurado que se endurece la normativa para el acceso a una ayuda para hacer frente al pago de alquileres e hipotecas y que las familias numerosas o con hijos menores a su cargo “verán reducida en un 28% la cuantÃa a la cual podrán acceder”.
También se reduce en un 50 %, según ha denunciado dicha plataforma contra la exclusión social, la asignación económica para hacer frente a los gastos derivados del acceso y mantenimiento de la vivienda habitual y se eliminan las ayudas para las tasas municipales de alcantarillado, basuras e IBI.