Tras el rastro

La Fiscalía investiga si la Diputación alavesa quita multas a cazadores

La Fiscalía de Álava investiga si la Diputación de este territorio sobresee o rebaja de forma sistemática denuncias por multas de caza o furtivismo, como asegura un guarda forestal.

Fuentes de la Fiscalía alavesa han confirmado que se han abierto ya diligencias a raíz de la denuncia presentada por este guarda forestal.

Según explica este guarda en su escrito a la Fiscalía, un número importante de las denuncias que pone en el monte tras descubrir a cazadores furtivos o sin permiso, así como a otros que llevan munición prohibida o perros peligrosos, son posteriormente sobreseídas, no iniciadas o rebajadas de grado cuando llegan a la Diputación.

El guarda aporta más de 30 ejemplos en los que los infractores se enfrentaban a años de suspensión de sus licencias y a multas económicas importantes, y sin embargo no han recibido sanción alguna o ésta se ha rebajado de forma muy importante.

El denunciante afirma que ya alertó en varias ocasiones a sus superiores en la Diputación, incluso al propio diputado de Agricultura, Eduardo Aginako (PNV), pero que no ha obtenido respuesta alguna.

Añade que también se ha reunido con algunos grupos políticos y que ha sido amenazado por ello con la apertura de un expediente si persiste en su actitud.

Asegura además que ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte, tanto él como su familia.

La Diputación niega las acusaciones

Aginako ha asegurado que la institución foral “ni retira ni perdona ninguna multa a ningún cazador”, pero ha reconocido que hay denuncias que caducan por “insuficiencia de medios”.

El diputado ha comparecido en comisión en las Juntas Generales de Álava para informar de las denuncias de caza interpuestas entre 2014 y 2016 por guardas forestales.

Aginako ha negado que la institución foral tenga “manga ancha” en este tema. Ha explicado que cuando un guarda hace una denuncia automáticamente se abre un expediente administrativo por parte del cuerpo de instructores, que son quienes deciden si la conducta es merecedora o no de sanción.

Entre 2014 y 2016 los guardas han presentado 120 denuncias. De ellas 29 han caducado por la “insuficiencia de medios y el exceso de trabajo”, aunque el diputado ha valorado que la cifra se ha reducido de manera progresiva gracias al esfuerzo por “agilizar los trámites”.

La portavoz del PP, Ana Morales, ha exigido “más explicaciones y transparencia ante las escasas explicaciones” ofrecidas por Aginako.

 

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