Tras el rastro

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha asegurado hoy que el Departamento de Agricultura ha mejorado la tramitación de los expedientes abiertos por infracciones de caza tras la polémica por la caducidad de 29 denuncias entre 2014 y 2016 que investiga la Fiscalía alavesa.

González ha explicado en rueda de prensa que la Diputación colabora con la Fiscalía en esta investigación, abierta hace meses y que intenta determinar si hubo tráfico de influencias o prevaricación en la actuación de los responsables de esta tarea a la hora de sobreseer o archivar estos expedientes.

Además de esos 29 expedientes que caducaron, de las 120 denuncias impuestas en ese periodo se finalizaron 81 expedientes, y de ellos más de la mitad, (48), fueron sobreseídos, con el añadido de que algunas de las infracciones calificadas por los guardas como graves o muy graves vieron rebajada esa categoría por otra más baja.

“Desde el principio ha habido plena colaboración con la Fiscalía en esta materia, se ha puesto a su disposición toda la información solicitada, y se está en contacto con ella”, ha asegurado el diputado general.

Además, y tras detectar estas irregularidades, desde el Gobierno foral se han tomado medidas “para conseguir cambiar la dinámica que existía en esta cuestión”, con ninguna denuncia caducada en 2016 y sólo 1 en 2017 “por una infracción leve”.

“Se están poniendo medios continuamente para que estas caducidades no se produzcan y los expedientes acaben con resolución”, ha explicado González, que reforzó este servicio al detectarse el problema y ha asegurado que cuando concluya la investigación de la Fiscalía adoptará las medidas que sean necesarias.