Tras el rastro

El Palacio de Justicia de Tudela acoge el juicio a dos presidentes de cotos y un guarda de caza para los que la fiscalía pide tres años de cárcel por provocar la muerte de 138 aves en 2012 con cebos envenenados y jaulas-trampa.

También se solicita la inhabilitación especial para el oficio de guarda de coto forestal y el ejercicio del derecho a cazar o pescar por espacio de 5 años, las costas procesales, y una indemnización a la Comunidad Foral por los daños causados.

Los animales muertos fueron 4 milanos reales (Milvus milvus), una especie catalogada en peligro de extinción, 1 alimoche (Neophron percnopterus) considerado especie vulnerable, 2 buitres leonados (Gyps fulvus), 1 aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), 1 aguilucho ratonero (Buteo buteo) y 129 milanos negros (Milvus migrans).

En su escrito, el fiscal constata la protección especial que tenían algunas de las especies y subraya demás que muchos de los animales se encontraban en espacios protegidos como la Reserva Natural del Pulguer y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) del mismo nombre, la zona periférica de protección de dicha reserva, la Reserva Natural de Balsa de Agua Salada y la Reserva Natural de Soto de la Remonta, todos ellas en cotos de caza ya meritados.

La fiscalía destaca que el valor de las aves, según el baremo de indemnización de especies, sería de 67.229 euros, incrementado en un 83,3% según los datos del INE, y el gasto de las medidas a adoptar para garantizar la recuperación de 6.000 euros, que reclama la Comunidad Foral como perjudicada, que también pide 4.000 euros más por otros gastos a los que ha tenido que hacer frente.