Archivo por meses: noviembre 2012

¿Se debe quitar la paga extra a los funcionarios vascos?

No es esta buena época para nadie, pero es el ciudadano común, ese 80-90% de la sociedad que componemos quienes nos encuadramos en esa horquilla social que va desde la clase media hasta los pobres y los excluidos del sistema, quien está pagando los platos rotos de esta desesperante crisis económica. Sube la electricidad, los carburantes y el transporte, el IVA convierte productos corrientes en casi artículos de lujo, hemos de pagar más por los medicamentos…, en general todo se encarece (la tasa interanual actual en Euskadi es del 3,1%; en 2011 fue del 2,4% y en 2010 del 2,8% y en 2009, del 1%; y en 2008, del 1,9%) mientras que los sueldos de quienes aún no han perdido su empleo llevan congelados varios años o han sufrido pírricos aumentos..

Y es en esta coyuntura cuando surge el drama y la injusticia de los desahucios (la asociación de consumidores Ceaccu ha ofrecido hoy una estrategia legal dilatoria -hasta 4 años- para paralizar los desahucios de las familias no amparadas por el código de buenas prácticas ni por el decreto de paralización de los desalojos aprobado por el Gobierno), a la que hemos de sumar la ocurrencia del Gobierno central de imponer unas tasas -prácticamente universales- para el acceso a la Justicia que ha logrado el éxito y una auténtica rareza en nuestro país, de poner de acuerdo a todo el mundo (estamento judicial, usuarios y partidos de la oposición), naturalmente en contra del decreto del ministro Gallardón.

Una dentellada más al Estado de Bienestar que (como el amor o la salud) no sabíamos lo que era ni lo apreciábamos en su justo valor hasta que nos lo quitan. Otro cruento zarpazo económico será el de eliminar la paga extra navideña de los funcionarios (la maniobra de adelantar la de verano a diciembre para que se acuse menos esta Navidad es una mero retraso del recorte, pues se hará igual), que significa reducir en un 7,15% el salario anual, impuesta asimismo por el Gobierno central a los autónomos, y que en Euskadi está generando, cómo no, una batalla política entre los salientes y los entrantes del Gobierno vasco, que al común de los contribuyentes les cuesta comprender. Más que nada, porque mantiene la ingenua convicción de que los líderes políticos piensan más en el bien común que en el de sus intereses partidarios o personales. En fin… sigamos. El zarpazo de la paga extra será doble, y lo acusarán las decenas de miles de familias (solo el Gobierno vasco paga directamente 70.000 sueldos a los trabajadores de la función pública) y numerosos sectores de la economía. Quitar esta paga extra a los funcionarios equivale a restar dinero a la economía vasca, ya que la paga extra es dinero dirigido al gasto y no al ahorro o la especulación, y significa inyectar dinero directo a nuestro tejido económico. Y muchos sectores (que hasta ahora acostumbraban salvar el año gracias a las excelentes ventas de la época navideña) se verán perjudicados: la distribución alimentaria, las tiendas de textil y complementos, la hostelería, y en general, cualesquiera empresas que produzcan artículos dirigidos al consumidor. Por tanto, cabe preguntarse: si sacamos de la economía vasca estos centenares de millones de euros, ¿a qué se destinarán, a “sanear” la economía en general, a aliviar el déficit público, a pagar intereses de la deuda, a financiar la ruina de los bancos insensatos? Tampoco está de más reconocer que en nuestro país, los sueldos de los funcionarios, por definición, son modestos y normalmente (a responsabilidades similares) aunque hay excepciones (como la enseñanza) son inferiores a los de la empresa privada. En términos de contexto económico, en los años del boom, de la burbuja del sector de la construcción y lo inmobiliario, mientras los sueldos, sobre todo de ciertos sectores, subían de modo espectacular, los de los funcionarios se mantenían en su moderación habitual. Un buen mecánico o un albañil cualificado podían ganar más que un profesor universitario o un médico, paradojas de la vida. Dicho de otro modo, no se beneficiaron los empleados públicos de los buenos años de la economía; sino al revés, se encontraron con un mercado rico y con febril demanda consumista en el que sus moderados sueldos devenían poco competitivos. No fueron muchos los funcionarios que se compraron coches de lujo ni pisos que no podían pagar en la época de vacas gordas, por simplificar el comentario. ¿Deben ser ahora ellos quienes sufraguen el coste de excesos que no cometieron? Además, en muchas profesiones funcionariales (enseñanza y sanidad, por ejemplo), a esta pérdida de poder adquisitivo se suma el aumento de horas de trabajo, restricciones a la hora de coger bajas y la reducción de ciertos derechos (habrá quien les llame privilegios) laborales. Dicho todo esto, tendremos también que reconocer algunas cosas. Como que los funcionarios son profesionales que trabajan en una empresa que termina en números rojos sus ejercicios anuales desde hace años y ha hecho del recurso a la deuda una práctica tan habitual que algunas incluso están muy cerca de la quiebra. Por tanto, nada más lógico que la adopción de las medidas necesarias para reducir la gigantesca deuda (en Euskadi no tan elevada como en otras comunidades, pero también cuantiosa) y reflotar esa empresa pública. Asimismo, y esto también forma parte de la cultura popular, como el funcionario tiene su plaza en propiedad y no se le puede privar de ella, la Administración pública (a diferencia de las empresa privadas) no cuenta con la opción de los despidos y del drástico ahorro de gasto consiguiente; por tanto, las salidas para reducir el gasto en salarios públicos de un modo significativo son solo dos: que trabajen más tiempo cada día los funcionarios, que sean más productivos y no se contrate personal nuevo cuando se produzcan jubilaciones y bajas, o que se bajen los salarios; o las dos cosas a la vez, y parece que, dada la situación de prequiebra que padecen, esta es la opción por la que apostarán la mayor parte de las Administraciones públicas. Podemos preguntarnos, y nunca mejor que ahora, si el trabajo fijo, que fue en su tiempo una conquista laboral y un modo de racionalizar la función pública y preservarla de feas luchas propias de las coyunturas políticas, sigue siendo hoy conveniente y, lo más importante, viable.. Porque es lo contrafio de un sistema flexible y adaatable a situacioens cambiantes, y mira que cambia rápido el mundo económico. La reducción (y en su momento, la congelación) salarial, que no otra cosa es quitarles la paga extra, funciona simbólicamente a modo de compensación que pagan los funcionarios por la garantía de mantenimiento de su puesto de trabajo, cuando hay 5 millones y medio de parados y el riesgo real (con el estrés adjunto) del despido lo sufren todos los trabajadores no funcionarios. Creo que buena parte de la sociedad ve con buenos ojos esta medida. Pero lo importante no es tanto si es justa, sino si es o no necesaria y conveniente para mantener el entramado del Estado de semi-bienestar que disfrutamos. Otra cuestión, ésta más tangencial: el Gobierno central ha establecido que se elimine la paga extra de Navidad a los funcionarios, pero ¿es justo que lo hagan todas las instituciones públicas, desde Ayuntamientos hasta Diputaciones pasando por todas las consejerías del Gobierno vasco, sin tener en cuenta su situación económica y/o la calidad de su gestión? Si no todas están igual de mal, ¿por qué tienen que ser obligadas a adoptar idéntica medida de recorte del gasto?

Son muchas preguntas de nada sencilla respuesta y es el conjunto de la sociedad, que es quien recibe el servicio de los funcionarios y paga su trabajo, quien debe decidir qué remuneración y qué condiciones laborales deben tener los trabajadores de la función pública. Porque cuando escasea el trabajo y el miedo al despido se cierne sobre los empleados en empresas privadas, podríamos considerar a los funcionarios unos privilegiados, sí, pero durante décadas fueron otra cosa bien distinta, por mucho que no pocos de ellos conseguieran unas mejoras laborales envidiables. Los problemas complejos exigen análisis minuciosos y decisiones a la altura de esa complejidad, pero seguiremos sufriendo la política de brocha gorda y de “todos por el mismo rasero”. Al tiempo.

¿Y la música?

Os sugiero hoy dedicar unos minutos al alambicado y ruidoso rock de TAME IMPALA, banda indie-rock australiana (de Perth) epítome de la modernidad respetuosa con el pasado (bebe del sonido 60s y 70s) y el eclecticismo bien entendidos. En realidad, es el proyecto casi unipersonal de un joven (26 años) artista Kevin Parker, que” compone, produce e interpreta casi cada sonido de sus grabaciones” (leemos por ahí), aunque se acompaña de una enorme y competente banda para sus actuaciones en directo. Esta “Be Above It”, muy en plan neo-psicodelia, es la canción que abre su segundo y último disco, “Lonerism”, que te sugerimos cates si tienes la ocasión.

Desahucios: se necesita un acuerdo social de gran alcance

Bueno, yo había puesto antes la tirita de que se hubiera hecho la herida más profunda al statu quo financiero. Porque esto ha sido solo un rasguño, no me esperaba tan poca valentía, la verdad. No se ha atrevido el Gobierno a dar el golpe de mano que la situación requería. Con este mero parche que supone el decreto Rajoy, de puro limitado e insuficiente, apenas surgirán los problemas estructurales que apuntaba en este post de arriba.

Esos saldrán a la palestra cuando las medidas sean mínimamente efectivas y resuelvan siquiera por un par de años el drama de los cientos de familias afectadas, y no solo de las que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad. El problema de las hipotecas afecta hoy a gente de clase media que se atrevió a comprar piso y hoy no puede pagarlo porque su situación laboral y la de su renta familiar ha empeorado drásticamente, y no solo a las capas más desfavorecidas y a las familias desestructuradas o con rasgos muy especiales y poco frecuentes.

Y las soluciones deben llegar a todos los afectados, en la medida que corresponda a cada uno, sí, pero no puede ser tan parcial e injusta.

Porque si no, estallará la olla; de hecho, lo está haciendo estos días. La postura solidaria de jueces y personal administrativo vinculado a lanzamientos de viviendas y desahucios, que exigen soluciones y se niegan a ser parte de un sistema injusto, es muy relevante y pone a la banca y al Estado en situación muy comprometida. Nunca había ocurrido algo así, que recordemos.

Pero, seamos realistas. Si se instauran las moras masivas en el pago de los créditos hipotecarios fallidos y se hacen las reformas -urgentes y necesarias, sí- en la ley hipotecaria tal y como exigen, con mucho apoyo social, las plataformas anti-desahucios y asociaciones de consumidores, el problema creado quizá sea tan o más grave como el “solucionado”: la UE no aceptará medidas que dañen la cuestionada solvencia y el futuro de los bancos y del conjunto del sistema financiero, y como se sabe estamos en manos de Alemania y de los dueños reales de la UE, donde cada vez pintamos menos como país. Y bancos y cajas, si se ablandan, con carácter retroactivo además, las condiciones para los contratantes de hipotecas, ellos -que están sometidos a las más duras condiciones, en materia de provisiones, por ejemplo, de su historia reciente-, restringirán aún más la concesión de créditos y los encarecerán todo lo que quieran, que para eso tienen y han tenido siempre la sartén por el mango. Su beneficio es intocable, si hay que subir las comisiones por cualquier servicio que presten lo harán, pero no arriesgarán un euro con los créditos; no olvidemos -se está viendo con los desahucios- que los clientes somos poco más que simples herramientas para su enriquecimiento. Y no es nada saludable para nuestra economía (ni para el empleo) que las contadas casas que se podrían vender o construir no se vendan ni se construyan por falta de financiación. Ah, es que las cosas son complejas, claro que sí. Y hay banca mala, malísima, pero hay otra que no ejecuta desahucios y que está (porque en su momento también lo estuvo, y no abusó del negocio fácil) a la altura de las circunstancias, supongo que lo saben. Y cuando lo que llamamos capitalismo funciona (o crea el espejismo masivo de que funciona), casi todos nos apuntamos a la fiesta consumista y nos ponemos a comprar incluso lo que no necesitamos, pensando en que la dicha (y el dinero, y el trabajo que nos lo proporciona, y los créditos…) nunca se va a acabar. Pero, ¿qué remedio tenemos para cuando falla, como ahora, y hace crak? Nosotros, como personas, ninguno, visto queda; y el sistema, tampoco. Estamos perdidos, sí. Y a fuer de sinceros, sigamos con este razonamiento tan incómodo. Aunque pueda ser impopular decirlo, el problema de las hipotecas (sí el de los desahucios, que debe resolverse cuanto antes) no es el único de nuestro país; y si me apuran ni siquiera el más importante ni urgente.

Hay algo que se llama desempleo, que, sinceramente, me preocupa bastante más.

Porque ese el padre de los problemas, amigos y amigas.

Pero, volviendo al drama de los desahucios, diré lo que pienso: se requiere un acuerdo nacional de largo alcance, que cuente con el respaldo de al menos de los dos grandes partidos políticos y de los más significativos de las nacionalidades históricas, con las asociaciones de consumidores y de afectados por las hipotecas, que sea aceptado por la UE (que ya defenderá a la banca, eso seguro) y que finalmente, sea aprobado por el conjunto de la ciudadanía. Porque este marrón de las hipotecas fallidas tiene un alcance, una dimensión que me temo aún no estamos viendo, y que todo apunta puede comprometer el conjunto de nuestra economía de los próximos años. De ahí la necesidad de un gran acuerdo sobre el asunto, porque nos afecta a todos, a los hipotecados que no pueden cumplir sus compromisos financieros, sí, pero también a los que han vivido de alquiler estos años de burbuja inmobiliaria y no han contribuido al desastre que ahora deben pagar: y a los que ya han terminado de pagar sus casas e incluso a quienes (alguno habrá) están pensando en comprarla. A problemas complejos, soluciones complejas e imaginativas, no queda otra; pongámonos a trabajar cuanto antes para dar con las claves que no spermitan ir atando cabos.

¿La música?

Rockero, sencillo y rotundo, es lo que nos exige la circunstancia hoy. ¿Iba bien la economía en los felices 90? Quién se acuerda. Éramos algo más jóvenes, sin duda, y sí recordamos, sin embargo, la música que nos gustaba, y del todo dentro de ella, a una banda norteamericana de curioso nombre, DINOSAUR Jr, que hacía oscuros y sucietes (en plan lo-fi, baja fidelidad) discos de indie-rock militantemente guitarreros y directos adornados con riffs y punteos casi heavys de puro exhibicionistas y prolongados, que tensaban el ambiente, te hacían mover la cabeza más que nada así de arriba a abajo y un poco hacia delante, y molaban cantidad. Y siguen haciéndolo hoy DINOSAUR Jr (los cincuentones Joe Mascis, guitarra y voz; Lou Barlow, bajo y voz; Murph, en percusiones)y, con canciones redondas como esta, “Don’t pretend you didn’t know” de su estupendo disco recién publicado ” I bet on sky”.

Desahucios: las nuevas medidas son parches. Hay que cambiar muchas cosas; entre otras, cómo somos

Les supongo informados de que el Gobierno aprobará hoy el paquete de medidas urgentes sobre los desahucios, impelido como está por el clamor popular y por los suicidios relacionados con estos desalojos forzosos que han dado la voz de alarma a la clase política y a la banca de nuestro país, que para reaccionar parecen requerir grandes ingestas del explosivo cóctel que al descontento social con tintes de prerrevolucionario añade tensión mediática e intensa presión del estamento judicial. No es poca necesidad, diríase que banqueros y gobiernos (el de ahora y el que lo precedió) viven ajenos al mundo real, fuera de él y de la vida cotidiana de la gente. O refractarios a las necesidades y demandas del común de las personas cuyo presente y futuro gestionan. Más vale tarde que nunca, de todos modos, aunque tras analizar el alcance de las medidas anunciadas (dos ejes fundamentales: paralizar las expulsiones de las familias más vulnerables y crear un parque de casas de alquiler social para los desahuciados), todas ellas necesarias para apagar temporalmente el fuego social, podemos adelantar que van a servir de bien poco: una cantimplora de agua en el desierto para un caminante exhausto que no encontrará a nadie, ni siquiera un pequeño oasis, en centenares de kilómetros.

Porque son soluciones coyunturales para un problema estructural.

Buena parte de los hipotecados lo están a 20, 30 ó 40 años, y lo primero que necesitan (para evitar la tentación del suicidio, que no para salir del agujero) efectivamente, es que no se les eche de casa con tanta facilidad como se venía haciendo o que si ya están fuera, no se vean sin dónde alojarse, pero con eso no basta; lo que les urge es ganar dinero, para alimentar a la familia y hacer frente a sus deudas. Las moras, dilaciones y otras medidas (regulación de la responsabilidad de los fiadores o avalistas en las hipotecas, limitar a 19.000 euros anuales la renta por debajo de la cual se suspenderá un desahucio…) convierten la situación en un poco menos injusta y dramática, pero en absoluto resuelven, ni abordan siquiera, el problema fundamental. Pero si aunque se llegara (que nada apunta a que se llegue) a una quita de la deuda del hipotecado, como se hace en EEUU (una parte la paga el banco o caja, la otra, el Estado), al ciudadano le seguiría quedando un cañón de cuidado, que tampoco puede pagar, porque no tiene dinero… Y es que, seamos realistas, si no mejora la economía, si no se crea empleo, el drama que estamos viviendo ahora será pequeño comparado con el que vendrá. El problema de fondo es que la tragedia de los desahucios no ha hecho sino comenzar, no hemos visto más que la punta de iceberg. El proceso de desahucio más común está vinculado a que uno o varios de los miembros de la familia queden en paro. Y desde que esto ocurre normalmente transcurren unos dos años hasta que llega el lanzamiento y el consiguiente desahucio. Calculemos los cientos de miles de personas que han ido engrosando las cifras del paro desde 2008-2009: esos son los futuros desahuciados, porque no van a encontrar trabajo (la mayoría de los parados actuales, y hablamos de más de cinco millones de personas) hasta por lo menos 2015, según todas las previsiones, es decir, dentro de tres años. Es así que en los próximos meses y años la dimensión del marrón, el número de candidatos al desahucio va a ir creciendo. Y, por cierto, algo habrá que hacer con los desahuciados no hipotecarios, echados de su casa por impago, ya que estaban de alquiler y que, suponemos, quienes no se endeudaron comprando casa porque no podían o porque fueron más prudentes, tienen el mismo derecho a ser atendidos. ¿O tendrán que comenzar también a suicidarse? Y recordemos que ahora la ley tiende a apoyar al propietario para que se anime a poner en alquiler sus pisos. ¡Menuda situación!.

Pero tampoco pensemos que, aunque haya surgido (ahora, con los suicidios, que no antes pues desahucios los ha habido siempre) una gran corriente de solidaridad con los afectados, la ayuda económica del Estado a estas decenas de miles de ciudadanos tan apremiados cuenta con la aprobación unánime de la ciudadanía. Porque cuando se compruebe que sale tan cara la ayuda y que al final la pagamos todos porque no otra cosa es el Estado, puede pasar lo mismo que con las preferentes, con Afinsa, etc…, que muchos pregunten ¿y por qué no me apoyan a mí, que también estoy en la ruina y he sido prudente, he vivido de alquiler o ahorré para comprar mi modesta casa y no tengo hipoteca ni me he comprado lo que no podía pagar; y sí se ayuda, sin embargo, al temerario que se lanzó alegremente a por un piso sin la seguridad de poder pagar la hipoteca? , o “veo bien que se ayude a los desahuciados, pero ello no puede traducirse en que haya menos dinero para los servicios públicos, la salud o la educación”. Porque no hay dinero en las arcas del Estado, y este plan de auxilio a las hipotecas fallidas, va a representar (si se quiere realmente paliar el problema) un elevado gasto para el Estado, que se verá obligado a restar de otras partidas del presupuesto para evitar que cada semana haya un suicidio de hipotecados desahuciados y sin salida. No es por meter el dedo en la llaga, pero: ¿y si se comienzan a suicidar los parados, o los padres que no pueden pagar las tasas universitarias de sus hijos, o quienes tienen a su cargo a personas mayores y carecen de dinero para darles un atención digna., qué hacemos, como sociedad? Las soluciones solidarias con los grandes perjudicados de esta crisis (en todo caso, solo parciales) serán caras y exigirán solidaridad del resto de la sociedad para con estos hipotecados, y es por ello que deberá aprobarlas el conjunto de la sociedad, además de asumirlas el sistema bancario, en buena parte responsable del problema.

No nos engañemos: el problema que tenemos con los desahucios, por dramática que sea su plasmación con los desalojos legales de la gente de sus casas, no es sino la consecuencia de varios factores convergentes de estos últimos cuatro años.

Me quedaré con cuatro, dos coyunturales y otros dos atemporales, de carácter cultural. Comencemos por los elementos coyunturales. El primero, sin duda, es efecto directo de la crisis, el descomunal aumento del número de personas que han perdido su empleo y, por tanto, su principal cuando no única fuente de ingresos, lo que les impide hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca; segundo, la codicia y el irresponsable afán de venta de créditos hipotecarios de la banca, que condujo a cajas y bancos en este periodo a prestar demasiado dinero sin las garantías suficientes en un contexto en el que se construían viviendas cuyos elevados precios respondían a un desacerbado optimismo en el futuro económico del país. Por tanto, una coyuntura que hace años dio todas las facilidades para que todo el mundo se comprara un piso, aunque fuera a pagarlo incluso en 40 ó 50 años. No hace tanto tiempo, los créditos hipotecarios a más de 20 años no existían. Y hace solo dos décadas, no se concedían hipotecas por más del 80% del valor de tasación del piso, ni se aceptaban cuotas mensuales que supusieran más del 30-35% de los ingresos de la familia. Así, nadie se encañonaba fuera de lo sensato (hay que pensar que las situaciones cambian; uno de los dos miembros de la pareja, por ejemplo, puede perder su trabajo; conviene ser previsores) y cuando la situación del hipotecado empeoraba radicalmente y no podía pagar sus cuotas, nunca se quedaba con una casa que valiera menos de lo que debía al banco. ¿Los responsables? Una banca codiciosa y muchos ciudadanos poco prudentes, que se endeudaron en cantidades totales (que no tanto cuotas mensuales) y plazos de pago muy por encima de lo responsable. Porque no podemos acusar de esta penosa situación solo a la crisis económica: ha habido otras crisis igualmente tremendas y este fenómeno de los desahucios nunca adquirió esta relevancia. Las condiciones que puso la banca en el periodo 2004-2008, aproximadamente, se resumen así: todas las facilidades del mundo a quien quiera comprar piso, pero no por hacer el bien a la gente sino por su propio interés (recordemos el fraude de las subprime: dar créditos hipotecarios se convirtió en lo que nunca había sido: un negocio inmediato para la banca, que conforme los concedía vendía sus créditos al mejor postor en un mercado financiero sediento de beneficio rápido; fue una locura cuyos responsables están perfectamente identificados, y en ningún caso fueron los clientes, los consumidores. Lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Y los elementos culturales?.

No abundaré en ellos, por sobradamente conocidos, pero sí deberíamos plantearnos que en última instancia son los que explican esta situación. A nadie le obligaron a comprar vivienda cara y quizá por encima de sus posibilidades, en lugar de alquilar o de comprar un piso más barato, ni a contratar una hipoteca a 40 años, todo con tal de que la cuota se pudiera pagar cada mes. Me refiero a nuestra mentalidad respecto de la vivienda: quien no la tiene en propiedad, es un don nadie. Esto es una auténtica obsesión social, y un gran problema. Solo ocurre aquí, en los países más ricos (los que nos prestaron –a nuestra banca, quiere decirse- el dinero para comprar la casa y ahora compran deuda soberana española para que no quiebre nuestro país y pueda seguir pagando las cuotas) la proporción de familias y de personas con casa en alquiler es muy superior a la nuestra. Veamos. Austria (57%), Alemania (53%) y Suiza (44%) son los países con tasas más bajas de vivienda en propiedad, y (¿casualidad?) el menor nivel de desempleo. España tiene el 83%. Bien, este es uno de los elementos culturales, del tipo de sociedad que somos. ¿Y el otro? Que somos un país en el que abundan (incluso en clases dirigentes y centros de decisión) improvisadores militantes, optimistas antropológicos, chapuceros de campeonato y personal poco previsor y nada prudente. Y que, peor aún, nadie da explicaciones por nada, por mucho que meta la pata, y por mucho que esas meteduras arruinen el futuro de todo un pais. Teníamos la mejor banca del mundo, y el sector de la construcción era un gran motor de la economía: qué dos maravillosas peculiaridades nacionales. Ya hemos visto a donde nos condujeron. Quizá todo sea porque nadie exige responsabilidades, y todo tiende a olvidarse. Carpe diem, resuelve lo de hoy que lo del futuro venidero ya veremos. Y no sigo, por no meterme en política.

Acabo de recibir de la OCU un comunicado, que propone qué hacer ahora (prioridades: evitar echar a la calle a familias que no tienen dónde ir y que mantienen una deuda impagable< y buscar una solución para las familias que ya están en la calle) y sugiere que se instaure un alquiler social en su propia vivienda para quienes pierdan su propiedad por ejecución hipotecaria o por haber avalado una hipoteca, y que reúnan ciertos requisitos (límites de rentas, no tener otras propiedades). Pero terminan pidiendo que las nuevas medidas “no se limiten a esconder el problema” y expresando la necesidad de “una profunda revisión de la Ley Hipotecaria”. Comparto planteamiento y exigencias (hay que cambiar esta legislación hipotecaria obsoleta, injusta y que, por resultar abusiva para los consumidores y no respetar las leyes europeas, la justicia europea, más que probablemente, reprobará y ordenará modificar), pero sigo pensando que lo realmente imprescindible es que mejore la economía, que nos preguntemos qué hacemos cada uno de nosotros para lograrlo y qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Más que nada para que un desastre de estas dimensiones no vuelva a amargar la vida a medio país y arruinar al otro medio. Quizá en esta reflexión hayamos ofrecido algunas claves. Lo que está claro es que tenemos que cambiar, y no solo la banca y la clase dirigente. Y ya he dicho que no quiero meterme en politica.

¿Y la música de hoy?

Pop mallorquín, el de ANTONIA FONT, banda que destaca entre lo mejor de la musica nacional y acaba de publicar un magnífico disco, Vosté es aquí, con 40 canciones de cerca de un minuto cada una< en realidad casi son bocetos, pero que constituyen además de una rareza discográfica, un monumento a la creatividad y la originalidad. Pero en este caso vamos a renunciar al elemento de oportunidad y ponemos el video de “Dins aquest iglú” la canción que, hace ya unos diez años, nos avisó de la calidad, el potencial y la magia de este grupo liderado por Joan Miquel Oliver, que su trabajo discografico posterior ha ratificado con insistencia. Y nos dicen, en su maravilloso poema desde el iglu, que las cosas no son sencillas para nadie. Desde luego que no.

¿Compensa a los jóvenes estudiar una carrera? y, en su caso, ¿se la pueden pagar sus padres?

Leíamos hace pocos días que “tener una diplomatura o una licenciatura, o grados y másteres, no garantiza el trabajo, pero aumenta las probabilidades de conseguirlo, lograr un contrato indefinido o incluso conseguir un puesto directivo, a pesar de la coyuntura económica desfavorable por la que atravesamos”. De hecho, “disponer de una diplomatura en lugar de estudios primarios incrementa la posibilidad de estar ocupado en 23 puntos porcentuales, mientras que ser licenciado la aumenta 25 puntos”. Se reconoce lo que es sabido, que en los primeros meses -e incluso años- de incorporación al mundo laboral, los universitarios no consiguen retribuciones a la altura de su cualificación. Pero tampoco todos comienzan siendo mileuristas ni, menos aún, lo serán toda la vida. A medida que van cumpliendo años en un puesto y ganando experiencia, las diferencias salariales frente a los trabajadores sin estudios universitarios se van agrandando. Se calcula que un titulado gana un 10% más por cada año de formación adicional realizado que una persona con estudios medios de parecidas características. Son conclusiones de un informe presentado recientemente por el BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre universitarios y productividad en España. Que revela que tienen más posibilidades de estar trabajando los estudiantes que optaron por una titulación de Ciencias de la Salud que los que se decantaron por carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales. Las técnicas y, más aún, las titulaciones de Ciencias Experimentales, figuran asimismo entre las que más trabajo han generado los últimos años. «La tasa de paro de los licenciados es la misma que para cualquier persona que esté en puestos administrativos en el sector privado. De hecho, muchos funcionarios son licenciados, y los que no, trabajan en la empresa privada como tal y en general son puestos que tienen cierta estabilidad», explica Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense. En su opinión, aunque en los últimos años hayamos oído hablar con frecuencia sobre la superior salida laboral de la Formación Profesional, «en la práctica no tiene muchas más que para una persona que ha estudiado la educación obligatoria; no hay ninguna garantía de que haya mejores oportunidades de empleo porque tanto los que han estudiado FP como los que han cursado la enseñanza obligatoria se emplean en puestos parecidos». Así «no es de extrañar que la gente quiera ir a la universidad», añade.

La experiencia me dice que una mayor formación no supone, en general , impedimento o freno para acceder a un puesto, salvo en contadas ocasiones

en que las empresas buscan trabajadores fijos con un perfil específico y no otro, y no les interesan empleados sobrecualificados que más pronto que tarde aspirarán a puestos de más responsabilidad o de empeño más exigente y mejor remunerado, que a la empresa no les interesa ofrecerles. Y es por ello, que quizá la pregunta que hemos planteado en el titulo de este post daría más juego si se hicera en los términos de si compensa dedicar tantos años de esfuerzo al estudio. Y con la palmaria escasez de puestos de trabajo que hay en el mercado laboral actual, por llamarlo como si existiera,y sumidos como estamos en pleno epicentro de la crisis económica, la pregunta aún se hace más concreta: ¿compensa el esfuerzo y el gasto que deben hacer las familias para pagar la carrera de su hijo/a y la renuncia del estudiante a disponer de dinero en el bolsillo y una capacidad adquisitiva similar a la de sus amigos que trabajan? Incluso otra: ¿no es una de las más lamentables y discriminatorias consecuencias de la crisis que no pocos hogares vascos no puedan costear el relativamente moderado coste que supone que su hijo/a curse una carrera universitaria en el sistema educativo público, justamente ahora en un momento en el que casi no tienen otra salida, con tanto desempleo juvenil? Qué salida -profesional, nos referimos; la de quedarse en casa siempre está ahí- les queda para ocupar su valioso tiempo? Y, de esta, pasamos a otra cuestión: ¿cabe acaso contemplar otra opción razonable para los jóvenes distinta de la de formarse más y mejor, para cualificarse al máximo y ubicarse en un buen puesto en la parrilla de salida del mercado laboral cuando dentro de unos años mejore la situación económica y vuelva a crearse empleo en condiciones?

Y, continuando con las preguntas encadenadas, otra muy procedente es la de qué hacen las instancias públicas, el Estado, para garantizar el acceso de los jóvenes a la formación, universitaria o no, particularmente cuando sus padres no pueden costearla porque se encuentran en paro o ya directamente sumidos en la pobreza, en una economía doméstica de pura subsistencia. Subir las tasas universitarias y reducir el número y cuantía de becas no parece, desde luego, el camino más adecuado.

Lo peor es que todo esto ocurre en una coyuntura como la actual: este mismo mediodía, la Comisión Europea ha propinado otro navajazo al futuro de nuestra maltrecha economía (el IBEX ha cambiado de color en unos minutos y ya supera el -2%), al exigir a España nuevos recortes para 2014, tras augurar que el PIB de nuestro país decrecerá un 1,4% pero no solo este año sino también en 2013, frente a la contracción del 0,5% que calculaba el Gobierno para el año que viene. Y todo ello, lo reconoce la CE se debe al aumento del paro (superará el 26,2 el año que viene), al desendeudamiento del sector privado, a las medidas de ajuste presupuestario y a la restricción del crédito. Contingencias todas ellas que son (en parte, al menos) consecuencia directa de los recortes salvajes del gasto público, del particular modo (cargándolo al presupuesto del Estado) en que pretende sanear el sector financiero y de la prácticamente nula dedicación al crecimiento impuestos por la política dictada desde Bruselas. O, quizá mejor dicho, por Alemania y los países de la triple A, los más ricos de la UE. Estamos ante el perfecto círculo vicioso, ese que vemos capaz de acabar estrangulando nuestra economía y la vida de millones de personas y de sus familias. A pesar de la evidencia del fracaso de estas medidas, siguen erre que erre, y las hoy fijadas predicciones de (de)crecimiento para España para 2012 y 2013 e incluso 2014, a pesar de su ruinosa repercusión en nuestra sociedad, no han cambiado las prioridades de Bruselas. ¿Habrá que hacer algo para modificarlas? O, quizá sea más práctico más preguntarse qué pueden hacer los países intervenidos (por tal tengo a España desde hace muchos meses) para cambiar este rumbo que nos hace cada vez más pobres y más pesimistas ante el futuro. Porque, quieran asumirlo o no, incluso a ellos mismos -pongamos Alemania en este caso- les perjudica (el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, ha advertido hoy de que los efectos de la crisis de endeudamiento de la zona euro “han llegado ya a la economía alemana”), no en vano somos sus principales clientes, y su crecimiento depende de que mantengamos nuestra capacidad de compra de sus productos. Aunque sea solo por eso, a ver si reaccionan y nos dan un poco de oxígeno financiero; el riesgo de colapso es insoportable. Necesitamos buenas noticias, y datos menos dramáticos.

¿Y la música?

En un año plagado de afortunados regresos discográficos de viejas glorias de la mejor música de todos los tiempos (Bob Dylan, John Cale, David Byrne, Bobby Womack), tenemos que celebrar la publicación del nuevo disco de una de las más grandes luminarias del rock y el folk, además de una de sus voces más personales e inconfundibles, NEIL YOUNG. Auténtico mito viviente, el rebelde e inmortal genio canadiense (qué concierto dio, inolvidable, el 30 de mayo de hace tres años en el imprescindible festival primaveral de Barcelona) y lo ha hecho a lo grande con “Psychedelic Pill”, corajudo e intenso disco doble del que aún no tenemos opinión formada pese a unas cuantas escuchas. Pero sí acumulamos sensaciones, y todas son positivas. Comenzamos, estos últimos días, cada mañana de camino a la tele, a oírlo en el coche o en el metro y (a pesar de lo sencillo y tentador que resulta), nada nos pide cambiar a otro disco, autor o estilo, y eso es buena señal. Sobre todo cuando nos topamos con el Young menos contemplativo, el más crudo, guitarrero, cañero y psicodélico; que nos entrega, junto a sus emblemáticos Crazy Horse, un disco doble (a la fuerza: tiene una canción de 30 y otra de 20 minutos, que no se hacen largas: increíble pero cierto) que hace el número 35 de su carrera y que vemos perfectamente a la altura del legendario artista que es el canadiense, sin quien buena parte de la música del momento que más nos convence quizá no existiría, o, sin duda, no sería como es.