No es esta buena época para nadie, pero es el ciudadano común, ese 80-90% de la sociedad que componemos quienes nos encuadramos en esa horquilla social que va desde la clase media hasta los pobres y los excluidos del sistema, quien está pagando los platos rotos de esta desesperante crisis económica. Sube la electricidad, los carburantes y el transporte, el IVA convierte productos corrientes en casi artículos de lujo, hemos de pagar más por los medicamentos…, en general todo se encarece (la tasa interanual actual en Euskadi es del 3,1%; en 2011 fue del 2,4% y en 2010 del 2,8% y en 2009, del 1%; y en 2008, del 1,9%) mientras que los sueldos de quienes aún no han perdido su empleo llevan congelados varios años o han sufrido pírricos aumentos..
Y es en esta coyuntura cuando surge el drama y la injusticia de los desahucios (la asociación de consumidores Ceaccu ha ofrecido hoy una estrategia legal dilatoria -hasta 4 años- para paralizar los desahucios de las familias no amparadas por el código de buenas prácticas ni por el decreto de paralización de los desalojos aprobado por el Gobierno), a la que hemos de sumar la ocurrencia del Gobierno central de imponer unas tasas -prácticamente universales- para el acceso a la Justicia que ha logrado el éxito y una auténtica rareza en nuestro país, de poner de acuerdo a todo el mundo (estamento judicial, usuarios y partidos de la oposición), naturalmente en contra del decreto del ministro Gallardón.
Una dentellada más al Estado de Bienestar que (como el amor o la salud) no sabíamos lo que era ni lo apreciábamos en su justo valor hasta que nos lo quitan. Otro cruento zarpazo económico será el de eliminar la paga extra navideña de los funcionarios (la maniobra de adelantar la de verano a diciembre para que se acuse menos esta Navidad es una mero retraso del recorte, pues se hará igual), que significa reducir en un 7,15% el salario anual, impuesta asimismo por el Gobierno central a los autónomos, y que en Euskadi está generando, cómo no, una batalla política entre los salientes y los entrantes del Gobierno vasco, que al común de los contribuyentes les cuesta comprender. Más que nada, porque mantiene la ingenua convicción de que los líderes políticos piensan más en el bien común que en el de sus intereses partidarios o personales. En fin… sigamos. El zarpazo de la paga extra será doble, y lo acusarán las decenas de miles de familias (solo el Gobierno vasco paga directamente 70.000 sueldos a los trabajadores de la función pública) y numerosos sectores de la economía. Quitar esta paga extra a los funcionarios equivale a restar dinero a la economía vasca, ya que la paga extra es dinero dirigido al gasto y no al ahorro o la especulación, y significa inyectar dinero directo a nuestro tejido económico. Y muchos sectores (que hasta ahora acostumbraban salvar el año gracias a las excelentes ventas de la época navideña) se verán perjudicados: la distribución alimentaria, las tiendas de textil y complementos, la hostelería, y en general, cualesquiera empresas que produzcan artículos dirigidos al consumidor. Por tanto, cabe preguntarse: si sacamos de la economía vasca estos centenares de millones de euros, ¿a qué se destinarán, a “sanear” la economía en general, a aliviar el déficit público, a pagar intereses de la deuda, a financiar la ruina de los bancos insensatos? Tampoco está de más reconocer que en nuestro país, los sueldos de los funcionarios, por definición, son modestos y normalmente (a responsabilidades similares) aunque hay excepciones (como la enseñanza) son inferiores a los de la empresa privada. En términos de contexto económico, en los años del boom, de la burbuja del sector de la construcción y lo inmobiliario, mientras los sueldos, sobre todo de ciertos sectores, subían de modo espectacular, los de los funcionarios se mantenían en su moderación habitual. Un buen mecánico o un albañil cualificado podían ganar más que un profesor universitario o un médico, paradojas de la vida. Dicho de otro modo, no se beneficiaron los empleados públicos de los buenos años de la economía; sino al revés, se encontraron con un mercado rico y con febril demanda consumista en el que sus moderados sueldos devenían poco competitivos. No fueron muchos los funcionarios que se compraron coches de lujo ni pisos que no podían pagar en la época de vacas gordas, por simplificar el comentario. ¿Deben ser ahora ellos quienes sufraguen el coste de excesos que no cometieron? Además, en muchas profesiones funcionariales (enseñanza y sanidad, por ejemplo), a esta pérdida de poder adquisitivo se suma el aumento de horas de trabajo, restricciones a la hora de coger bajas y la reducción de ciertos derechos (habrá quien les llame privilegios) laborales. Dicho todo esto, tendremos también que reconocer algunas cosas. Como que los funcionarios son profesionales que trabajan en una empresa que termina en números rojos sus ejercicios anuales desde hace años y ha hecho del recurso a la deuda una práctica tan habitual que algunas incluso están muy cerca de la quiebra. Por tanto, nada más lógico que la adopción de las medidas necesarias para reducir la gigantesca deuda (en Euskadi no tan elevada como en otras comunidades, pero también cuantiosa) y reflotar esa empresa pública. Asimismo, y esto también forma parte de la cultura popular, como el funcionario tiene su plaza en propiedad y no se le puede privar de ella, la Administración pública (a diferencia de las empresa privadas) no cuenta con la opción de los despidos y del drástico ahorro de gasto consiguiente; por tanto, las salidas para reducir el gasto en salarios públicos de un modo significativo son solo dos: que trabajen más tiempo cada día los funcionarios, que sean más productivos y no se contrate personal nuevo cuando se produzcan jubilaciones y bajas, o que se bajen los salarios; o las dos cosas a la vez, y parece que, dada la situación de prequiebra que padecen, esta es la opción por la que apostarán la mayor parte de las Administraciones públicas. Podemos preguntarnos, y nunca mejor que ahora, si el trabajo fijo, que fue en su tiempo una conquista laboral y un modo de racionalizar la función pública y preservarla de feas luchas propias de las coyunturas políticas, sigue siendo hoy conveniente y, lo más importante, viable.. Porque es lo contrafio de un sistema flexible y adaatable a situacioens cambiantes, y mira que cambia rápido el mundo económico. La reducción (y en su momento, la congelación) salarial, que no otra cosa es quitarles la paga extra, funciona simbólicamente a modo de compensación que pagan los funcionarios por la garantía de mantenimiento de su puesto de trabajo, cuando hay 5 millones y medio de parados y el riesgo real (con el estrés adjunto) del despido lo sufren todos los trabajadores no funcionarios. Creo que buena parte de la sociedad ve con buenos ojos esta medida. Pero lo importante no es tanto si es justa, sino si es o no necesaria y conveniente para mantener el entramado del Estado de semi-bienestar que disfrutamos. Otra cuestión, ésta más tangencial: el Gobierno central ha establecido que se elimine la paga extra de Navidad a los funcionarios, pero ¿es justo que lo hagan todas las instituciones públicas, desde Ayuntamientos hasta Diputaciones pasando por todas las consejerías del Gobierno vasco, sin tener en cuenta su situación económica y/o la calidad de su gestión? Si no todas están igual de mal, ¿por qué tienen que ser obligadas a adoptar idéntica medida de recorte del gasto?
Son muchas preguntas de nada sencilla respuesta y es el conjunto de la sociedad, que es quien recibe el servicio de los funcionarios y paga su trabajo, quien debe decidir qué remuneración y qué condiciones laborales deben tener los trabajadores de la función pública. Porque cuando escasea el trabajo y el miedo al despido se cierne sobre los empleados en empresas privadas, podríamos considerar a los funcionarios unos privilegiados, sí, pero durante décadas fueron otra cosa bien distinta, por mucho que no pocos de ellos conseguieran unas mejoras laborales envidiables. Los problemas complejos exigen análisis minuciosos y decisiones a la altura de esa complejidad, pero seguiremos sufriendo la política de brocha gorda y de “todos por el mismo rasero”. Al tiempo.
¿Y la música?
Os sugiero hoy dedicar unos minutos al alambicado y ruidoso rock de TAME IMPALA, banda indie-rock australiana (de Perth) epítome de la modernidad respetuosa con el pasado (bebe del sonido 60s y 70s) y el eclecticismo bien entendidos. En realidad, es el proyecto casi unipersonal de un joven (26 años) artista Kevin Parker, que” compone, produce e interpreta casi cada sonido de sus grabaciones” (leemos por ahí), aunque se acompaña de una enorme y competente banda para sus actuaciones en directo. Esta “Be Above It”, muy en plan neo-psicodelia, es la canción que abre su segundo y último disco, “Lonerism”, que te sugerimos cates si tienes la ocasión.
