Tasas judiciales: ataque al estado de derecho y a los consumidores

Banqueros desalmados y pésimos gestores de su negocio; políticos irresponsables y complacientes -mientras pudieron- con los electores, cuando no corruptos e inmorales; la burbuja inmobiliaria propiciada y alimentada por unos y otros; empresas poco previsoras que repartieron beneficios a manta y olvidaron guardar fondos para épocas ásperas y magras en ingresos y actividad como la actual; un perverso sistema financiero internacional que persigue y logra beneficio rápido para satisfacer a grandes inversores (fondos de pensiones de los jubilados de los países ricos, entre otros) que sin escrúpulo alguno se impone a la economía productiva, que es la que crea empleo y riqueza para el común de la sociedad; los sindicatos, más necesarios que nunca pero cada vez más politizados, divididos y desorientados, además de cuestionados por un número creciente de ciudadanos, quizá por su adicción al dinero público y por el empecinamiento en mantener dialécticas de confrontación con el empresariado cuya utilidad parece haber caducado hace años en este entramado económico que tanto nos está martirizando; trabajadores y ciudadanos en general acomodados en una economía poco competitiva y con un papá Estado al que cabe pedir casi de todo; hábitos sociales conformistas, consumistas y más quejicas que creativos o solidarios; una sociedad laxa y poco exigente que admite que con dinero público se paguen aeropuertos sin vuelos, infraestructuras viarias innecesarias o megaedificios públicos inservibles, y que apenas se invierta en investigación, innovación y desarrollo y en creación de nuevos nichos de empleo y de subsectores productivos con futuro, un sistema educativo récord en fracaso escolar y que parece pretender sobrevivir al margen de las necesidades de nuestras empresas con más futuro…… , efectivamente, no cuesta identificar culpables, o quizá mejor dicho, razones que expliquen la penosa situación en la que nos encontramos. Y con matices, creo que la mayoría de los ciudadanos podríamos consensuar los factores que más decisivamente han intervenido en la configuración y asentamiento de las circunstancias que nos han conducido al desastre económico y social que supone esta crisis -posiblemente sin vuelta atrás- que cada día que pasa nos muestra un dato peor que el del día anterior y que amenaza con derrumbar los símbolos de lo que conocíamos como Estado del Bienestar.

No solo llevan varios años congelados o con aumentos insignificantes los salarios de la gente, sino que suben los impuestos al trabajo (IRPF) y al consumo (IVA), con lo que todo se nos hace cada vez más caro, por no hablar del espectacular y abusivo encarecimiento de la electricidad y los carburantes. Aparte, claro está, de los recortes en educación (la universidad pública, cada vez menos gratuita), sanidad (co-pago recetas y reducción drástica del número de fármacos subvencionados, reducción del servicio en la atención primaria, privatización de la gestión de hospitales en algunas comunidades…) y servicios públicos en general. Malos tiempos para lo público, lo de todos, quizá porque no supimos administrarlo en tiempos de bonanza. “A mi no me digas nada, yo no tuve nada que ver, soy un simple ciudadano que paga sus impuestos” es respuesta recurrente cuando sale el tema en la cafetería o en las conversaciones con los amigos.

Cierto, pero no olvidemos que quienes administran lo público, lo de todos, los ponemos nosotros ahí. Y alguna responsabilidad tendremos en lo que hacen, si los volvemos a poner ahí una y otra vez

sin plantearles duras exigencias de cambios en gestión y en su manera de actuar, por muchos desmanes e irresponsabilidades que hayan cometido con anterioridad.
“No traspasaremos ciertas líneas rojas” es la frase, el compromiso de moda, y como tal, el propósito menos cumplido. “Es que la situación lo exige; si no lo hiciéramos, el país se arruinaría; hay que cumplir con el déficit público comprometido”, y listo, las circunstancias y la responsabildiad política obligan a hacer lo que prometimos no hacer; no importan los programas electorales ni las solemnes declaraciones efectudadas solo unas semanas atrás. La última ha sido la de no actualizar las pensiones conforme al IPC, a pesar de que sea cuasiobligatorio para la Administración y práctica común durante años. Pero centrémonos en la anterior medida inaceptable, si no más dolorosa e injusta que la de las pensiones sí más dañina para ese Estado garante de derechos que creíamos tener: la ley que establece tasas antes inexistentes o de cuantía irrelevante para el acceso a la Justicia.. Hay algo muy importante que se conoce como derecho a la tutela efectiva de la Justicia y que es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado social de derecho. Esta idea del gobierno central de que los ciudadanos sean obligados a pagar onerosas tarifas (entre 150 y 350 euros para tribunales de primera instancia, y entre 750 y 1200 euros para los recursos, más un 0,5% del dinero que se reclame en el juicio) por llevar ante el juez un caso (recurrir una multa, denunciar a una empresa o al ayuntamiento, pedir el divorcio…) significa traspasar todas las líneas rojas, por mucho que se exima de pagarlas a las personas en situación de más acentuada penuria económica, aproximadamante uno de cada cinco españoles. El objetivo de la ley, al parecer, no es tanto recaudar dinero (unos pocos cientos de millones de euros al año) sino que descienda la litigiosidad, que disminuya el número casos que ven nuestros saturados juzgados. Evidentemente, en mayor o menor medida se conseguirá el propósito, pero

el precio a pagar, y difícilmente mejor dicho, es inasumible.

Porque se hará a costa de que los ciudadanos de rentas bajas y medias-bajas, más del 65% de la población y los menos preparados y los no iniciados en temas jurídicos, desistan y no lleven a juicio sus problemas para así no incurrir en los gastos que iniciar el proceso acarrea. Los ciudadanos con economía más holgada y mejor preparación , sin embargo, seguirán pleiteando cuando lo estimen oportuno, porque las tasas no les disuadirán y porque sabrán hacer los cálculos necesarios. Por no hablar de la ventaja que se les regala a las grandes empresas denunciadas por los consumidores, por ejemplo ¿Cabe imaginar mayor discriminación e injusticia? Los ricos podrán, los pobres, no, o con un coste elevado, de entrada. Las grandes empresas, sí; los consumidores,no, o si al final deciden ir a juicio, ejercer ese derecho les saldrá un riñón. Esta es una columna con un claro enfoque de defensa de los intereses y derechos de los consumidores, y es por ello que la pregunta a plantear solo puede ser esta:

¿Dónde quedan, con esta ley de tasas judiciales, los derechos e intereses de los consumidores que se plantean pleitear contra empresas o Administraciones públicas, perfectamente dotadas de gabinetes jurídicos con tarifa plana; quién se atreverá a hacerlo sabiendo que, gane o pierda, deberá abonar tasas por cualquier caso que quiera llevar a los tribunales?

Una cosa es apelar a la reducción de un cuantioso gasto público cuya descomunal dimensión no puede soportar nuestra economía en plena crisis, incluso asumir que se legislen e impongan (lo de consensuar es ya práctica olvidada) medidas que aspiren a lograr un uso más racional de unos juzgados que han acabado colapsando una Justicia anquilosada y maniatada por millones de casos a los que no se les puede meter mano por falta de personal, recursos y tiempo. Y otra proponer una ley de tasas a todas luces injusta e inadecuada como esta. Las situaciones inaceptables que propicia esta norma que traslada el copago al ámbito judicial son tantas (mujeres maltratadas que piden divorcio, consumidores que se sienten estafados, recursos de multas indebidamente puestas…, todos ellos pasarán por caja: la ley no admite excepciones, aunque parece que estos últimos días, ante el clamor popular, el Gobierno se está pensando alguna que otra) que el ejecutivo debe recapacitar y proponer una norma más sensata y aplicable, y sobre todo que permita el libre acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Que, en la peor situación económica en que se han encontrado en décadas, deben soportar además las limitaciones y el súbito encarecimiento del acceso a la Justicia cuando tienen algún problema. Encarecer el acceso a la justicia para los ciudadanos significa dificultar la defensa de sus derechos, está muy claro. Una reciente encuesta de la OCU (Noviembre 2011) puso en evidencia la pésima opinión de los consumidores sobre la justicia: un 78% de los encuestados estaban insatisfechos con la justicia. Las razones eran claras.

• La lentitud de los procesos, (de 15 a 30 meses de duración dependiendo del procedimiento),
• La ineficacia, más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio
• Y, sobre todo, lo caro que resulta ir a tribunales. El coste medio de un juicio era de 8.400 euros, con una gran variación dependiendo del procedimiento.

Pero si ya era cara, ahora lo será aún más, pues su coste aumentará, de instaurarse este nuevo copago judicial. Y todo apunta a que se llevará a cabo. El encarecimiento del acceso a la justicia tendrá un efecto negativo para los consumidores, y supondrá una traba más para acudir a dirimir sus asuntos ante el juez. De esta forma, las compañías con las que contrata y que no atiendan las reclamaciones adecuadamente podrán seguir impunemente con sus abusos, sabiendo que el consumidor rara vez va a ir a juicio por los trastornos, la lentitud y sobre todo el elevado coste de los procedimientos. Lo dice la OCU: es de esperar que esas compañías “abusonas” se aprovechen de ese mal funcionamiento de la justicia para seguir incumpliendo sus compromisos con los consumidores. Todos tenemos ejemplos en mente: empresas de suministros, entidades financieras o, por ejemplo, las compañías aéreas, con el pago de las compensaciones automáticas por cancelaciones y overbooking, en lugar de pagar directamente las compensaciones automáticas, no atienden las reclamaciones y no suelen pagar a menos que los lleves a juicio, pues saben que quien llega a ese extremo es una mínima parte de los usuarios afectados. También será más difícil reclamar judicialmente contra la Administración en vía contenciosa por parte de los particulares, para defenderse de las decisiones incorrectas de las distintas administraciones, porque es preceptivo ir acompañado de abogado y procurador para cualquier reclamación, aunque sea una mera multa de tráfico, donde el coste y plazo de resolución de los procesos es todavía mayor que en otros procedimientos. Y para poner las cosas más cuesta arriba, ahora hay que contar con la posibilidad de la condena en costas al reclamante si desestiman su petición en procesos judiciales contra la Administración, introducida por la reciente reforma procesal, lo que desincentiva todavía más el acceso del ciudadano a los tribunales y, en la práctica, reduce sus posibilidades de defender sus derechos. Antes de optar por soluciones que encarecen y dificultan el acceso a la justicia de los ciudadanos, habría que fomentar unos sistemas extrajudiciales eficaces de resolución de conflictos, como el arbitraje, para así garantizar la protección de los consumidores. Pero “mientras estos sistemas extrajudiciales sean voluntarios para las empresas, seguirán dirimiéndose en los juzgados asuntos que no tendrían por qué llegar allí, pues no queda más alternativa a quien quiera reclamar sus derechos frente a particulares, empresas o Administración. Y defenderlos será ahora más difícil”. Y más caro.

¿Y la música?

Apostamos hoy por el buen pop, que es lo que más distrae y lo que más levanta este malherido ánimo. MAC DIMARCO, artista emergente de Nueva York casi desconocido por estos lares, seduce con su desparpajo y naturalidad al combinar sonidos y arreglos del pop rudimentario con el espíritu del folk cantautoril urbano y raruno (anti-folk se le llamó en su momento, en NY), la psicodelia songwritter 70s tipo Syd Barrett, las guitarras flipantes, el ambiente 80s, el sonido lo-fi (baja fidelidad, grabaciones en plan doméstico y espontáneo)… en fin, una espectacular ensalada ilustrada, como se decía antes, con ingredientes de primera y atinadamente aliñada, con sal fina, vinagre reserva y chispeante limón. A nosotros las canciones de MAC DIMARCO nos recuerdan a viejas glorias como Jonathan Richman o Tom Verlaine, o a las bandas actuales Deerhunter y Real Estate, que nos chiflan. Pero lo que importa no es si MAC DIMARCO suena moderno, vintage o las dos cosas juntas, ni si su camisa de franela tan freak chirría o no en el ambiente chic de Brooklyn; ni si no será solo un fenómeno pasajero de esos que parroquia y medios indie necesitan cada mes para excitarse y alimentar sus pasiones o si es un artista de largo recorrido; lo que nos interesa es que el segundo disco de este jovencísimo autor, de título “2”, es más que bueno y ha sorprendido a los contados iniciados que le conocían (nosotros no supimos de él hasta este disco, dicho queda) por superar tan abrumadoramente al anterior, que pasó, según leemos por ahí, justamente desapercibido. “2”, además de mantener un gran nivel de principio a fin, cosa rara en estos tiempos, contiene cuatro o cinco auténticos temazos, singles de primera instancia. Juzga por ti mismo/a.
‘Ode to Viceroy’, del disco “2”, de MAC DIMARCO, es quizá el tema que más identifica su estilo. Se ha buscado un hueco, seguro, en nuestra imaginaria lista de mejores canciones de 2012. Nos encanta ‘Ode to Viceroy’ pero, quizá más aún, descubrir talentos, caras nuevas a las que seguir la pista.

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