Archivo del Autor: Ricardo Oleaga

Cita en ETB-2, hoy, “¿sabemos lo que comemos?”

¿Sabemos lo que comemos?

El tema no puede estar más de actualidad, y difícilmente encontraremos mejor periodista para abordarlo que Juan Carlos Etxeberria. Hablarán, así lo han anunciado, entre otros temas al respecto, del (posible) fraude de la carne de equino vendida como si fuera de vacuno en las hamburguesas de marca propia de varias empresas de distribución, entre ellas la empresa vasca más conocida del sector. Es cosa buena que, al igual que lo estuvo durante año y medio el programa “Consumidores”, los reportajes e investigaciones sobre temas de la vida cotidiana de los ciudadanos ocupen espacios prime time. Porque interesan a mucha gente, ya que el afectan en su día a día, son temas de salud, economía, alimentación, etc.., ¿cómo no van a tener una audiencia digna, si se hacen bien, que de hecho se hacen en ETB?

Todo ello en un día en que hemos leído que un juzgado de Vitoria rechaza el recurso de una caja vasca contra una multa impuesta por Consumo del Gobierno Vasco por inclusión de una cláusula abusiva en una hipoteca de interés variable contratada en 2007, poco antes de las bajadas sucesivas del Euribor. Es muy importante para los consumidores, porque la sentencia se refiere a lo que conocemos como hipoteca con “suelo” y “techo“, esto es, que la entidad financiera establece, por contrato, a partir de cuándo se frena la posible oscilación del tipo de interés. Lo que ocurre es que esto no lo hacen los bancos y cajas solo para evitar desajustes excesivos en el tipo de interés, sino para sacar aún más rendimiento del hipotecadol. En este caso, el suelo estaba en el 2,9% y el techo en el ¡18%!; es decir, un suelo muy confortable, por alto, para la entidad, y un techo (el tope hasta el cual se admite la subida del tipo de interés) estratosférico, de auténtica calamidad y ruina para el usuario. La caja se refugiaba en que el Banco de España autoriza esa cláusula y en que era perfectamente legal, primero, y en último caso, pdidió que fuera intrpretada como falta leve, y no grave. El juez de Vitoria ha dado la razón a Consumo del Gobierno Vasco, y matiza que lo abusivo no es la claúsula de suelo y techo en sí, sino la abismal diferencia entre uno y otro, en perjuicio del cliente, claro, o como dice la sentencia “el mecanismo provoca una clara situación de desprotección de los intereses económicos del prestatario”. A ver si el Banco de España toma nota, y establece unos topes a estos techos o una proporción entre suelo y techo que asegure que el mecanismo no perjudica sistemáticamente al consumidor.

¿Y la música?

veinte minutazos (en directo) del disco que van a publicar en breve ATOMS FOR PEACE, el nuevo proyecto de Tom Yorke, líder de los míticos RADIOEHEAD. Tiene una pinta estupenda, por cierto.

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Gasolineras: por fin, reacciona el Gobierno

“El Gobierno Rajoy liberalizará las gasolineras y facilitará las aperturas para logran que bajen los precios. Centros comerciales y polígonos industriales podrán contar con más surtidores. El Ejecutivo prohíbe que el proveedor de combustible haga recomendaciones de precios a las estaciones de servicio”.

Es un resumen de los titulares que acabo de leer en la prensa digital.

Bien, he aquí, al fin, una buena noticia económico/política para los consumidores: esta mañana, el Ministerio de Industria ha anunciado la puesta en marcha de una “agresiva” reforma del mercado de hidrocarburos con el objetivo de que “exista mayor competencia entre los operadores y, como consecuencia, se moderen los precios de gasolinas y gasóleos”.
La economía española adolece de muchos problemas endémicos, que por conocidos y de permanente actualidad no enunciaremos, pero hay uno en el que llevo años insistiendo y al que no prestamos, los ciudadanos, la atención que merece. ¿Por qué nos alarmamos tanto y clamamos al cielo cuando se descubre que, más que probablemente por un error indeseado de fabricación (y sé de lo que hablo, creánme), algunas hamburguesas de vacuno contienen carne de caballo en cantidades ínfimas, irrelevantes tanto en su repercusión nutritiva y sanitaria como en la de precio del producto y, sin embargo, apenas damos importancia a sentencias de jueces españoles o comunitarios que condenan a sanciones multimillonarias –ocurre varias veces cada año- a empresas del mismo sector) por acordar precios y encarecer ilegalmente los productos y servicios, es decir, por violar las leyes vigentes de defensa de la competencia?

Desde este blog lo hemos dicho muchas veces: una competencia tensa y permanente, incluso despiadada, entre las empresas de cada sector para ofrecer al consumidor los mejores precios representan la mejor garantía de la buena salud de la economía (la nuestra es poco competitiva y aún menos productiva, es un hecho sabido y compartido por todos los especialistas) y de unos precios ajustados, que los consumidores necesitamos siempre, más aún en época de crisis, como al de estos últimos cinco años. No hablamos de tirar los precios a costa de la calidad o de la seguridad, no, sino de que las empresas investiguen, mejoren y se esfuercen hasta lo imposible por ofrecer la mejor relación calidad-precio que puedan al mercado, a sus consumidores y usuarios. Eso garantizaría su pervivencia y la pujanza de la economía. Trabajar más y mejor por menos dinero es lo que se nos exige a los trabajadores; precios más ajustados y mejor calidad es lo que demandamos los consumidores, en justa contrapartida. Si los costes de producción disminuyen, deberían también hacerlo los precios de productos y servicios, ¿no?

Los acuerdos entre empresas para no competir entre ellas en ciertos asuntos (los formatos, los productos, las ubicaciones…, en fin, las posibilidades son infinitas) o, lo más importante y común, para mantener intocable cierto nivel de precios (y garantizar suculentos márgenes, impropios de la crisis que estamos viviendo) son el veneno del libre mercado. Por ello, debemos exigir a los gobernantes que refuercen la vigilancia para evitar este fraude y criticar a las empresas a las que pillan cometiendo el delito y esta desconsideración con sus clientes.

¿Cómo es posible que los carburantes sean cada día más caros y estemos superando continuamente máximos históricos, tras dos años de recesión en nuestro país y un contexto planetario de depresión económica, y por tanto, mucha menor demanda del producto? ¿Y por qué los precios son tan parecidos entre las diversas estaciones de servicio (exceptuando las de algunos hipermercados, y poco más), cuando la composición del pvp de de los carburantes es tan compleja y deja tanto margen para actuar a las empresas?

Todo, pero todo, huele a poca o nula competencia entre las contadas empresas distribuidoras que teóricamente compiten en el mercado. Y nuestros políticos, sabiéndolo, han tardado décadas en intervenir, a pesar que el precio de los carburantes es estratégico para el conjunto de la economía, y sin son caros tiran hacia arriba de los precios de muchos sectores, desde el primario hasta los industriales y de servicios. Lo dice la Comisión Nacional de la Energía (CNE): “existe una estrategia de fijación de precios común” para la gasolina y el gasóleo y advierte que “en enero los precios antes de impuestos de ambos combustibles recortaron diferencias con respecto a otros socios de la UE, hasta situarse en posiciones elevadas. Además, tanto para la gasolina como para el gasóleo, el precio mínimo de enero se registró el día 7 y el máximo el 31, lo que indica que hay “una estrategia de fijación de precios común para los dos carburantes, con independencia de la evolución del mercado internacional”. Más claro, agua. El problema es que esto lleva siendo así décadas. O ahondando más en la herida, que nuestros gobernantes, de izquierdas y de derechas, lo han sabido siempre. Y lo han tolerado, bien porque demostrar acuerdos anti-competencia entre empresas del mismo sector es tarea difícil, bien porque les da un poco de pudor meterles mano porque son una magnífica y recurrente fuente de ingresos, vía impuestos, para el erario público.

Las medidas que propone el Gobierno suenan bien, otra cosa es la medida en que se regulen, se apliquen y se persiga y castigue al infractor. . Y, sobre todo, que sirvan para que haya más competencia y se reduzcan los precios los carburantes. Y a ver si cuando se acabe con las gasolineras, se comienza con otros muchos sectores en los que el hedor del acuerdo de precios, por mucha liberalización teórica que haya habido en algunos casos, apesta desde hace también demasiados años.

L

a despedida musical la ponemos hoy con

“I´m not talking” una canción pop entrañable, alegre y muy bonita, cuyo autor es el canadiense AC Newman. Pertenece el tema a su disco del año pasado “Shut down the streets!”, con el que regresó, tres años después, a su carrera en solitario. Porque Allan Carl Newman tiene otra cara artística, la de miembro fundador y líder del el prestigioso y nada prolífico supergrupo The Phornographers, en cuya nómina hay otras luminarias, como la cantante Neko Case o el cantautor indie Destroyer, que también firmó un gran disco el año pasado. “Shut down the streets!” es el tercer larga duración de AC Newman, y seguramente, el mejor de todos ellos, porque rescata ese pop modestamente ornamentado pero repleto de bellas melodías que tanto nos gusta, vehiculadas por una voz que suena sincera y fresca y con detalles casi folkies que nos remiten al campo y la vida sencilla.

Banca: esto pasa ya de castaño oscuro

(Comunicado que acabo de recibir de la OCU; no puedo estar más de acuerdo)

” 14 Ene 2013.

El año ha comenzado con una mala (aunque previsible) noticia: los españoles ahorran menos que nunca. Con este panorama, lo lógico sería pensar que nuestras autoridades podrían estar barajando alguna medida para frenar esta tendencia… pero las decisiones políticas no siempre saben de lógica. Y el mejor ejemplo de ello lo hemos visto hace solo unos días. Según se ha filtrado en los medios de comunicación, el Banco de España va a limitar los intereses que ofrecen las entidades financieras en instrumentos como los depósitos o las cuentas de ahorro. La medida quizás les suene: se parece mucho a otra iniciativa que ya criticamos en su día: la conocida como “Ley Salgado”, que puso límite a los depósitos que ofrecían más de un 3,13% , y penalizó a quienes no lo cumplieran con una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos. Pero esta vez, la cosa parece ir a peor: el rendimiento de los depósitos solo podrá superar en un 1% al tipo oficial del Banco Central Europeo. Es decir, los depósitos a un año no podrán ofrecer ¡más de un 1,75%! Y aquellos que lo incumplan, tendrán que aumentar sus fondos propios, un castigo mucho más duro que el anterior. La razón, según lo que se conoce hasta el momento, es la de mejorar los márgenes de las entidades y evitar problemas de solvencia. Con la prudencia con la que nos gusta tomar este tipo de noticias (ya que aún no ha habido ninguna comunicación oficial), no queremos dejar de expresar nuestra más absoluta indignación ante una medida que torpedea la libre competencia. Si esto hubiera sucedido en otro sector, las entidades que hubieran pactado esas retribuciones hubieran sido sancionadas de inmediato por atentar a la libre fijación de precios que nuestra Constitución santifica. Además, si lo que se busca es huir de problemas de solvencia ¿por qué no se actúa sobre el mercado de derivados, que puede provocar grandes pérdidas? ¿O por qué no se prohíbe la financiación de proyectos absurdos, como hicieron en el pasado, o se limita el número de consejeros que se dedican a no hacer nada? A estas alturas del partido, el Banco de España aún anda muy perdido. Lejos de mejorar sus ineficaces sistemas de supervisión o de favorecer al ciudadano limitando las cláusulas abusivas, su primera gran medida de 2013 solo sirve para dar un nuevo golpe al pequeño ahorrador. ¡Ya está bien! “

Lo que está ocurriendo no es otra cosa que, ante la necesidad de adoptar medidas para sanear este o aquel sector (pensemos no solo en la banca, también en el de la energía, el de las telecomunicaciones, la distribución, el transporte colectivo, por no decir ya también la Administración pública toda entera includiso todos los servcikos que presta a la gente ), cara a que salga fortalecido de la coyuntura crítica en que llevamos anclados casi cinco años, lo único que se les ocurre a los gestores de la cosa, a quienes mandan, a quienes en teoría han sido normbrados para solucionar problemas, es cargar el peso, el precio de las decisiones en el común de los ciudadanos. En el caso de la banca, el despropósito clama al cielo:

– Están ahogando al país a fuerza de cerrar el grifo del crédito a particulares, familias y empresas. No prestan dinero a nadie, salvo si puede demostrar que tiene tanto que no necesita pedirlo. Y si es así, ¿para qué nos pide dinero, oiga?

– Acaban de inventar la surrealista figura de la “Garantía real“: si necesita ud. un crédito de 15.000 euros, por ejemplo, y no les parece del todo solvente (no se fíe, casi nadie lo es ya para los escrutadores y desconfiados ojos de los mismos sujetos que hace aún pocos años prestaban dinero a quien lo pedía, sin más exigencias, e cinluso se lo ofrecían tentadoramente en spots de TV), le exigirán no que muestre un aval que demuestre su solvencia, sino que haga un depósito por ese mismo importe en una cuenta del banco. Si no, ni pensar del crédito.¿Pero para qué voy a pedir un crédito si ya tengo el dinero?; efectivamente, es lo que se preguntaría cualquier persona sensata, pero hágase a la idea, la banca hace años que perdió la sensatez, por no decir otra cosa: la vergüenza . Y, claro, le pagarán un 3% anual por el depósito de sus 15.000 euros, mientras le cobrarán el 10% anual por el crédito (de un dinero que ud. les ha facilitado previamente) de los mismos 15.000 euros. Sencillo, el negocio redondo, perfecto ¿verdad? Pues así se les están gastando. Para sanear el sistema financiero, dicen.

– Hacen pagar el coste de su ineptitud, ineficiencia y avaricia como gestores del negocio a sus clientes, cobrando más que nunca por lo que antes apenas cobraban abusando sin sonrojo en el importe las comisiones bancarias. Saque usted sus cuentas, y vaya con cuidado, no sea que se lleve un susto morrocotudo, y un disgusto tremendo, también. Pida el dñía 29 de este mes 1.000 euros contra su tarjeta de crédito. Pagará la deuda cuando le carguen en su cuenta el día uno del mes siguiente. Por prestarle 1.000 euros durante dos días, le habrán cobrado 30 euros. ¿No es usura, y más aún -como ocurre- tratándose de un cliente preferencial del banco o caja? Pues no solo lo parece, sino que es una desvergüenza, con todas las de la ley.

Miran para otro lado ante el dramático problema de los desahucios como si no fuera cosa suya, pese a que en buena medida ellos mismos contribuyeron a generar el marrón, al conceder créditos a muchas personas que no ofrecían las suficientes garantías o al prestarles demasiado dinero (todo, por ganar ellos más; no por un súbito ataque de generosidad, qué va). Echan a la gente de sus casa,s sin preocuparse de buscar soluciones alternativas, por mucho que con esta medida tan extrema no resuelvan nada, ya que no hay mercado para vender esos pisos. Quizá incluso les convendría más poner en alquiler esas viviendas a sus propietarios, hasta que puedan pagar las cuotas de su crédito. Pero ni pensar.

Se benefician de descomunales cantidades de dinero público, que al menos en primera instancia, vamos a pagar a escote todos los ciudadanos, esos a los que echan de sus casas. Un dineral que si se dirigiera a la economía real, la productiva, la que crea empleo, riqueza y desarrollo social (en contraposición con la especulativa, que solo genera millonarias ganancias para unos pocos, y toxicidad letal y al sistema económico) ayudaría a la recuperación que tanto necesitamos para salir de este agujero sin fondo.

El problema es que, de puro deprimidos que estamos por este luctuoso ambiente que día tras día crean las cifras del desempleo y la marcha de la economía por un lado, y por otro, por la ineptitud y la subterránea catadura moral de buen número de dirigentes y mentes decisoras de nuestro envenenado sistema -democrático solo en apariencia-, hemos perdido lucidez para percatarnos de la gravedad de la situación, y consiguientemente, la capacidad de reacción. Nos la meten una detrás de otra.

Esto de la banca es de traca: no podrán pagar más del 1,75% anual por el ahorro de las familias, no sea que cajas y bancos pierdan solvencia y liquidez en esta lucha por hacerse el dinero de los ahorradores. Se cargan la competencia de un plumazo, y para más inri, lo hacen los mismos que deberían velar por protegerla y por impedir acuerdos de sector. Pero del 9% o el 10% del precio del crédito que les cobrarán a esos mismos ahorradores cuando necesiten dinero no se dice nada< ; quizá sea porque en realidad el Banco de España piensa poner un suelo a los intereses de los créditos, ¿del 15%, por ejemplo?. El objetivo será, una vez más, sanear la Banca. Porque es muy importante ella, el eje del sistema. Imaginemos que Carrefour, Mercadona, Eroski, Dia y Lidl piden al Gobierno: Oigan, ¿pueden fijar un tope máximo de descuento en las ofertas para los productos que vendemos; qué tal si se prohíben, por ejemplo, descuentos de más del 20% del pvp inicial, no sea que pongamos en riesgo la supervivencia de nuestras empresas y de la economía de decenas de miles de trabajores? Y así, un sector fundamental tras otro: el automóvil, el siguiente, por ejemplo. Nada de promociones por encima del 10%, que se va al traste la solvencia de los fabricantes.

Si el Gobierno y el Banco de España andan en estas, ¿cómo queremos que funcione la economía del país?

Menos mal que siempre nos queda la música:

en homenaje al gran Bobby Womack, que está pasando un gran bache de salud probablemente irreversible, tras una gozosa y sorprendente reaparición (de la mano del genial Damon Albarn, de Blur) tras décadas desaparecido del firmamento musical. Bobby Womack nos alegró el pasado 2013 con el magnífico disco “The Bravest Man In The Universe”: el soul y el R&B en su máxima expresión, eso sí, con brillantes arreglos, hábiles recursos electrónicos, cierto flow heredero del rap y una producción absolutamente contemporánea.

Un video fabuloso, no se lo pierdan.

No estigmaticemos la pobreza y, menos que nunca, en Navidad

Felices Fiestas desde este blog a todos y todas, y un mensaje de ánimo y esperanza para esos millones de personas que carecen de lo necesario para vivir -lo que en nuestras coordenadas entendemos- dignamente. Ha sido un año difícil, particularmente en los hogares en que ha dejado de haber ingresos económicos regulares debido al dramático y sostenido aumento del desempleo de estos últimos cuatro años. Que, si cabe, se ha visto empeorado por las circunstancias económicas y políticas que han llevado a un encarecimiento tan sostenido como insostenible de la vida: subidas del IVA, del IRPF, tasas municipales, de transporte, tarifa de luz y gas, carburantes…, todo es más caro que nunca y tenemos menos dinero que nunca para hacer frente a los gastos. Adecuar repentinamente los desembolsos de la familia a estas circunstancias tan penosas es tarea que además de dañar la autoestima, deviene poco grata, harto difícil y laboriosa; más aún, en fechas tan consumistas como las Navidades, en las que la soledad (no srefereimos a la falta de familiares cercanos y/o de amigos) y la pobreza o, en su estadio anterior, una importante reducción de las posibilidades de gasto habituales duplican su poder devastador. No es el de cómo combatir esa compleja sensación de nostalgia y soledad que a algunos nos aturde y enturbia cada año las Navidades el objeto de estas líneas, pero vaya desde aquí un mensaje de cariño y cercanía a quienes sufran este síndrome emocional tan característico y ocultado de estas semanas de árbol, villancicos, comilonas, confettis y recuerdos –a veces, no fácilmente gestionables- de la niñez.

Pero ocupémonos del hilo temático de este blog sobre vida cotidiana y consumo, precisamente en esta mañana de Nochebuena, en la que inevitablemente muchos tendemos a hacer balance de cómo nos trató el año y, quizá no tantos, a cuestionarnos qué dimos a nuestra sociedad y nuestro entorno más inmediato. Muchos serán los padres para quienes no contar con dinero para preparar una cena a la altura de la fecha, o comprar regalos siquiera aparentes a sus hijos, padres o parejas no constituya sino un triste episodio más de una situación recurrente desde hace meses e incluso años. Les cogen, estas Navidades, al igual que a sus familiares, ya en parte entrenados para este inopinado juego de la necesidad no satisfecha, de la incapacidad lacerante de ser como los demás, de alcanzar su nivel de consumo y de gasto. Porque hemos construido (o lo hemos dejado consolidarse) un mundo en el que eres lo que consumes, lo que gastas. Habrá, sin embargo, otros muchos centenares de miles de familias griegas, portuguesas, italianas, o vascas que estrenarán Navidades en el paro, en los umbrales de la pobreza, estadio al que se llega normalmente en este Estado del Bienestar (del que tanto presumíamos sin haberlo consolidado) tras dos o tres años sin ingresos regulares. Tanto para unas como para otras familias, estas Navidades serán difíciles, porque cuesta plasmar o simbolizar más la repercusión de la drástica disminución de ingresos, de la escasez de recursos que en esos momentos en que se va a hacer la compra para la cena de Nochebuena o se disponen los regalos para el Olentzero o los Reyes Magos. No, no vamos a dar recetas económicas, abundantes en la Red (nuestra sugerencia: http://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/menu-navideno-low-cost/4), sino a animar a todos y todas a que esta Navidad primemos lo importante, lo emocional, que es lo valioso, y no lo costoso, que es lo que se compra con dinero. Sabemos que la crisis ha llegado para casi todos, y para quedarse una buena temporada, por lo que no queda sino adaptarnos y adecuar, – en la medida en que está en nuestra mano, porque hay muchos y onerosos gastos ineludibles- nuestros gastos a las posibilidades de nuestra economía doméstica, sin dramas ni traumas. Llevamos varios años en que cada navidad gastamos menso que la anterior, cuesta encontrar un indicativo más fiel de nuestra pérdida de poder adquisitivo. Dos detalles: hace una semana, el gerente de un hipermercado nos confesaba que las primeras semanas de diciembre se estaba vendiendo mucho menos que las del año pasado, que faltaba alegría y que los productos más típicos de Navidad (cava, vinos y jamones de calidad, regalos) cuya compra acostumbran las familias adelantar para evitar encarecimientos y dificultades de última hora, habían bajado un peldaño de calidad en la mayoría de las familias. El pescado salvaje, de acuicultura; el jamón ibérico, serrano; el vino de reserva, crianza; y en este plan. A todos nos va peor, en definitiva. Las pistas de esquí, nos ha llegado ya el comentario, se resienten de la crisis, y pistas y restaurantes antaño rebosantes en Formigal o Baqueira o de personal gastón y alegre, se ven este año, en las mismas fechas, semivacíos y con poca desmesura en el gasto. Pasen por las agencias de viaje y pidan información, verán con qué caras encuentran a sus empleados.

Uno de nuestros mayores retos sociales en estos próximos años va a ser la adaptación de las personas y las familias, de las empresas y la Administración, a una menor posibilidad de gasto, a aceptar e incluir a quienes el sistema está comenzando a excluir por su pobreza y falta de recursos, a trabajar unidos para dar la vuelta a la tendencia, para ser más competitivos y eficientes, como familias, como empresas, como Estado. Hay, efectivamente, otras posibilidades que quizá deberíamos plantearnos experimentar, otras coordenadas políticas, sociales y económicas que habría que explorar, dada la injusticia estructural, los dramas que causa con estas crisis cíclicas y la debilidad sistémica de estas coordenadas bajo las que vivimos y sufrimos que podríamos denominar neoliberalismo capitalista. Pero el consumerismo, con su defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos en tanto que consumidores y usuarios ha sido siempre posibilista, pragmático, y desde una perspectiva ideológica, progresista desde el reformismo y ajeno a planteamientos revolucionarios. Épocas como esta de tanta penuria y de tantas situaciones lacerantes en miles de familias, con el 20% de ellas instaladas en la pobreza y abocadas a un futuro desolador, deberían movernos a la reflexión. Comprobar, como hacemos cada día, que nuestra economía, el futuro de nuestro país y de nuestras familias, está en manos de tan pocas, irresponsables, egoístas e incompetentes manos (y no solo hablamos de la banca y de los grandes centros de decisión política y económica, es el sistema político y económico el que necesita una revisión profunda, porque genera desigualdad e injusticia con su mero funcionamiento cotidiano), deprime y desmotiva, pero hemos de seguir adelante, intentando hacer mejor las cosas, y siendo más exigentes con nosotros mismos y con quienes toman esas decisiones que tan directamente nos afectan, antes o después. Algo ha de cambiar, y mucho. Podemos comenzar esta misma noche, comprendiendo la debacle en que están sumidas muchas familias y animándolas a salir adelante, sin estigmatizar su pobreza e insuflando todo el optimismo y la humanidad de que seamos capaces. Porque en Navidad la pobreza es más pobreza, tengamos en cuenta a quienes la padecen, y entienda cada cual lo que quiera. Eso sí, a la vuelta de Reyes, habrá que intentar que 2013 sea el año en que las cosas comiencen a ir un poco mejor. Feliz Navidad.

La música, hoy

, el joven y genial cantautor folk/pop/rock SUFJAN STEVENS con un villancico que aparece en “Silver & Gold”, su espectacular caja de cinco cedés de canciones navideñas, publicada hace pocas semanas.

Tasas judiciales: ataque al estado de derecho y a los consumidores

Banqueros desalmados y pésimos gestores de su negocio; políticos irresponsables y complacientes -mientras pudieron- con los electores, cuando no corruptos e inmorales; la burbuja inmobiliaria propiciada y alimentada por unos y otros; empresas poco previsoras que repartieron beneficios a manta y olvidaron guardar fondos para épocas ásperas y magras en ingresos y actividad como la actual; un perverso sistema financiero internacional que persigue y logra beneficio rápido para satisfacer a grandes inversores (fondos de pensiones de los jubilados de los países ricos, entre otros) que sin escrúpulo alguno se impone a la economía productiva, que es la que crea empleo y riqueza para el común de la sociedad; los sindicatos, más necesarios que nunca pero cada vez más politizados, divididos y desorientados, además de cuestionados por un número creciente de ciudadanos, quizá por su adicción al dinero público y por el empecinamiento en mantener dialécticas de confrontación con el empresariado cuya utilidad parece haber caducado hace años en este entramado económico que tanto nos está martirizando; trabajadores y ciudadanos en general acomodados en una economía poco competitiva y con un papá Estado al que cabe pedir casi de todo; hábitos sociales conformistas, consumistas y más quejicas que creativos o solidarios; una sociedad laxa y poco exigente que admite que con dinero público se paguen aeropuertos sin vuelos, infraestructuras viarias innecesarias o megaedificios públicos inservibles, y que apenas se invierta en investigación, innovación y desarrollo y en creación de nuevos nichos de empleo y de subsectores productivos con futuro, un sistema educativo récord en fracaso escolar y que parece pretender sobrevivir al margen de las necesidades de nuestras empresas con más futuro…… , efectivamente, no cuesta identificar culpables, o quizá mejor dicho, razones que expliquen la penosa situación en la que nos encontramos. Y con matices, creo que la mayoría de los ciudadanos podríamos consensuar los factores que más decisivamente han intervenido en la configuración y asentamiento de las circunstancias que nos han conducido al desastre económico y social que supone esta crisis -posiblemente sin vuelta atrás- que cada día que pasa nos muestra un dato peor que el del día anterior y que amenaza con derrumbar los símbolos de lo que conocíamos como Estado del Bienestar.

No solo llevan varios años congelados o con aumentos insignificantes los salarios de la gente, sino que suben los impuestos al trabajo (IRPF) y al consumo (IVA), con lo que todo se nos hace cada vez más caro, por no hablar del espectacular y abusivo encarecimiento de la electricidad y los carburantes. Aparte, claro está, de los recortes en educación (la universidad pública, cada vez menos gratuita), sanidad (co-pago recetas y reducción drástica del número de fármacos subvencionados, reducción del servicio en la atención primaria, privatización de la gestión de hospitales en algunas comunidades…) y servicios públicos en general. Malos tiempos para lo público, lo de todos, quizá porque no supimos administrarlo en tiempos de bonanza. “A mi no me digas nada, yo no tuve nada que ver, soy un simple ciudadano que paga sus impuestos” es respuesta recurrente cuando sale el tema en la cafetería o en las conversaciones con los amigos.

Cierto, pero no olvidemos que quienes administran lo público, lo de todos, los ponemos nosotros ahí. Y alguna responsabilidad tendremos en lo que hacen, si los volvemos a poner ahí una y otra vez

sin plantearles duras exigencias de cambios en gestión y en su manera de actuar, por muchos desmanes e irresponsabilidades que hayan cometido con anterioridad.
“No traspasaremos ciertas líneas rojas” es la frase, el compromiso de moda, y como tal, el propósito menos cumplido. “Es que la situación lo exige; si no lo hiciéramos, el país se arruinaría; hay que cumplir con el déficit público comprometido”, y listo, las circunstancias y la responsabildiad política obligan a hacer lo que prometimos no hacer; no importan los programas electorales ni las solemnes declaraciones efectudadas solo unas semanas atrás. La última ha sido la de no actualizar las pensiones conforme al IPC, a pesar de que sea cuasiobligatorio para la Administración y práctica común durante años. Pero centrémonos en la anterior medida inaceptable, si no más dolorosa e injusta que la de las pensiones sí más dañina para ese Estado garante de derechos que creíamos tener: la ley que establece tasas antes inexistentes o de cuantía irrelevante para el acceso a la Justicia.. Hay algo muy importante que se conoce como derecho a la tutela efectiva de la Justicia y que es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado social de derecho. Esta idea del gobierno central de que los ciudadanos sean obligados a pagar onerosas tarifas (entre 150 y 350 euros para tribunales de primera instancia, y entre 750 y 1200 euros para los recursos, más un 0,5% del dinero que se reclame en el juicio) por llevar ante el juez un caso (recurrir una multa, denunciar a una empresa o al ayuntamiento, pedir el divorcio…) significa traspasar todas las líneas rojas, por mucho que se exima de pagarlas a las personas en situación de más acentuada penuria económica, aproximadamante uno de cada cinco españoles. El objetivo de la ley, al parecer, no es tanto recaudar dinero (unos pocos cientos de millones de euros al año) sino que descienda la litigiosidad, que disminuya el número casos que ven nuestros saturados juzgados. Evidentemente, en mayor o menor medida se conseguirá el propósito, pero

el precio a pagar, y difícilmente mejor dicho, es inasumible.

Porque se hará a costa de que los ciudadanos de rentas bajas y medias-bajas, más del 65% de la población y los menos preparados y los no iniciados en temas jurídicos, desistan y no lleven a juicio sus problemas para así no incurrir en los gastos que iniciar el proceso acarrea. Los ciudadanos con economía más holgada y mejor preparación , sin embargo, seguirán pleiteando cuando lo estimen oportuno, porque las tasas no les disuadirán y porque sabrán hacer los cálculos necesarios. Por no hablar de la ventaja que se les regala a las grandes empresas denunciadas por los consumidores, por ejemplo ¿Cabe imaginar mayor discriminación e injusticia? Los ricos podrán, los pobres, no, o con un coste elevado, de entrada. Las grandes empresas, sí; los consumidores,no, o si al final deciden ir a juicio, ejercer ese derecho les saldrá un riñón. Esta es una columna con un claro enfoque de defensa de los intereses y derechos de los consumidores, y es por ello que la pregunta a plantear solo puede ser esta:

¿Dónde quedan, con esta ley de tasas judiciales, los derechos e intereses de los consumidores que se plantean pleitear contra empresas o Administraciones públicas, perfectamente dotadas de gabinetes jurídicos con tarifa plana; quién se atreverá a hacerlo sabiendo que, gane o pierda, deberá abonar tasas por cualquier caso que quiera llevar a los tribunales?

Una cosa es apelar a la reducción de un cuantioso gasto público cuya descomunal dimensión no puede soportar nuestra economía en plena crisis, incluso asumir que se legislen e impongan (lo de consensuar es ya práctica olvidada) medidas que aspiren a lograr un uso más racional de unos juzgados que han acabado colapsando una Justicia anquilosada y maniatada por millones de casos a los que no se les puede meter mano por falta de personal, recursos y tiempo. Y otra proponer una ley de tasas a todas luces injusta e inadecuada como esta. Las situaciones inaceptables que propicia esta norma que traslada el copago al ámbito judicial son tantas (mujeres maltratadas que piden divorcio, consumidores que se sienten estafados, recursos de multas indebidamente puestas…, todos ellos pasarán por caja: la ley no admite excepciones, aunque parece que estos últimos días, ante el clamor popular, el Gobierno se está pensando alguna que otra) que el ejecutivo debe recapacitar y proponer una norma más sensata y aplicable, y sobre todo que permita el libre acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Que, en la peor situación económica en que se han encontrado en décadas, deben soportar además las limitaciones y el súbito encarecimiento del acceso a la Justicia cuando tienen algún problema. Encarecer el acceso a la justicia para los ciudadanos significa dificultar la defensa de sus derechos, está muy claro. Una reciente encuesta de la OCU (Noviembre 2011) puso en evidencia la pésima opinión de los consumidores sobre la justicia: un 78% de los encuestados estaban insatisfechos con la justicia. Las razones eran claras.

• La lentitud de los procesos, (de 15 a 30 meses de duración dependiendo del procedimiento),
• La ineficacia, más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio
• Y, sobre todo, lo caro que resulta ir a tribunales. El coste medio de un juicio era de 8.400 euros, con una gran variación dependiendo del procedimiento.

Pero si ya era cara, ahora lo será aún más, pues su coste aumentará, de instaurarse este nuevo copago judicial. Y todo apunta a que se llevará a cabo. El encarecimiento del acceso a la justicia tendrá un efecto negativo para los consumidores, y supondrá una traba más para acudir a dirimir sus asuntos ante el juez. De esta forma, las compañías con las que contrata y que no atiendan las reclamaciones adecuadamente podrán seguir impunemente con sus abusos, sabiendo que el consumidor rara vez va a ir a juicio por los trastornos, la lentitud y sobre todo el elevado coste de los procedimientos. Lo dice la OCU: es de esperar que esas compañías “abusonas” se aprovechen de ese mal funcionamiento de la justicia para seguir incumpliendo sus compromisos con los consumidores. Todos tenemos ejemplos en mente: empresas de suministros, entidades financieras o, por ejemplo, las compañías aéreas, con el pago de las compensaciones automáticas por cancelaciones y overbooking, en lugar de pagar directamente las compensaciones automáticas, no atienden las reclamaciones y no suelen pagar a menos que los lleves a juicio, pues saben que quien llega a ese extremo es una mínima parte de los usuarios afectados. También será más difícil reclamar judicialmente contra la Administración en vía contenciosa por parte de los particulares, para defenderse de las decisiones incorrectas de las distintas administraciones, porque es preceptivo ir acompañado de abogado y procurador para cualquier reclamación, aunque sea una mera multa de tráfico, donde el coste y plazo de resolución de los procesos es todavía mayor que en otros procedimientos. Y para poner las cosas más cuesta arriba, ahora hay que contar con la posibilidad de la condena en costas al reclamante si desestiman su petición en procesos judiciales contra la Administración, introducida por la reciente reforma procesal, lo que desincentiva todavía más el acceso del ciudadano a los tribunales y, en la práctica, reduce sus posibilidades de defender sus derechos. Antes de optar por soluciones que encarecen y dificultan el acceso a la justicia de los ciudadanos, habría que fomentar unos sistemas extrajudiciales eficaces de resolución de conflictos, como el arbitraje, para así garantizar la protección de los consumidores. Pero “mientras estos sistemas extrajudiciales sean voluntarios para las empresas, seguirán dirimiéndose en los juzgados asuntos que no tendrían por qué llegar allí, pues no queda más alternativa a quien quiera reclamar sus derechos frente a particulares, empresas o Administración. Y defenderlos será ahora más difícil”. Y más caro.

¿Y la música?

Apostamos hoy por el buen pop, que es lo que más distrae y lo que más levanta este malherido ánimo. MAC DIMARCO, artista emergente de Nueva York casi desconocido por estos lares, seduce con su desparpajo y naturalidad al combinar sonidos y arreglos del pop rudimentario con el espíritu del folk cantautoril urbano y raruno (anti-folk se le llamó en su momento, en NY), la psicodelia songwritter 70s tipo Syd Barrett, las guitarras flipantes, el ambiente 80s, el sonido lo-fi (baja fidelidad, grabaciones en plan doméstico y espontáneo)… en fin, una espectacular ensalada ilustrada, como se decía antes, con ingredientes de primera y atinadamente aliñada, con sal fina, vinagre reserva y chispeante limón. A nosotros las canciones de MAC DIMARCO nos recuerdan a viejas glorias como Jonathan Richman o Tom Verlaine, o a las bandas actuales Deerhunter y Real Estate, que nos chiflan. Pero lo que importa no es si MAC DIMARCO suena moderno, vintage o las dos cosas juntas, ni si su camisa de franela tan freak chirría o no en el ambiente chic de Brooklyn; ni si no será solo un fenómeno pasajero de esos que parroquia y medios indie necesitan cada mes para excitarse y alimentar sus pasiones o si es un artista de largo recorrido; lo que nos interesa es que el segundo disco de este jovencísimo autor, de título “2”, es más que bueno y ha sorprendido a los contados iniciados que le conocían (nosotros no supimos de él hasta este disco, dicho queda) por superar tan abrumadoramente al anterior, que pasó, según leemos por ahí, justamente desapercibido. “2”, además de mantener un gran nivel de principio a fin, cosa rara en estos tiempos, contiene cuatro o cinco auténticos temazos, singles de primera instancia. Juzga por ti mismo/a.
‘Ode to Viceroy’, del disco “2”, de MAC DIMARCO, es quizá el tema que más identifica su estilo. Se ha buscado un hueco, seguro, en nuestra imaginaria lista de mejores canciones de 2012. Nos encanta ‘Ode to Viceroy’ pero, quizá más aún, descubrir talentos, caras nuevas a las que seguir la pista.

¿Se debe quitar la paga extra a los funcionarios vascos?

No es esta buena época para nadie, pero es el ciudadano común, ese 80-90% de la sociedad que componemos quienes nos encuadramos en esa horquilla social que va desde la clase media hasta los pobres y los excluidos del sistema, quien está pagando los platos rotos de esta desesperante crisis económica. Sube la electricidad, los carburantes y el transporte, el IVA convierte productos corrientes en casi artículos de lujo, hemos de pagar más por los medicamentos…, en general todo se encarece (la tasa interanual actual en Euskadi es del 3,1%; en 2011 fue del 2,4% y en 2010 del 2,8% y en 2009, del 1%; y en 2008, del 1,9%) mientras que los sueldos de quienes aún no han perdido su empleo llevan congelados varios años o han sufrido pírricos aumentos..

Y es en esta coyuntura cuando surge el drama y la injusticia de los desahucios (la asociación de consumidores Ceaccu ha ofrecido hoy una estrategia legal dilatoria -hasta 4 años- para paralizar los desahucios de las familias no amparadas por el código de buenas prácticas ni por el decreto de paralización de los desalojos aprobado por el Gobierno), a la que hemos de sumar la ocurrencia del Gobierno central de imponer unas tasas -prácticamente universales- para el acceso a la Justicia que ha logrado el éxito y una auténtica rareza en nuestro país, de poner de acuerdo a todo el mundo (estamento judicial, usuarios y partidos de la oposición), naturalmente en contra del decreto del ministro Gallardón.

Una dentellada más al Estado de Bienestar que (como el amor o la salud) no sabíamos lo que era ni lo apreciábamos en su justo valor hasta que nos lo quitan. Otro cruento zarpazo económico será el de eliminar la paga extra navideña de los funcionarios (la maniobra de adelantar la de verano a diciembre para que se acuse menos esta Navidad es una mero retraso del recorte, pues se hará igual), que significa reducir en un 7,15% el salario anual, impuesta asimismo por el Gobierno central a los autónomos, y que en Euskadi está generando, cómo no, una batalla política entre los salientes y los entrantes del Gobierno vasco, que al común de los contribuyentes les cuesta comprender. Más que nada, porque mantiene la ingenua convicción de que los líderes políticos piensan más en el bien común que en el de sus intereses partidarios o personales. En fin… sigamos. El zarpazo de la paga extra será doble, y lo acusarán las decenas de miles de familias (solo el Gobierno vasco paga directamente 70.000 sueldos a los trabajadores de la función pública) y numerosos sectores de la economía. Quitar esta paga extra a los funcionarios equivale a restar dinero a la economía vasca, ya que la paga extra es dinero dirigido al gasto y no al ahorro o la especulación, y significa inyectar dinero directo a nuestro tejido económico. Y muchos sectores (que hasta ahora acostumbraban salvar el año gracias a las excelentes ventas de la época navideña) se verán perjudicados: la distribución alimentaria, las tiendas de textil y complementos, la hostelería, y en general, cualesquiera empresas que produzcan artículos dirigidos al consumidor. Por tanto, cabe preguntarse: si sacamos de la economía vasca estos centenares de millones de euros, ¿a qué se destinarán, a “sanear” la economía en general, a aliviar el déficit público, a pagar intereses de la deuda, a financiar la ruina de los bancos insensatos? Tampoco está de más reconocer que en nuestro país, los sueldos de los funcionarios, por definición, son modestos y normalmente (a responsabilidades similares) aunque hay excepciones (como la enseñanza) son inferiores a los de la empresa privada. En términos de contexto económico, en los años del boom, de la burbuja del sector de la construcción y lo inmobiliario, mientras los sueldos, sobre todo de ciertos sectores, subían de modo espectacular, los de los funcionarios se mantenían en su moderación habitual. Un buen mecánico o un albañil cualificado podían ganar más que un profesor universitario o un médico, paradojas de la vida. Dicho de otro modo, no se beneficiaron los empleados públicos de los buenos años de la economía; sino al revés, se encontraron con un mercado rico y con febril demanda consumista en el que sus moderados sueldos devenían poco competitivos. No fueron muchos los funcionarios que se compraron coches de lujo ni pisos que no podían pagar en la época de vacas gordas, por simplificar el comentario. ¿Deben ser ahora ellos quienes sufraguen el coste de excesos que no cometieron? Además, en muchas profesiones funcionariales (enseñanza y sanidad, por ejemplo), a esta pérdida de poder adquisitivo se suma el aumento de horas de trabajo, restricciones a la hora de coger bajas y la reducción de ciertos derechos (habrá quien les llame privilegios) laborales. Dicho todo esto, tendremos también que reconocer algunas cosas. Como que los funcionarios son profesionales que trabajan en una empresa que termina en números rojos sus ejercicios anuales desde hace años y ha hecho del recurso a la deuda una práctica tan habitual que algunas incluso están muy cerca de la quiebra. Por tanto, nada más lógico que la adopción de las medidas necesarias para reducir la gigantesca deuda (en Euskadi no tan elevada como en otras comunidades, pero también cuantiosa) y reflotar esa empresa pública. Asimismo, y esto también forma parte de la cultura popular, como el funcionario tiene su plaza en propiedad y no se le puede privar de ella, la Administración pública (a diferencia de las empresa privadas) no cuenta con la opción de los despidos y del drástico ahorro de gasto consiguiente; por tanto, las salidas para reducir el gasto en salarios públicos de un modo significativo son solo dos: que trabajen más tiempo cada día los funcionarios, que sean más productivos y no se contrate personal nuevo cuando se produzcan jubilaciones y bajas, o que se bajen los salarios; o las dos cosas a la vez, y parece que, dada la situación de prequiebra que padecen, esta es la opción por la que apostarán la mayor parte de las Administraciones públicas. Podemos preguntarnos, y nunca mejor que ahora, si el trabajo fijo, que fue en su tiempo una conquista laboral y un modo de racionalizar la función pública y preservarla de feas luchas propias de las coyunturas políticas, sigue siendo hoy conveniente y, lo más importante, viable.. Porque es lo contrafio de un sistema flexible y adaatable a situacioens cambiantes, y mira que cambia rápido el mundo económico. La reducción (y en su momento, la congelación) salarial, que no otra cosa es quitarles la paga extra, funciona simbólicamente a modo de compensación que pagan los funcionarios por la garantía de mantenimiento de su puesto de trabajo, cuando hay 5 millones y medio de parados y el riesgo real (con el estrés adjunto) del despido lo sufren todos los trabajadores no funcionarios. Creo que buena parte de la sociedad ve con buenos ojos esta medida. Pero lo importante no es tanto si es justa, sino si es o no necesaria y conveniente para mantener el entramado del Estado de semi-bienestar que disfrutamos. Otra cuestión, ésta más tangencial: el Gobierno central ha establecido que se elimine la paga extra de Navidad a los funcionarios, pero ¿es justo que lo hagan todas las instituciones públicas, desde Ayuntamientos hasta Diputaciones pasando por todas las consejerías del Gobierno vasco, sin tener en cuenta su situación económica y/o la calidad de su gestión? Si no todas están igual de mal, ¿por qué tienen que ser obligadas a adoptar idéntica medida de recorte del gasto?

Son muchas preguntas de nada sencilla respuesta y es el conjunto de la sociedad, que es quien recibe el servicio de los funcionarios y paga su trabajo, quien debe decidir qué remuneración y qué condiciones laborales deben tener los trabajadores de la función pública. Porque cuando escasea el trabajo y el miedo al despido se cierne sobre los empleados en empresas privadas, podríamos considerar a los funcionarios unos privilegiados, sí, pero durante décadas fueron otra cosa bien distinta, por mucho que no pocos de ellos conseguieran unas mejoras laborales envidiables. Los problemas complejos exigen análisis minuciosos y decisiones a la altura de esa complejidad, pero seguiremos sufriendo la política de brocha gorda y de “todos por el mismo rasero”. Al tiempo.

¿Y la música?

Os sugiero hoy dedicar unos minutos al alambicado y ruidoso rock de TAME IMPALA, banda indie-rock australiana (de Perth) epítome de la modernidad respetuosa con el pasado (bebe del sonido 60s y 70s) y el eclecticismo bien entendidos. En realidad, es el proyecto casi unipersonal de un joven (26 años) artista Kevin Parker, que” compone, produce e interpreta casi cada sonido de sus grabaciones” (leemos por ahí), aunque se acompaña de una enorme y competente banda para sus actuaciones en directo. Esta “Be Above It”, muy en plan neo-psicodelia, es la canción que abre su segundo y último disco, “Lonerism”, que te sugerimos cates si tienes la ocasión.

Desahucios: se necesita un acuerdo social de gran alcance

Bueno, yo había puesto antes la tirita de que se hubiera hecho la herida más profunda al statu quo financiero. Porque esto ha sido solo un rasguño, no me esperaba tan poca valentía, la verdad. No se ha atrevido el Gobierno a dar el golpe de mano que la situación requería. Con este mero parche que supone el decreto Rajoy, de puro limitado e insuficiente, apenas surgirán los problemas estructurales que apuntaba en este post de arriba.

Esos saldrán a la palestra cuando las medidas sean mínimamente efectivas y resuelvan siquiera por un par de años el drama de los cientos de familias afectadas, y no solo de las que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad. El problema de las hipotecas afecta hoy a gente de clase media que se atrevió a comprar piso y hoy no puede pagarlo porque su situación laboral y la de su renta familiar ha empeorado drásticamente, y no solo a las capas más desfavorecidas y a las familias desestructuradas o con rasgos muy especiales y poco frecuentes.

Y las soluciones deben llegar a todos los afectados, en la medida que corresponda a cada uno, sí, pero no puede ser tan parcial e injusta.

Porque si no, estallará la olla; de hecho, lo está haciendo estos días. La postura solidaria de jueces y personal administrativo vinculado a lanzamientos de viviendas y desahucios, que exigen soluciones y se niegan a ser parte de un sistema injusto, es muy relevante y pone a la banca y al Estado en situación muy comprometida. Nunca había ocurrido algo así, que recordemos.

Pero, seamos realistas. Si se instauran las moras masivas en el pago de los créditos hipotecarios fallidos y se hacen las reformas -urgentes y necesarias, sí- en la ley hipotecaria tal y como exigen, con mucho apoyo social, las plataformas anti-desahucios y asociaciones de consumidores, el problema creado quizá sea tan o más grave como el “solucionado”: la UE no aceptará medidas que dañen la cuestionada solvencia y el futuro de los bancos y del conjunto del sistema financiero, y como se sabe estamos en manos de Alemania y de los dueños reales de la UE, donde cada vez pintamos menos como país. Y bancos y cajas, si se ablandan, con carácter retroactivo además, las condiciones para los contratantes de hipotecas, ellos -que están sometidos a las más duras condiciones, en materia de provisiones, por ejemplo, de su historia reciente-, restringirán aún más la concesión de créditos y los encarecerán todo lo que quieran, que para eso tienen y han tenido siempre la sartén por el mango. Su beneficio es intocable, si hay que subir las comisiones por cualquier servicio que presten lo harán, pero no arriesgarán un euro con los créditos; no olvidemos -se está viendo con los desahucios- que los clientes somos poco más que simples herramientas para su enriquecimiento. Y no es nada saludable para nuestra economía (ni para el empleo) que las contadas casas que se podrían vender o construir no se vendan ni se construyan por falta de financiación. Ah, es que las cosas son complejas, claro que sí. Y hay banca mala, malísima, pero hay otra que no ejecuta desahucios y que está (porque en su momento también lo estuvo, y no abusó del negocio fácil) a la altura de las circunstancias, supongo que lo saben. Y cuando lo que llamamos capitalismo funciona (o crea el espejismo masivo de que funciona), casi todos nos apuntamos a la fiesta consumista y nos ponemos a comprar incluso lo que no necesitamos, pensando en que la dicha (y el dinero, y el trabajo que nos lo proporciona, y los créditos…) nunca se va a acabar. Pero, ¿qué remedio tenemos para cuando falla, como ahora, y hace crak? Nosotros, como personas, ninguno, visto queda; y el sistema, tampoco. Estamos perdidos, sí. Y a fuer de sinceros, sigamos con este razonamiento tan incómodo. Aunque pueda ser impopular decirlo, el problema de las hipotecas (sí el de los desahucios, que debe resolverse cuanto antes) no es el único de nuestro país; y si me apuran ni siquiera el más importante ni urgente.

Hay algo que se llama desempleo, que, sinceramente, me preocupa bastante más.

Porque ese el padre de los problemas, amigos y amigas.

Pero, volviendo al drama de los desahucios, diré lo que pienso: se requiere un acuerdo nacional de largo alcance, que cuente con el respaldo de al menos de los dos grandes partidos políticos y de los más significativos de las nacionalidades históricas, con las asociaciones de consumidores y de afectados por las hipotecas, que sea aceptado por la UE (que ya defenderá a la banca, eso seguro) y que finalmente, sea aprobado por el conjunto de la ciudadanía. Porque este marrón de las hipotecas fallidas tiene un alcance, una dimensión que me temo aún no estamos viendo, y que todo apunta puede comprometer el conjunto de nuestra economía de los próximos años. De ahí la necesidad de un gran acuerdo sobre el asunto, porque nos afecta a todos, a los hipotecados que no pueden cumplir sus compromisos financieros, sí, pero también a los que han vivido de alquiler estos años de burbuja inmobiliaria y no han contribuido al desastre que ahora deben pagar: y a los que ya han terminado de pagar sus casas e incluso a quienes (alguno habrá) están pensando en comprarla. A problemas complejos, soluciones complejas e imaginativas, no queda otra; pongámonos a trabajar cuanto antes para dar con las claves que no spermitan ir atando cabos.

¿La música?

Rockero, sencillo y rotundo, es lo que nos exige la circunstancia hoy. ¿Iba bien la economía en los felices 90? Quién se acuerda. Éramos algo más jóvenes, sin duda, y sí recordamos, sin embargo, la música que nos gustaba, y del todo dentro de ella, a una banda norteamericana de curioso nombre, DINOSAUR Jr, que hacía oscuros y sucietes (en plan lo-fi, baja fidelidad) discos de indie-rock militantemente guitarreros y directos adornados con riffs y punteos casi heavys de puro exhibicionistas y prolongados, que tensaban el ambiente, te hacían mover la cabeza más que nada así de arriba a abajo y un poco hacia delante, y molaban cantidad. Y siguen haciéndolo hoy DINOSAUR Jr (los cincuentones Joe Mascis, guitarra y voz; Lou Barlow, bajo y voz; Murph, en percusiones)y, con canciones redondas como esta, “Don’t pretend you didn’t know” de su estupendo disco recién publicado ” I bet on sky”.

Desahucios: las nuevas medidas son parches. Hay que cambiar muchas cosas; entre otras, cómo somos

Les supongo informados de que el Gobierno aprobará hoy el paquete de medidas urgentes sobre los desahucios, impelido como está por el clamor popular y por los suicidios relacionados con estos desalojos forzosos que han dado la voz de alarma a la clase política y a la banca de nuestro país, que para reaccionar parecen requerir grandes ingestas del explosivo cóctel que al descontento social con tintes de prerrevolucionario añade tensión mediática e intensa presión del estamento judicial. No es poca necesidad, diríase que banqueros y gobiernos (el de ahora y el que lo precedió) viven ajenos al mundo real, fuera de él y de la vida cotidiana de la gente. O refractarios a las necesidades y demandas del común de las personas cuyo presente y futuro gestionan. Más vale tarde que nunca, de todos modos, aunque tras analizar el alcance de las medidas anunciadas (dos ejes fundamentales: paralizar las expulsiones de las familias más vulnerables y crear un parque de casas de alquiler social para los desahuciados), todas ellas necesarias para apagar temporalmente el fuego social, podemos adelantar que van a servir de bien poco: una cantimplora de agua en el desierto para un caminante exhausto que no encontrará a nadie, ni siquiera un pequeño oasis, en centenares de kilómetros.

Porque son soluciones coyunturales para un problema estructural.

Buena parte de los hipotecados lo están a 20, 30 ó 40 años, y lo primero que necesitan (para evitar la tentación del suicidio, que no para salir del agujero) efectivamente, es que no se les eche de casa con tanta facilidad como se venía haciendo o que si ya están fuera, no se vean sin dónde alojarse, pero con eso no basta; lo que les urge es ganar dinero, para alimentar a la familia y hacer frente a sus deudas. Las moras, dilaciones y otras medidas (regulación de la responsabilidad de los fiadores o avalistas en las hipotecas, limitar a 19.000 euros anuales la renta por debajo de la cual se suspenderá un desahucio…) convierten la situación en un poco menos injusta y dramática, pero en absoluto resuelven, ni abordan siquiera, el problema fundamental. Pero si aunque se llegara (que nada apunta a que se llegue) a una quita de la deuda del hipotecado, como se hace en EEUU (una parte la paga el banco o caja, la otra, el Estado), al ciudadano le seguiría quedando un cañón de cuidado, que tampoco puede pagar, porque no tiene dinero… Y es que, seamos realistas, si no mejora la economía, si no se crea empleo, el drama que estamos viviendo ahora será pequeño comparado con el que vendrá. El problema de fondo es que la tragedia de los desahucios no ha hecho sino comenzar, no hemos visto más que la punta de iceberg. El proceso de desahucio más común está vinculado a que uno o varios de los miembros de la familia queden en paro. Y desde que esto ocurre normalmente transcurren unos dos años hasta que llega el lanzamiento y el consiguiente desahucio. Calculemos los cientos de miles de personas que han ido engrosando las cifras del paro desde 2008-2009: esos son los futuros desahuciados, porque no van a encontrar trabajo (la mayoría de los parados actuales, y hablamos de más de cinco millones de personas) hasta por lo menos 2015, según todas las previsiones, es decir, dentro de tres años. Es así que en los próximos meses y años la dimensión del marrón, el número de candidatos al desahucio va a ir creciendo. Y, por cierto, algo habrá que hacer con los desahuciados no hipotecarios, echados de su casa por impago, ya que estaban de alquiler y que, suponemos, quienes no se endeudaron comprando casa porque no podían o porque fueron más prudentes, tienen el mismo derecho a ser atendidos. ¿O tendrán que comenzar también a suicidarse? Y recordemos que ahora la ley tiende a apoyar al propietario para que se anime a poner en alquiler sus pisos. ¡Menuda situación!.

Pero tampoco pensemos que, aunque haya surgido (ahora, con los suicidios, que no antes pues desahucios los ha habido siempre) una gran corriente de solidaridad con los afectados, la ayuda económica del Estado a estas decenas de miles de ciudadanos tan apremiados cuenta con la aprobación unánime de la ciudadanía. Porque cuando se compruebe que sale tan cara la ayuda y que al final la pagamos todos porque no otra cosa es el Estado, puede pasar lo mismo que con las preferentes, con Afinsa, etc…, que muchos pregunten ¿y por qué no me apoyan a mí, que también estoy en la ruina y he sido prudente, he vivido de alquiler o ahorré para comprar mi modesta casa y no tengo hipoteca ni me he comprado lo que no podía pagar; y sí se ayuda, sin embargo, al temerario que se lanzó alegremente a por un piso sin la seguridad de poder pagar la hipoteca? , o “veo bien que se ayude a los desahuciados, pero ello no puede traducirse en que haya menos dinero para los servicios públicos, la salud o la educación”. Porque no hay dinero en las arcas del Estado, y este plan de auxilio a las hipotecas fallidas, va a representar (si se quiere realmente paliar el problema) un elevado gasto para el Estado, que se verá obligado a restar de otras partidas del presupuesto para evitar que cada semana haya un suicidio de hipotecados desahuciados y sin salida. No es por meter el dedo en la llaga, pero: ¿y si se comienzan a suicidar los parados, o los padres que no pueden pagar las tasas universitarias de sus hijos, o quienes tienen a su cargo a personas mayores y carecen de dinero para darles un atención digna., qué hacemos, como sociedad? Las soluciones solidarias con los grandes perjudicados de esta crisis (en todo caso, solo parciales) serán caras y exigirán solidaridad del resto de la sociedad para con estos hipotecados, y es por ello que deberá aprobarlas el conjunto de la sociedad, además de asumirlas el sistema bancario, en buena parte responsable del problema.

No nos engañemos: el problema que tenemos con los desahucios, por dramática que sea su plasmación con los desalojos legales de la gente de sus casas, no es sino la consecuencia de varios factores convergentes de estos últimos cuatro años.

Me quedaré con cuatro, dos coyunturales y otros dos atemporales, de carácter cultural. Comencemos por los elementos coyunturales. El primero, sin duda, es efecto directo de la crisis, el descomunal aumento del número de personas que han perdido su empleo y, por tanto, su principal cuando no única fuente de ingresos, lo que les impide hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca; segundo, la codicia y el irresponsable afán de venta de créditos hipotecarios de la banca, que condujo a cajas y bancos en este periodo a prestar demasiado dinero sin las garantías suficientes en un contexto en el que se construían viviendas cuyos elevados precios respondían a un desacerbado optimismo en el futuro económico del país. Por tanto, una coyuntura que hace años dio todas las facilidades para que todo el mundo se comprara un piso, aunque fuera a pagarlo incluso en 40 ó 50 años. No hace tanto tiempo, los créditos hipotecarios a más de 20 años no existían. Y hace solo dos décadas, no se concedían hipotecas por más del 80% del valor de tasación del piso, ni se aceptaban cuotas mensuales que supusieran más del 30-35% de los ingresos de la familia. Así, nadie se encañonaba fuera de lo sensato (hay que pensar que las situaciones cambian; uno de los dos miembros de la pareja, por ejemplo, puede perder su trabajo; conviene ser previsores) y cuando la situación del hipotecado empeoraba radicalmente y no podía pagar sus cuotas, nunca se quedaba con una casa que valiera menos de lo que debía al banco. ¿Los responsables? Una banca codiciosa y muchos ciudadanos poco prudentes, que se endeudaron en cantidades totales (que no tanto cuotas mensuales) y plazos de pago muy por encima de lo responsable. Porque no podemos acusar de esta penosa situación solo a la crisis económica: ha habido otras crisis igualmente tremendas y este fenómeno de los desahucios nunca adquirió esta relevancia. Las condiciones que puso la banca en el periodo 2004-2008, aproximadamente, se resumen así: todas las facilidades del mundo a quien quiera comprar piso, pero no por hacer el bien a la gente sino por su propio interés (recordemos el fraude de las subprime: dar créditos hipotecarios se convirtió en lo que nunca había sido: un negocio inmediato para la banca, que conforme los concedía vendía sus créditos al mejor postor en un mercado financiero sediento de beneficio rápido; fue una locura cuyos responsables están perfectamente identificados, y en ningún caso fueron los clientes, los consumidores. Lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Y los elementos culturales?.

No abundaré en ellos, por sobradamente conocidos, pero sí deberíamos plantearnos que en última instancia son los que explican esta situación. A nadie le obligaron a comprar vivienda cara y quizá por encima de sus posibilidades, en lugar de alquilar o de comprar un piso más barato, ni a contratar una hipoteca a 40 años, todo con tal de que la cuota se pudiera pagar cada mes. Me refiero a nuestra mentalidad respecto de la vivienda: quien no la tiene en propiedad, es un don nadie. Esto es una auténtica obsesión social, y un gran problema. Solo ocurre aquí, en los países más ricos (los que nos prestaron –a nuestra banca, quiere decirse- el dinero para comprar la casa y ahora compran deuda soberana española para que no quiebre nuestro país y pueda seguir pagando las cuotas) la proporción de familias y de personas con casa en alquiler es muy superior a la nuestra. Veamos. Austria (57%), Alemania (53%) y Suiza (44%) son los países con tasas más bajas de vivienda en propiedad, y (¿casualidad?) el menor nivel de desempleo. España tiene el 83%. Bien, este es uno de los elementos culturales, del tipo de sociedad que somos. ¿Y el otro? Que somos un país en el que abundan (incluso en clases dirigentes y centros de decisión) improvisadores militantes, optimistas antropológicos, chapuceros de campeonato y personal poco previsor y nada prudente. Y que, peor aún, nadie da explicaciones por nada, por mucho que meta la pata, y por mucho que esas meteduras arruinen el futuro de todo un pais. Teníamos la mejor banca del mundo, y el sector de la construcción era un gran motor de la economía: qué dos maravillosas peculiaridades nacionales. Ya hemos visto a donde nos condujeron. Quizá todo sea porque nadie exige responsabilidades, y todo tiende a olvidarse. Carpe diem, resuelve lo de hoy que lo del futuro venidero ya veremos. Y no sigo, por no meterme en política.

Acabo de recibir de la OCU un comunicado, que propone qué hacer ahora (prioridades: evitar echar a la calle a familias que no tienen dónde ir y que mantienen una deuda impagable< y buscar una solución para las familias que ya están en la calle) y sugiere que se instaure un alquiler social en su propia vivienda para quienes pierdan su propiedad por ejecución hipotecaria o por haber avalado una hipoteca, y que reúnan ciertos requisitos (límites de rentas, no tener otras propiedades). Pero terminan pidiendo que las nuevas medidas “no se limiten a esconder el problema” y expresando la necesidad de “una profunda revisión de la Ley Hipotecaria”. Comparto planteamiento y exigencias (hay que cambiar esta legislación hipotecaria obsoleta, injusta y que, por resultar abusiva para los consumidores y no respetar las leyes europeas, la justicia europea, más que probablemente, reprobará y ordenará modificar), pero sigo pensando que lo realmente imprescindible es que mejore la economía, que nos preguntemos qué hacemos cada uno de nosotros para lograrlo y qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Más que nada para que un desastre de estas dimensiones no vuelva a amargar la vida a medio país y arruinar al otro medio. Quizá en esta reflexión hayamos ofrecido algunas claves. Lo que está claro es que tenemos que cambiar, y no solo la banca y la clase dirigente. Y ya he dicho que no quiero meterme en politica.

¿Y la música de hoy?

Pop mallorquín, el de ANTONIA FONT, banda que destaca entre lo mejor de la musica nacional y acaba de publicar un magnífico disco, Vosté es aquí, con 40 canciones de cerca de un minuto cada una< en realidad casi son bocetos, pero que constituyen además de una rareza discográfica, un monumento a la creatividad y la originalidad. Pero en este caso vamos a renunciar al elemento de oportunidad y ponemos el video de “Dins aquest iglú” la canción que, hace ya unos diez años, nos avisó de la calidad, el potencial y la magia de este grupo liderado por Joan Miquel Oliver, que su trabajo discografico posterior ha ratificado con insistencia. Y nos dicen, en su maravilloso poema desde el iglu, que las cosas no son sencillas para nadie. Desde luego que no.

¿Compensa a los jóvenes estudiar una carrera? y, en su caso, ¿se la pueden pagar sus padres?

Leíamos hace pocos días que “tener una diplomatura o una licenciatura, o grados y másteres, no garantiza el trabajo, pero aumenta las probabilidades de conseguirlo, lograr un contrato indefinido o incluso conseguir un puesto directivo, a pesar de la coyuntura económica desfavorable por la que atravesamos”. De hecho, “disponer de una diplomatura en lugar de estudios primarios incrementa la posibilidad de estar ocupado en 23 puntos porcentuales, mientras que ser licenciado la aumenta 25 puntos”. Se reconoce lo que es sabido, que en los primeros meses -e incluso años- de incorporación al mundo laboral, los universitarios no consiguen retribuciones a la altura de su cualificación. Pero tampoco todos comienzan siendo mileuristas ni, menos aún, lo serán toda la vida. A medida que van cumpliendo años en un puesto y ganando experiencia, las diferencias salariales frente a los trabajadores sin estudios universitarios se van agrandando. Se calcula que un titulado gana un 10% más por cada año de formación adicional realizado que una persona con estudios medios de parecidas características. Son conclusiones de un informe presentado recientemente por el BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre universitarios y productividad en España. Que revela que tienen más posibilidades de estar trabajando los estudiantes que optaron por una titulación de Ciencias de la Salud que los que se decantaron por carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales. Las técnicas y, más aún, las titulaciones de Ciencias Experimentales, figuran asimismo entre las que más trabajo han generado los últimos años. «La tasa de paro de los licenciados es la misma que para cualquier persona que esté en puestos administrativos en el sector privado. De hecho, muchos funcionarios son licenciados, y los que no, trabajan en la empresa privada como tal y en general son puestos que tienen cierta estabilidad», explica Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense. En su opinión, aunque en los últimos años hayamos oído hablar con frecuencia sobre la superior salida laboral de la Formación Profesional, «en la práctica no tiene muchas más que para una persona que ha estudiado la educación obligatoria; no hay ninguna garantía de que haya mejores oportunidades de empleo porque tanto los que han estudiado FP como los que han cursado la enseñanza obligatoria se emplean en puestos parecidos». Así «no es de extrañar que la gente quiera ir a la universidad», añade.

La experiencia me dice que una mayor formación no supone, en general , impedimento o freno para acceder a un puesto, salvo en contadas ocasiones

en que las empresas buscan trabajadores fijos con un perfil específico y no otro, y no les interesan empleados sobrecualificados que más pronto que tarde aspirarán a puestos de más responsabilidad o de empeño más exigente y mejor remunerado, que a la empresa no les interesa ofrecerles. Y es por ello, que quizá la pregunta que hemos planteado en el titulo de este post daría más juego si se hicera en los términos de si compensa dedicar tantos años de esfuerzo al estudio. Y con la palmaria escasez de puestos de trabajo que hay en el mercado laboral actual, por llamarlo como si existiera,y sumidos como estamos en pleno epicentro de la crisis económica, la pregunta aún se hace más concreta: ¿compensa el esfuerzo y el gasto que deben hacer las familias para pagar la carrera de su hijo/a y la renuncia del estudiante a disponer de dinero en el bolsillo y una capacidad adquisitiva similar a la de sus amigos que trabajan? Incluso otra: ¿no es una de las más lamentables y discriminatorias consecuencias de la crisis que no pocos hogares vascos no puedan costear el relativamente moderado coste que supone que su hijo/a curse una carrera universitaria en el sistema educativo público, justamente ahora en un momento en el que casi no tienen otra salida, con tanto desempleo juvenil? Qué salida -profesional, nos referimos; la de quedarse en casa siempre está ahí- les queda para ocupar su valioso tiempo? Y, de esta, pasamos a otra cuestión: ¿cabe acaso contemplar otra opción razonable para los jóvenes distinta de la de formarse más y mejor, para cualificarse al máximo y ubicarse en un buen puesto en la parrilla de salida del mercado laboral cuando dentro de unos años mejore la situación económica y vuelva a crearse empleo en condiciones?

Y, continuando con las preguntas encadenadas, otra muy procedente es la de qué hacen las instancias públicas, el Estado, para garantizar el acceso de los jóvenes a la formación, universitaria o no, particularmente cuando sus padres no pueden costearla porque se encuentran en paro o ya directamente sumidos en la pobreza, en una economía doméstica de pura subsistencia. Subir las tasas universitarias y reducir el número y cuantía de becas no parece, desde luego, el camino más adecuado.

Lo peor es que todo esto ocurre en una coyuntura como la actual: este mismo mediodía, la Comisión Europea ha propinado otro navajazo al futuro de nuestra maltrecha economía (el IBEX ha cambiado de color en unos minutos y ya supera el -2%), al exigir a España nuevos recortes para 2014, tras augurar que el PIB de nuestro país decrecerá un 1,4% pero no solo este año sino también en 2013, frente a la contracción del 0,5% que calculaba el Gobierno para el año que viene. Y todo ello, lo reconoce la CE se debe al aumento del paro (superará el 26,2 el año que viene), al desendeudamiento del sector privado, a las medidas de ajuste presupuestario y a la restricción del crédito. Contingencias todas ellas que son (en parte, al menos) consecuencia directa de los recortes salvajes del gasto público, del particular modo (cargándolo al presupuesto del Estado) en que pretende sanear el sector financiero y de la prácticamente nula dedicación al crecimiento impuestos por la política dictada desde Bruselas. O, quizá mejor dicho, por Alemania y los países de la triple A, los más ricos de la UE. Estamos ante el perfecto círculo vicioso, ese que vemos capaz de acabar estrangulando nuestra economía y la vida de millones de personas y de sus familias. A pesar de la evidencia del fracaso de estas medidas, siguen erre que erre, y las hoy fijadas predicciones de (de)crecimiento para España para 2012 y 2013 e incluso 2014, a pesar de su ruinosa repercusión en nuestra sociedad, no han cambiado las prioridades de Bruselas. ¿Habrá que hacer algo para modificarlas? O, quizá sea más práctico más preguntarse qué pueden hacer los países intervenidos (por tal tengo a España desde hace muchos meses) para cambiar este rumbo que nos hace cada vez más pobres y más pesimistas ante el futuro. Porque, quieran asumirlo o no, incluso a ellos mismos -pongamos Alemania en este caso- les perjudica (el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, ha advertido hoy de que los efectos de la crisis de endeudamiento de la zona euro “han llegado ya a la economía alemana”), no en vano somos sus principales clientes, y su crecimiento depende de que mantengamos nuestra capacidad de compra de sus productos. Aunque sea solo por eso, a ver si reaccionan y nos dan un poco de oxígeno financiero; el riesgo de colapso es insoportable. Necesitamos buenas noticias, y datos menos dramáticos.

¿Y la música?

En un año plagado de afortunados regresos discográficos de viejas glorias de la mejor música de todos los tiempos (Bob Dylan, John Cale, David Byrne, Bobby Womack), tenemos que celebrar la publicación del nuevo disco de una de las más grandes luminarias del rock y el folk, además de una de sus voces más personales e inconfundibles, NEIL YOUNG. Auténtico mito viviente, el rebelde e inmortal genio canadiense (qué concierto dio, inolvidable, el 30 de mayo de hace tres años en el imprescindible festival primaveral de Barcelona) y lo ha hecho a lo grande con “Psychedelic Pill”, corajudo e intenso disco doble del que aún no tenemos opinión formada pese a unas cuantas escuchas. Pero sí acumulamos sensaciones, y todas son positivas. Comenzamos, estos últimos días, cada mañana de camino a la tele, a oírlo en el coche o en el metro y (a pesar de lo sencillo y tentador que resulta), nada nos pide cambiar a otro disco, autor o estilo, y eso es buena señal. Sobre todo cuando nos topamos con el Young menos contemplativo, el más crudo, guitarrero, cañero y psicodélico; que nos entrega, junto a sus emblemáticos Crazy Horse, un disco doble (a la fuerza: tiene una canción de 30 y otra de 20 minutos, que no se hacen largas: increíble pero cierto) que hace el número 35 de su carrera y que vemos perfectamente a la altura del legendario artista que es el canadiense, sin quien buena parte de la música del momento que más nos convence quizá no existiría, o, sin duda, no sería como es.

Precios baratos, una necesidad; y el comparativo de aceite de oliva virgen de la OCU

Nunca las cifras, tomadas así en general, resultaron tan aciagas incluso a quienes no se nos dan mal del todo. Crece sin control el desempleo, el PIB sigue con la marcha atrás puesta, la inflación imparable convierte en aún menores unos sueldos que llevan años a la baja, suben sin parar los impuestos, aumenta sin dar signos de moderación la deuda pública,se multiplican los EREs y cierres de empresas, los desahucios son ya casi “de la casa” (se ejecutan unos ocho de media al día, solo en Euskadi)…, cuesta horrores encontrar números que despierten un poco de esperanza.

Los hemos visto en dos empresas de distribución, Dia y Mercadona que, en plena crisis, incluso sumergidas en la específica del sector (dato de ayer: las ventas del comercio minorista a precios constantes -eliminado el efecto de la inflación- bajaron en septiembre un 12,6% con respecto al mismo mes de 2011, tras la entrada en vigor de la subida del IVA, en tanto que el empleo en el sector retrocedió un 1,2%), no solo sobreviven a la debacle sino que crean empleo y ganan dinero. Tanto una como otra tienen una cosa en común, que han priorizado en su marketing mix un elemento siempre importante, ahora esencial: el precio. Venden barato, menos caro que su competencia o, al menos, así lo piensan los consumidores, porque ese es su posicionamiento en la distribución alimentaria. Aún recordamos cuando Mercadona hace unos tres años, dio un insólito y quizá antipático golpe de autoridad al retirar de sus baldas cientos de productos de marcas líder y dejar (salvo contadas excepciones) solo los artículos de su marca blanca. Muchos dudamos de la viabilidad de una estrategia -más radical que innovadora- que ahorraba costes y era coherente en la búsqueda de sinergias favorables a su reconocida marca de distribuidor, pero que les enfrentaba a poderosas multinacionales del mundo de productos de gran consumo. Y que podía disgustar profundamente a los consumidores más fieles a sus marcas favoritas en ciertos productos; algunos especialistas incluso pronosticaron que la iniciativa estaba abocada al fracaso. Pero de fracaso, a la vista está, nada de nada; al revés. Yo no lo tenía muy claro, lo reconozco, porque tiro mucho de marcas blancas, una vez contrastada la calidad del género, pero…. La gente quiere (en distribución alimentaria, y cada vez en más sectores, hora es de que las empresas se vayan percatando) una buena -y, en algunos casos, basta con suficiente- calidad al precio más bajo posible, y cada vez va a ser más así. Poco ha tardado el grupo francés Leclerc en contrataatacar: ha lanzado hoy una web (buscaelmasbarato.com) que compara los precios de productos de otras empresas con los que vende en sus siete centros de Madrid. Y asegura que sus artículos son los más baratos (los de Mercadona, dice, son un 12,3% más caros que los suyos; y los de Carrefour un 11,5%). Lo comprobaremos y al final el consumidor decidirá, pero no está mal que las grandes cadenas compitan tan descarnada y abiertamente en precio: lo necesitamos de veras. Sólo unas pocas marcas pueden lograr que el cliente habitual de un super o hiper deje de frecuentarlo porque no tiene su producto. El ejemplo de Mercadona está ahí.

Otro tema: la publicación este pasado miércoles de los resultados del último análisis comparativo de OCU, que denuncia que de 40 marcas de aceite de oliva virgen (34 “extra” y el resto, solo “virgen”) estudiadas, tal y como leemos en la web de EITB “Nueve de ellas (…) cometen fraude y engañan al consumidor al vender un aceite etiquetado como “extra” cuando sólo es “virgen”. Además, dos de estas marcas carecen de proceso de refinado por lo que no son aptas para el consumo (si bien no entrañan riesgo para la salud)“ ha provocado la virulenta reacción de fuentes del sector y quejas de algunas marcas, algunas (incluídas las populares marcas blancas de algunas cadenas de distribución) de mucho prestigio y bien conocidas por los consumidores vascos.

Es este un tema recurrente en nuestra actualidad informativa (recordemos el caso del fraude en algunas marcas de leche entera UHT, en el que, por cierto, los tribunales han dado razón en primera instancia a la OCU y desestimado la demanda multimillonaria de la asociación más representativa del sector lácteo) que, a buen seguro, causa incertidumbre y preocupación no solo en los sectores y marcas afectados sino también en los propios consumidores, que no saben a qué carta quedarse. ¿Quién tiene razón? ¿Adolecerá, efectivamente, la marca de leche, aceite o cualquier otro producto que consumo cada día, de ese defecto de calidad o seguridad que denuncia la asociación de consumidores tras realizar su análisis comparativo? ¿Me estará engañando esa marca, o será la asociación de consumidores -por el motivo que sea, quizá para darse publicidad o por intereses aún menos confesables- quien distorsiona la realidad y perjudica gratuitamente a las marcas que quedan mal en el examen?

Lo primero que cabe matizar respecto de este análisis en concreto es una doble realidad: por un lado, que los datos provienen –fundamentalmente, que no solo- de una cata; todo lo oficial, rigurosa y representativa que se quiera (la de aceite es una de las más normativizadas, exigentes y con protocolos específicos para ese producto; como lo son las del vino o el queso), pero una cata (o análisis sensorial) no deja de ser una prueba en la que se suman resultados subjetivos, las apreciaciones que hacen los catadores –personas, no máquinas que miden objetivamente datos químicos y físicos) de las características organolépticas (sabor, color, olor, textura, olor…) de un producto. Simplificando, por mucho que unos cualificadísimos catadores concluyan que un aceite (o un vino) no tiene la calidad organoléptica requerida por la normativa que regula su elaboración y propiedades, si yo lo compro a menudo y a mí me convence, me gusta tanto o más que otros que quedan mejor en el análisis, poco me importa, yo a lo mío (es, por cierto, lo que ha ocurrido con la marca que compro, para mi disgusto). Porque hablamos de sabor, olor, color, etc y en eso cada tiene sus preferencias y sus gustos. Y, en segundo lugar, cabe subrayar que este análisis de aceite de oliva virgen extra deja bien sentado que este déficit de calidad en absoluto afecta a la higiene del producto o a lo que en general podríamos denominar calidad sanitaria. Matices, ambos, esenciales para hacer una interpretación correcta del análisis y sus resultados. Tengo en mis manos la revista de OCU del próximo mes de noviembre, que publica este comparativo. Y su espíritu queda bien claro, ya que insiste en este último aspecto. Es un fraude “solo” económico, en la medida que algunos aceites se arrogan en sus etiquetas una calidad “Virgen Extra” que su producto no alcanza, al no cumplir los requisitos (fundamentalmente, de cata, ya que es con este método analítico como está fijado que ha de determinarse) que para esa denominación comercial establece la norma. Los aceites, lo dice la OCU “ fueron sometidos a una batería de análisis químicos y a un análisis organoléptico, siguiendo los métodos analíticos oficiales que contempla la normativa vigente. La principal conclusión es que la gran mayoría de marcas cumple con la legislación y que 9 marcas engañan al consumidor vendiendo un aceite etiquetado como “extra” cuando resulta ser simplemente “virgen”. Se trata, por tanto, de un engaño económico, ya que se vende al consumidor aceite de menor calidad. Los resultados obtenidos muestran un claro engaño al consumidor porque se le vende un aceite de menor calidad a la que se indica en la etiqueta. Para la tranquilidad de todos los consumidores, OCU manifiesta que, en el caso de los 9 aceites etiquetados incorrectamente, no se trata de un problema de seguridad, sino un engaño al bolsillo. El precio medio del litro de aceite de oliva virgen ronda los 2,38 €, mientras que el litro del virgen extra es casi de un euro más. El análisis también detectó que uno de los aceites vendidos como aceite de oliva virgen extra y otro de los vendidos como aceite de oliva virgen son, en realidad, aceites de oliva lampante y por tanto no son aptos para la venta sin el proceso previo de refinado. A pesar de los problemas detectados, hay productos de muy buena calidad a precios razonables. “En el aceite, como en muchos otros productos, un precio elevado no siempre es indicativo de calidad”. La OCU ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los resultados de este análisis para que determinen si se ha cometido alguna infracción y, si procede, sancionen a aquellas marcas que puedan estar engañando al consumidor y perjudicando a un sector muy importante para la economía española. Además, en el ánimo de la OCU está el colaborar con la patronal aceitera para solventar y evitar que aceites mal etiquetados lleguen a los hogares de los consumidores. Por ello, ha invitado a la patronal a un encuentro cuyo principal propósito es trabajar en un objetivo común: ofrecer un aceite de calidad y excluir del mercado a aquellos que defraudan la confianza del consumidor y no juegan limpio con el resto de fabricantes.” Creo que quedan bien claras las cosas, ¿no les parece?

Las marcas/empresas/sectores que salen malparados de uno de estos análisis comparativos diseñados y realizados por uno o varios laboratorios acreditados –en este caso, también paneles de cata-, de referencia en el sector, y pagado y publicado por una asociación de consumidores acaban repitiendo una serie de patrones de conducta:

1) Objeciones a la honradez y neutralidad de las asociaciones de consumidores, que atenderían a oscuros y desconocidos intereses de las asociaciones, que en sus estudios comparativos benefician a unos y perjudican a otros, pero no basados en argumentos técnico-científicos honrados y demostrables, sino por razones de interés propio y muy poco honorables (acuerdos secretos con ciertas firmas, las que se beneficiaría, por ejemplo).

2) Objeciones legales/normativas/jurídicas: ¿quién es una asociación de consumidores para entrometerse en la realidad de un sector económico y señalar quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y de hacerlo ¿por qué no se hacen las tomas de muestras y los propios análisis ante notario?

3) Objeciones metodológicas: no se respetan los protocolos de la metodología oficial de los análisis de calidad del producto, comenzando por la toma de muestras (¿cómo puede criticarse la calidad de un producto y una marca analizando solo una muestra cuando en el mercado hay en ese mismo momento centenares de miles en las estanterías?) y por el propio desarrollo de la prueba (determinación de los ítems a medir y comparar, modo en que se relacionan unos y otros datos para llegar a las conclusiones, respeto a lo que dice la normativa en cada paso del análisis, acreditaciones de los laboratorios por los organismos normalizadores…; las casusas motivo de crítica pueden ser muchas, pero el caso es que los análisis (por reducir costes, por simplificar procesos y ahorrar tiempo y dinero…, no se hacen como debieran hacerse, sobre todo teniendo en cuenta la enorme repercusión que frecuentemente adquieren los resultados de los análisis en los medios de comunicación

4) Objeciones a la interpretación de los resultados del análisis, ya técnicas ya de traslación al lenguaje periodístico, en exceso divulgativo y simplificador de realidades complejas, que no respetaría los preceptos y matices técnico-científicos.

5) Quejas por las consecuencias que puede acarrear la difusión de los resultados del análisis, dañando gravemente la imagen o perjudicando las ventas de una marca o de un sector. Como también analizan marcas “blancas” o de distribuidor, hete aquí que en cada análisis quedan bien, mal o todo lo contrario también las grandes empresas de distribución, con lo que la afectación es aún mayor.

Saben algunos de ustedes que quien firma ha dirigido durante muchos años la única revista que junto a OCU publicaba análisis comparativos en este país. Y también están informados de mis excelentes relaciones con quienes dirigen desde hace más de 25 años la OCU (asociación con más de 300.000 afiliados, que pagan su cuota, y no barata, precisamente) basadas en que durante tan largo periodo hemos compartido (además de las críticas a nuestra labor de defensa de los derechos e intereses de los consumidores, que no otra cosa es un comparativo dcomo este de aceite, o lo fue en su momento el programa “Consumidores”, de ETB2-) la obsesión por el rigor técnico en el trabajo, la imparcialidad en las interpretaciones de los resultados y la moderación y el sentido de la medida como pauta comunicativa a la hora de dar a conocer las conclusiones de nuestros estudios; sin que ello impidiera, por supuesto, la búsqueda de expresiones y titulares rotundos y claros, cuando la ocasión lo requería. Como esta, sí. Lo que les quiero decir es que, en mi modesta opinión, las marcas que han salido malparadas en este análisis de aceite deberían quejarse menos y ponerse cuanto antes manos a la obra para mejorar la calidad de su producto, un artículo natural muy sensible y de la máxima calidad cuyo proceso de elaboración hay que vigilar al detalle, porque la normativa que establece sus parámetros de calidad, es muy exigente. En cualquier país que no sea España es tarea imposible encontrar un aceite de oliva virgen extra por menos de 8 o 10 euros el litro, y aquí tenemos algunos bien sabrosos en oferta en los supermercados por 2,5 ó 3 euros. No hay que dramatizar, en muchos casos ha podido ser (suele ocurrir) pura mala suerte del productor, pero al consumidor hay que darle (siempre, y no solo la mayoría de las veces) la calidad prometida (en la etiqueta del producto, en la publicidad de ofertas del establecimiento…), y cierto que puede haber sido solo una botella o un lote el de calidad insuficiente y que al productor afectado le tocó la china de que fuera esa muestra la analizada y que deviene muy oneroso castigo para la marca afectada, pero no es menos verdad que la labor de una asociación de consumidores es precisamente esa, mantener tensa la cuerda, en nombre del cliente, del consumidor, y dar algún que otro disgusto para que se cumplan las normas de calidad y seguridad en los productos y servicios y no se relajen ni productores, ni vendedores ni la Administración que los controla. Y resulta asimismo diáfano que las normativas de calidad de los productos no se fijan para que la mayoría de los productos concernidos la cumplan o lo hagan con la mayoría de los requisitos, sino para que lo hagan todos y cada uno de ellos en todas y cada una de las características descritas. Lo que quizá habría que replantearse es si la normativa no es en este caso demasiado estricta, por exigente en exceso, en ciertos productos de alimentación. No lo digo por decir, es una idea que llevo muchos años rumiando, al cotejar los resultados análiticos de ciertos alimentos, y al preguntarme por qué en productos de gran consumo el Extra (calidad objetiva y parametrizable de producto; nada tiene que ver con el concepto delicatessen) es casi imposible de conseguir normalizadamente con los costes que el mercado admite. Es una soga al cuello de los productores que quizá habría que replantearse. Porque lo primero que ha de ser una norma es realista, debe poder cumplirse. Y también cabría reflexionar si es lógico que un producto de élite, en su propio concepto –es prácticamente el mejor de los aceites- y en lo culinario, como un aceite de oliva virgen Extra puede costar 2,50 euros el litro.

¿Y la música?

Esta siendo este un año de reapariciones de grandes figuras con discos estupendos (el soul de Bobby Womack, el country-rock de Neil Young, el folk rock de autor de Bill Fay, así citados de memoria), y el último del que tenemos noticia es el de DONALD FAGEN, exlíder de Steeley Dan, banda de referencia del negociado de la música más trabajada y exquisita de los 70s, ubicada entre los márgenes del jazz y el rock y con sabrosas concesiones al funk, al rhythm and blues y, por supuesto, al pop. Nos viene este mes de octubre Donald Fagen con “Sunken Condos”, su cuarto disco en solitario, dato que teniendo en cuenta que el primero lo grabó ya sin la banda hace 30 años, no permite tildarle de prolífico, precisamente. El disco está teniendo buena acogida en su país, EEUU, y la verdad es que escuchando este single, titulado “I’m Not the Same Without You” y anclado en esa estética atemporal de la música orquestal y grande en el buen sentido de la expresión, se entiende perfectamente el porqué.