Consejos sobre consumo, hábitos y criterios de consumo, ayuda para el consumidor. Información sobre los derechos y obligaciones de los consumidores en general
Niños inseguros en sus sillas de retención del automóvil. Una de cada cuatro sillitas de retención infantil para vehÃculos (27%) suspende en seguridad, protección de los niños y manejo, según un informe en el que ha participado el RACE, que informa de que durante 2010 fallecieron 53 niños como consecuencia de un accidente de tráfico, de los que casi el 70% eran ocupantes de un turismo o una furgoneta; de ellos, “la mitad no llevaba un sistema de retención adaptado a su talla y pesoâ€. De los 33 modelos de sillitas analizados, 16 sistemas resultaron ‘satisfactorios’ y ninguno alcanzó la calificación de ‘muy satisfactorio’. Cinco de ellos se revelaron ‘muy insatisfactorios’, al presentar “importantes deficiencias” de seguridad y dos sillitas de retención se hicieron acreedoras a un ‘insatisfactorio’.
Tirar de fondo de armario, medida anti-crisis. Gastamos un 40% menos en ropa que hace cinco años, y un 5% menos que el año anterior. Cada hogar español gastó una media de 1.130 euros en ropa, complementos y artÃculos textiles para el hogar en 2011, lo que supone un descenso del 5% respecto al año anterior (1.190 euros) y del 40% en los cinco últimos años (1.881 euros en 2006), según informe encargado por la patronal Acotex. Ligada a esta noticia, hemos podido leer otra, que comparte sentido: el gasto de una boda en España disminuye en 2012 por quinto año consecutivo, con una media de 13.190 euros por boda, un 8% menos que en 2011, según un estudio de FUCI para una boda con unos cien comensales.
Ciudadanos engañados, en plena crisis, por entidades financieras de las que eran clientes. Adicae ha denunciado que las cajas de ahorros han utilizado a sus clientes para “tapar agujeros” mediante la colocación de acciones y participaciones preferentes. La asociación de consumidores especializada en temas financieros aseguró que Bankia, Caixabank y Banca CÃvica “han encerrado los ahorros de toda la vida de miles de familias con el único objetivo de reforzar su capitalâ€. El presidente de Adicae, Manuel Pardos, calificó de “engaño masivo” la colocación de acciones de los grupos de cajas fusionadas para convertirse en bancos, porque se centró en clientes y depositantes especializados, desconocedores de este tipo de mercados y a los que se convenció recurriendo a “información tendenciosa y engañosa y con polÃticas comerciales muy agresivasâ€. Estimó que unos dos millones de familias tienen su dinero atrapado en las acciones de estos tres grupos, que han perdido buena parte de su valor bursátil desde que empezaron a cotizar.
(perplejos y decepcionados por el papelón protagonizado estas últimas semanas por Banco de España, Gobierno actual, oposición cuando fue gobierno y, por supuesto, los responsables directos de la entidad, seguimos asistiendo al culebrón Bankia. Y nos preguntamos cómo se ha dejado agravar la enfermedad -me temo que no solo ha sido la contaminación del ladrillo- hasta el punto de llegar a la tesitura de operación a vida o muerte que supone la intervención por el Estado; y cómo puede justificarse que se haya hecho tan tarde, con ese coste tan desmesurado para el erario público, con esa imagen tan lamentable trasmitida a los mercados y al mundo en general en este dramático momento de la economÃa española y con tantos ciudadanos inocentes perjudicados; y es que no puedo dejar de pensar en los miles de accionistas que acudieron confiados a la salida a Bolsa de la nueva empresa hace aún pocos meses. ¿Se exigirán responsabilidades a los dirigentes -económicos y polÃticos- que han consentido la quiebra de una entidad que integraba, entre otras, a dos cajas de ahorros cruciales en el sistema financiero patrio como Caja Madrid y Bancaja? Todos echan balones fuera, el fracaso no tiene padres. Y mira que serÃa edificante que cada uno se hiciera cargo de su parte de responsabilidad en el desastre: aportarÃa un mÃnimo de esa confianza que está en niveles subterráneos desde hace demasiado tiempo. Y sin confianza no hay economÃa que crezca, ni tasa de desempleo que se reduzca).
(he aquÃ, ¡albricias! -como se decÃa antes en los comics- una noticia positiva-: dos constructores han sido condenados por un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao a indemnizar con 2,98 millones de euros a los propietarios de un edificio de viviendas de Barakaldo -un rascacielos de 22 plantas levantado hace siete años- por las graves deficiencias de que adolecen sus pisos. Los constructores denunciados por los vecinos propietarios deberán responder con su propio patrimonio, toda vez que la sociedad que construyó las viviendas está en concurso de acreedores y que el juez ha considerado que los constructores son responsables directos de la insolvencia de la empresa. Los vecinos han necesitado 5 años y acudir a varios juzgados para resolver la batalla legal, pero no han conseguido una indemnización suficiente para solucionar los problemas de sus pisos, que un perito tasó en 4,68 millones de euros).
CientÃfica y socialmente hay consenso. La obesidad y las enfermedades cardiovasculares (más en concreto, su mayor prevalencia) están directamente asociadas a las dietas demasiado calóricas, grasientas, saladas y azucaradas. Exactamente, y uno a uno, los atributos que definen la comida basura.
Tenemos encima de la mesa de debate social una interesante iniciativa, ya aplicada en algunos paÃses y propuesta por cierto partido republicano catalán: gravar con impuestos especiales la comida basura, al modo en que se hace con el tabaco o las bebidas alcohólicas, y destinar ese dinero a la educación nutricional de la población y a fomentar el consumo de alimentos saludables. Tras reflexionar sobre la conveniencia de este impuesto especÃfico para la comida basura durante unos dÃas, se me ocurre esto:
Argumentos a favor de subir los impuestos a la comida basura:
– Es un modo de conseguir que las multinacionales de comida rápida paguen y se hagan responsables de las repercusiones que sus productos y campañas publicitarias logran: el empeoramiento de los hábitos alimentarios, y por ende, de la salud de la población.
– Si la comida basura sube de precio, es más que probable que se reduzca su consumo. El encarecimiento del tabaco se ha demostrado una eficaz medida para que se fume menos.
– Si la comida basura aumenta los gastos sanitarios al favorecer la obesidad y las enfermedades a ella asociadas, es justo y razonable que aporte al sistema parte de esos gastos extra que genera
– El dinero que suponen esos impuestos especiales se puede destinar a campañas de educación nutricional, y a subvencionar alimentos saludables. Una compensación justa, vamos.
– Los poderes públicos defienden y se comprometen con la salud de la gente, por lo que fomentan la dieta saludable, y penalizan la dieta -y el consumo de productos- que conduce a la enfermedad.
– Es un modo de alertar a la población de que el consumo frecuente de comida basura conduce a la obesidad y a las enfermedades cardiovasculares
– Subir los impuestos a la comida rápida e informar más sobre su contenido en calorÃas ayudar a limitar su consumo; es la conclusión de un estudio reciente de la Universidad de Maastricht.
– Subirá el precio de una comida popular y económica, y en tiempo de crisis, con muchas familias sin apenas recursos ni siquiera para la alimentación, eso es un error y una injusticia. Lo insano es el consumo excesivo, pagarÃan todos por la desmesura de unos pocos. Además, los de fast food son los restaurantes más baratos. ¿A dónde iremos, si se encarecen significativamente los menús de estos locales, cuando no tenemos dinero y necesitamos o nos apetece comer fuera de casa?
– Puede propiciar que la industria reduzca la calidad de sus materias primas y/o de otros elementos de la cadena de producción (servicio, seguridad alimentaria, condiciones de trabajo de los empleados, responsabilidad social)
– Es un exceso intervencionista del Estado, y una manera disimulada de subir los impuestos. Total, para que nada cambie…
– Es injusto con la industria alimentaria de comida rápida y procesada, que paga sus impuestos y, además, está sujeta a limitaciones especÃficas en materia de promoción, información, composición de los platos, etc.
– Los ciudadanos son suficientemente maduros como para tomar las decisiones que más les convienen. Más aún, en un tema como el de la alimentación, en el que la información es abundante y está disponible (ese Internet) para quien desee hacerse con ella.
– La industria alimentaria tiene que cumplir la ley y ofrecer estándares satisfactorios y conforme a norma de calidad de producto y servicio, y de seguridad alimentaria. Y con eso debe ser suficiente; el resto es cosa del mercado libre y de la soberana decisión del consumidor.