Algo se mueve en la capital del Kurdistán turco. Faltan menos de 24 horas para que se retome el macrojuicio contra 151 representantes de la comunidad kurda -entre ellos varios alcaldes- y en las calles se suceden las marchas de protesta. Hoy es el turno de las asociaciones de mujeres que se han echado a las calles para pedir la oficialidad del kurdo. Un mensaje directo a las autoridades de Ankara que decidieron suspender el juicio nada más iniciarse porque los acusados sólo aceptaron defenderse en esta lengua no oficial.

Las protestas discurren entre fuertes medidas de seguridad. De momento la Policía observa y toma nota. El cerco de seguridad frente a la sala donde tendrá lugar el Juicio aumenta cada día. Autobuses policiales y vehículos blindados toman posiciones en los accesos principales.

Uno de los que sentarán en el banquillo de acusados será Abdulá Demirbas, alcalde de lo que denomina ‘la parte vieja’ de Diyarbakir (Amed, para los kurdos). A este representante público le pueden caer 171 años. Se siente afortunado porque al menos está en libertad provisional hasta que se celebre la vista y pide “libertad para todos mis compañeros porque esto no tiene nada que ver con la Justicia, es un juicio político“.

Después de la expectación que despertó el inicio del proceso, esta vez se esperan menos delegaciones extranjeras y menos observadores internacionales. Gobierno turco y kurdos vuelven a librar una batalla dentro del marco de una guerra que dura treinta años y ha costado la vida a 40.000 personas, aunque esta vez la guerra se librará ante un tribunal.