El diputado general de Álava, Xabier Agirre, ve relación entre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el conocido como “caso Rover” y la campaña electoral.

Xabier Agirre ha culpado al Gobierno central (PSOE) de esta “mala noticia” para Euskadi pese a que negoció la devolución del dinero con el PNV.

Fuente: EFE y Radio Vitoria.

Agirre se ha referido a la sentencia del Supremo que obliga a las instituciones vascas a devolver al Estado 435 millones de euros procedentes de operaciones correspondientes al IVA realizadas por la empresa automovilística Rover entre los años 1990 y 2005.

Según los cálculos de Agirre, la Diputación de Álava tendrá que devolver al Estado 14 millones de euros y el resto se repartirá entre las otras dos diputaciones y el Gobierno Vasco.

No obstante, fuentes del Departamento vasco de Economía han aclarado que es la Diputación la institución que tiene que devolver la totalidad del dinero, que luego se repartirá entre el resto de instituciones implicadas, según los ajustes de las aportaciones que se hagan en el Consejo Vasco de Finanzas.

Así, según el Departamento de Economía, al Gobierno Vasco le corresponderían 304,5 millones de euros y a las tres diputaciones un total de 130,5 millones.

El diputado general de Álava ha lamentado que la devolución de ese dinero va a afectar “muy negativamente” a los intereses de los alaveses y de todos los vascos.

Ha dicho que es la “primera vez” vez que un tribunal “contradice” la postura de la junta arbitral del Concierto Económico de Euskadi, el órgano en el que están representados los gobiernos central y vasco en el que se decidió la devolución a Álava de esos 435 millones de euros.

Ha culpado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de esta decisión del Supremo, ya que fue la Abogacía del Estado la que planteó el recurso ante el alto tribunal y será el Gobierno el que tenga que explicar los motivos de esta decisión.

“De esos polvos vienen estos lodos”, ha insistido Agirre, quien ha manifestado que cada vez cree menos en las casualidades y “es una gran casualidad que precisamente esta sentencia salga el día en el que se inicia la campaña electoral”.

También Agirre ha recordado que la devolución de los 435 millones de euros fue fruto de una negociación entre el PSOE y el PNV, una de las condiciones de los nacionalistas para apoyar los presupuestos generales del Estado de 2010.

“Si por la vía jurídica no hay ninguna posibilidad de recurso, habrá que plantearse la vía política”, ha indicado el diputado general, al tiempo que ha insistido en que la Diputación hizo “lo que tenía que hacer”.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, explica que Rover España adquiría los vehículos a la fábrica de esta empresa en el Reino Unido y que después eran transportados en barco hasta el puerto de Pasajes (Guipúzcoa).

Desde allí, los coches eran trasladados por una empresa externa a una campa situada en la localidad alavesa de Araia, donde tras el desparafinado, inspección y limpieza, eran enviados a la red de concesionarios de toda España.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Estado porque entiende que Rover España carecía de centros de trabajo en el País Vasco, que las instalaciones de Álava eran “un simple punto logístico” y que las labores de comercialización se hacían desde la sede principal, en Madrid.

“La campa de Araia tenía como única finalidad el almacenamiento” de los vehículos y las operaciones que allí se hacían “en ningún caso suponían una transformación de los mismos”, señala el fallo.