El PAÍS, 10 de junio de 2012 comenta: “El modelo de financiación de la Ley de Dependencia, que se basa en el número de atendidos y no en el coste del servicio, está dando el resultado que se esperaba: adelgaza sin parar la aportación del Gobierno mientras crece la de las comunidades autónomas. Si además se tienen en cuenta los retornos fiscales de esta ley vía impuestos y cotizaciones (IRPF, IVA, cuota de la Seguridad Social, etcétera) lo que sale del Gobierno es similar a lo que entra a las arcas del Estado, entendido Estado como el total de las Administraciones, porque lo que se recauda por IRPF es compartido, por ejemplo. Serían 1.937 millones en 2011 los que habría gastado la Administración central frente a 1.862 millones recaudados, según un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esto es así porque la dependencia tiene una importante parte privada, cuyo negocio revierte a las arcas estatales por los empleos que genera, ya sean trabajadores de las residencias o incluso aquellos que las familias contratan para los cuidados.
Comunidades y Gobierno están obligados a costear la dependencia a partes iguales. Y el usuario soporta un copago, muy desigual por territorios, pero que difícilmente alcanzará nunca a sostener un tercio del coste total dadas las rentas familiares y las pensiones de los ancianos. Y ello, a pesar de que el sistema tiene una excesiva deriva hacia las prestaciones económicas en el entorno familiar, que poco o casi nada reportan al erario público.
El estudio calcula que retorna a las arcas estatales un 28,44% de lo invertido, una cifra que cuadra con el cálculo que hizo el Gobierno sobre esto hace un año. “Esto son retornos directos, pero también podrían sumarse los indirectos, los que llegan vía consumo, los catering, los traslados en taxi, etcétera, activa muchos sectores”, dice José Manuel Ramírez, presidente de la asociación de directoras y gerentes. “Si toda la ley se basara en servicios, en lugar de pagas familiares, se recuperaría el 40%”, afirma.
El informe revela que el esfuerzo de las comunidades autónomas al sostenimiento de este sistema alcanzó el 60% del coste total en 2011 mientras que el de la Administración General del Estado se quedó en un 30%. Tanto ha bajado que ya los retornos fiscales son similares a la aportación estatal. El 10% restante recae en el bolsillo de las familias. Para hacer estos cálculos se ha tenido en cuenta exclusivamente lo que cuestan las ayudas que se prestan, no otros gastos adicionales. Ni el Plan E del Gobierno ni sus aportaciones a la Seguridad Social por los cuidadores familiares. Pero tampoco los gastos adicionales que afrontan las consejerías para la administración del sistema ni lo que ponen los Ayuntamientos, que no es poco.
Y una simulación para 2012 con los mismos cálculos demuestra que la tendencia empeorará: la aportación del Gobierno este año solo alcanzaría un 25% del total. “Es lógico, el sistema está parado y el Gobierno ha suprimido en los presupuestos una partida de 283 millones que se destinaban a las comunidades autónomas, que también se empleaba para pagar los costes de atención de dependientes. Este escenario hipotético, aunque es trágico para muchas familias, es el mejor para las autonomías, porque si no entran más dependientes no hay que aportar nuevos recursos”, explica Ramírez.
La financiación de esta ley prácticamente ha obligado a las comunidades a conceder más ayudas económicas que servicios, pero ahora no hay dinero ni para lo uno ni para lo otro. “Tememos que haya deuda oculta en este asunto, la contraída con las familias”, aventura Ramírez.
“Están ahogando el sistema, dejándolo morir, esto es fatal para el sector. Cuando acabe la crisis habrán destruido un tejido empresarial”, zanja Ramírez”.
Mentxu
