Trescientas familias llevan al Supremo la reforma de la ley de dependencia

Desde “La opinión de Galicia” La Asociación para los Derechos Civiles de las Personas con Discapacidad (ADCD) y cerca de trescientas familias españolas han decidido plantar cara al Gobierno y, para ello, han presentado ante el Tribunal Supremo un recurso a la reforma de la ley de dependencia pues, consideran, “atenta contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución”.

El portavoz de ADCD, Antonio Moreno, manifestó ayer su “profunda decepción” por el hecho de que “ni la oposición ni los diputados que nos intentan representar se hayan puesto de acuerdo para interponer el recurso”, siendo ellos “los que tienen la legitimidad para hacerlo”.

Tras lamentar que ni políticos ni otras asociaciones hayan decidido recurrir, Moreno explicó que su asociación busca que se anule el decreto porque “una cuestión son los derechos adquiridos que tienen las familias antes del real decreto y otra bien distinta es las familias de nueva incorporación” a las que, sostiene, sí se les puede aplicar esa reforma.

El portavoz de ADCD subrayó que la “estrategia” de la asociación para paralizar la aplicación del decreto por el que se reformó la ley de dependencia consiste en dos vías. La primera es el recurso interpuesto ayer ante el Tribunal Supremo y la segunda “el recurso que cada familia haga para que se paralice su expediente”.

Según Moreno, el recurso, del que la asociación no facilitó copia a los medios de comunicación, plantea que la reforma de la ley de dependencia vulnera derechos y deberes consagrados en el título primero de la Constitución, concretamente en los artículos 14, 31, 33 y 39.

El portavoz de la ADCD indicó que lo que se trata es de “evitar la aplicación del decreto de medidas excepcionales en el título 3 y a partir del artículo 22 y en todas las disposiciones adicionales y finales en tanto afecta a la ley de dependencia y, sobre todo, en la disminución de ingresos en el tema de la Seguridad Social de personas dependientes”.

Moreno señaló, también, que a raíz de la aprobación del decreto los miembros de su asociación pidieron amparo a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, “para que interpusiera ese recurso”, pero “ha dado la callada por respuesta”. “Hasta ahora, ha recibido más de 6.000 cartas y ha respondido con una misiva tipo donde dice que ‘estudiará el tema”, remarcó el portavoz de la ADCD.

El pasado 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la ley de dependencia que, entre otras medidas, incluye la reducción de un 15% de la paga a los cuidadores familiares de los dependientes, a los que se exigirá, además, que acrediten unos conocimiento mínimos para concederles la asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.

Con la reforma aprobada por el Gobierno desaparecen también los dos niveles en los que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido un determinado grado y nivel seguirán manteniéndolo.

A partir de la aprobación de la reforma, la ley define unos criterios comunes para determinar la capacidad económica de los usuarios que se calcularán, además de en base a la renta, con su patrimonio.

Según reconoce Antonio Moreno, las familias están dispuestas a llevar sus demandas, incluso, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo (Francia).

La iniciativa del recurso colectivo ante el Tribunal Supremo partió del propio Antonio Moreno. El portavoz de la Asociación por los Derechos Civiles de las Personas con Discapacidad y sus Familiares (ADCD) lanzó hace unos meses la propuesta de una unión de las familias afectadas en la red social Facebook. Los costes del recurso presentado ayer serán asumidos entre todas las que hayan secundado la medida.

¡FELIZ SEMANA, CORAZONES!

Mentxu

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *