El Gobierno de España sólo aporta el 18% de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, me llega esta noticia que no tiene desperdicio. Lo trascribo seguidamente: “El Observatorio Estatal de la Dependencia ha conseguido reunir los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 de las Comunidades Autónomas.
El gasto público por beneficiario es de 8.500 euros al año, de los que 7.000 euros los aportan las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado solamente 1.500 euros.
El Observatorio solicitó a las CC.AA. los preceptivos certificados de gasto en Dependencia que las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin. En un ejercicio de transparencia que agradecemos públicamente, la práctica totalidad de territorios ha accedido a aportar los documentos oficiales suscritos por las respectivas Intervenciones Autonómicas.
Hasta ahora nuestras denuncias sobre la infrafinanciación del Sistema se basaban en estimaciones del propio Observatorio sostenidas en un modelo de costes que se ha ido depurando año a año. No obstante, la falta de oficialidad de parte de la información podía plantear dudas sobre la consistencia de dicho cálculo.
Finalmente, los datos oficiales obtenidos, confirman lo que veníamos denunciando a partir de estimaciones. La Ley establece que el Sistema debe ser financiado -en su gasto público- a partes iguales (50%) por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es que la Administración General del Estado aportó en 2015 sólo el 18,1 % del gasto público frente al 81,9% de las CC.AA.
El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 2.865 millones de euros tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas. El quebranto para las Comunidades Autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes.
Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco y Navarra) arrojan un gasto público total certificado de 6.256 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.130 millones.
Hasta ahora el Ministerio no reconocía los datos que venía ofreciendo el Observatorio, y descalificaba sus estudios. Con los datos certificados, la realidad ya es incontrovertible y evidencia la falta de veracidad y la insolidaridad del Gobierno de España con las personas dependientes, con sus familias y con los territorios del Estado.
El Sistema, no dejaremos de insistir en ello, muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleos y para la obtención de retornos directos, indirectos e inducidos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3%. Si se atendiera ya a las 368.583 personas que están en espera –haciendo algo tan extraordinario como cumplir con la Ley- se generarían más de 100.000 nuevos empleos directos. Para ello el Gobierno de España debe cumplir la Ley de Dependencia e igualar la aportación autonómica tal y como debería haber sido desde el inicio de una Ley que se dictó al amparo del artículo 149.1.1ª de la Constitución (desde la responsabilidad del Estado).
Es imprescindible un debate serio y realista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para lograr un acuerdo de Estado sobre la financiación del SAAD que permita a las Comunidades Autónomas cumplir con las obligaciones encomendadas en esta materia. El próximo Gobierno tiene como tarea urgente (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto estratégico de primer orden ya que constituye un sector de la economía con alta capacidad de generación de empleo y, sobre todo, es crucial para la vida digna de un millón y medio de personas y sus familias.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales”.

Podéis seguir leyendo en http://www.directoressociales.com/prensa.html

Mentxu

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