Nerea Gálvez, portavoz de EB en las Juntas Generales de Álava, y Alicia Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes. | Fuente: eitb.com
Ezker Batua interpelará mañana al Gobierno foral sobre la presunta gestión “irregular” del tramo alavés de la autopista Vitoria-Eibar. La portavoz del grupo juntero, Nerea Gálvez, preguntará en el Pleno de control de las Juntas Generales de Álava “por qué no se han adoptado las medidas legales oportunas que concluyan en la exigencia de responsabilidades políticas y económicas”. EB se refiere a un supuesto “sobrecoste” de tres millones de euros en la AP-1 que, según denunció la Diputación, fue responsabilidad de un alto cargo nombrado por el anterior Gobierno alavés.
El 16 de enero, en una comisión de la cámara foral, la diputada de Obras Públicas y Transportes, Alicia Ruiz de Infante, acusó al exdirector-gerente de la sociedad pública Vías de Álava, nombrado por el PNV, de haber firmado en 2011 un contrato “irregular”: “Unai Grajales Rodríguez asumió unos sobrecostes en el contrato de la gestión de la autopista sin justificación alguna”.
La diputada cifró el coste “injustificado” en tres millones de euros y concretó que suponía pagar a la empresa privada Bidelan “dos veces por un mismo servicio”. Se trató de unas “mejoras que no existieron, porque ya se incluían en el contrato inicial” con la compañía. Ruiz de Infante concluyó que “podríamos estar ante un proceder totalmente irregular” y añadió que no constaba si Grajales fue “autorizado” para la firma del contrato “por el consejo de administración de la compañía, cuyo presidente y consejero delegado era el anterior diputado de Obras Públicas y Transportes, Luis Zarrabeitia”.
El jeltzale Zarrabeitia no negó la posibilidad de que se produjesen irregularidades y pidió que se investigasen las “graves acusaciones”. Asimismo, en declaraciones a Radio Vitoria, informó de que el contrato se firmó “con el conocimiento del Consejo de diputados”.
Al día siguiente, el grupo juntero del PNV solicitó la comparecencia “urgente” de Unai Grajales en las Juntas Generales. El jeltzale Ramiro González firmó la petición indicando que el propio exgerente de Vías de Álava deseaba ofrecer su versión “a la mayor brevedad posible (…) con el fin de aclarar y responder a las gravísimas acusaciones” de la diputada. El grupo explicó que presentó la solicitud para que la comparecencia fuese “a puerta abierta y con presencia de los medios de comunicación”, algo que no hubiese sido posible, siguiendo el reglamento de la cámara, de haberla pedido Grajales.
Posteriormente, en una entrevista en Radio Vitoria el 24 de enero, la diputada de Obras Públicas y Transportes advirtió de que los términos del acuerdo final con Bidelan dependerán de “cómo sigan las negociaciones” con la empresa. A la pregunta de si acudiría a los tribunales para exigir responsabilidades, Alicia Ruiz de Infante señaló que ahora “el interés primordial” del Gobierno foral es que el supuesto contrato irregular “no cueste ningún dinero más a las arcas públicas”. Y cuestionada sobre el por qué de que se destapasen ahora las presuntas irregularidades, respondió que lo hizo “porque el PNV pidió mi comparecencia”.
Ruiz de Infante admitió estar “deseando” escuchar las explicaciones de Unai Grajales, pero insistió en que lo expresado en la comisión no estaba basado en “sospechas”: la diputada citó “informes técnicos internos” redactados por “la secretaria general” de la Diputación alavesa, que defendían que el exgerente de Vías de Álava “carecía de facultades para comprometer a la sociedad en esos términos”. En este sentido, consideró “fundamental” escuchar al exgerente de Vías de Álava para “ver si se contradicen estos informes técnicos o se ratifican”.
Dos días después, en una tertulia política en Radio Vitoria, el portavoz del grupo juntero nacionalista, Ramiro González, coincidió con el exdiputado Luis Zarrabeitia al defender que, si hubo irregularidades, Grajales “tendrá que responder”. Pero advirtió: “Si se pretende acudir a renegociar o anular el contrato [con Bidelan] amparándose en una acusación que no se corresponde con la realidad, estaríamos ante un supuesto tremendamente grave, y quien tendría que responder sería la propia diputada. (…) Estaríamos jugando con el honor de una persona para evitar un perjuicio económico a la Diputación”. En el programa Plaza Nueva Fin de Semana, el jeltzale exigió que le fuesen remitidos todos los documentos citados en la comisión del 16 de enero por la diputada: “está tardando mucho el Partido Popular”, alertó el 26 de enero.
El portavoz de Bildu en las Juntas Generales, Gorka Ortiz de Guinea, enumeró, por un lado, los documento solicitados por su grupo, entre ellos, “un informe técnico”, uno “jurídico” y “las actas del consejo de administración” de Vías de Álava. Por otro lado, subrayó que si las acusaciones de la diputada, que calificó de “extremadamente graves”, se confirman, no entendería “la tibieza” de la Diputación al no acudir a los tribunales.
El juntero del PSE, Josu López Ubierna, remarcó que las “condiciones” del contrato firmado por Grajales “son muy positivas para una empresa privada”. En otro orden de cosas, reclamó que se aclare por qué Vías de Álava y Bidegi, sociedades dependientes de las Diputaciones de Álava y Gipuzkoa respectivamente, “tienen una cuenta de alto rendimiento adonde van las cantidades en metálico que se cobran en los peajes”.
La portavoz del grupo juntero del PP, Ana Morales, insistió en que la exposición de Alicia Ruiz de Infante en las Juntas Generales fue “absolutamente impecable y rigurosa, ciñéndose en todo momento a los informes técnicos de la Secretaría General de la Diputación y del servicio de Carreteras”. La representante popular añadió que eso fue algo “que no hizo el anterior ejecutivo, que suscribió un nuevo contrato sin causa aparente ni justificada”. Ante estas palabras, el portavoz jeltzale, Ramiro González, le afeó el haber “juzgado y condenado a Unai Grajales”, a su juicio, y le calificó de “inquisición en persona”.
La portavoz del Partido Popular defendió que “a ningún grupo político le hubiese gustado que el Gobierno hubiese ocultado esta información”. La portavoz de EB, Nerea Gálvez, dijo que le producía “inquietud” que el ejecutivo actual tuviese “conocimiento de estos datos desde 2011 y estamos en 2013. ¿Por qué sale ahora? Y si tienen tan claro que el contrato [con Bidelan] puede ser nulo de pleno derecho, ¿por qué desde 2011 no lo han anulado?”. Opinó que la Diputación ha estado “años con los papeles en el cajón”.
La juntera de Ezker Batua recordó también que en la comisión del 16 de enero “quedó de manifiesto que el consejo de administración de Vías de Álava coincidía con el consejo de diputados del ejecutivo de Xabier Agirre, por lo que el exgerente estuvo amparado por el consejo de diputados. (…) Por lo tanto, a quien hay que pedirle responsabilidades es al anterior ejecutivo, y su responsable máximo era Xabier Agirre”. El portavoz del PNV respondió que, siendo Alicia Ruiz de Infante “diputada de este Gobierno”, si las “acusaciones” resultan ser falsas, “la responsabilidad será de Javier de Andrés”, actual diputado general de Álava.
La portavoz de EB interpelará a la diputada de Obras Públicas y Transportes sobre “por qué no se han adoptado las medidas legales oportunas” si existen “sospechas fundadas de un enriquecimiento indebido”. En el cuarto punto del Pleno de control de mañana en las Juntas Generales de Álava, Gálvez también preguntará a Alicia Ruiz de Infante “contra quién o quiénes recurriría” si acudiese a los tribunales y “qué medidas contempla (…) en caso de que no se resuelva favorablemente la negociación emprendida con Bidelan”.