El comité de empresa del Ayuntamiento de Vitoria ha pedido hoy que no se obligue a los policías locales a intervenir en desahucios de primeras viviendas que se lleven a cabo en la ciudad y que no se sancione administrativamente a quienes se nieguen a ello por “objeción de conciencia”.
El comité de empresa ha dirigido hoy una carta al alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto (PP), en la que le recuerda que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución establecen el derecho a disfrutar de “una vivienda digna”.
También menciona en su misiva la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo que determinó que la Ley Hipotecaria española es ilegal.
La representación de los trabajadores pone de relieve que pese a que esta normativa está “muy por encima de la Ley Hipotecaria” y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la banca y los grandes capitales se siguen amparando en ellas para expulsar de sus casas a multitud de familias.
El hecho de que esas viviendas queden vacías tras los desahucios en la mayoría de los casos y que son precisamente las entidades financieras las que crearon la “burbuja inmobiliaria”, han llevado al comité a pedir al alcalde que defienda los preceptos básicos de la Constitución y la normativa europea y “no obligue al personal de Departamento de Seguridad Ciudadana -policías locales y bomberos- a intervenir en lanzamientos de primeras viviendas”.
También le solicitan que respete el derecho de dichos trabajadores a la objeción de conciencia, que defienda a los más desprotegidos socialmente y que, subsidiariamente, no se impongan sanciones administrativas a quienes se nieguen a intervenir en desahucios.
Fuentes municipales consultadas por Efe han señalado que cuando se produce un desahucio la Policía Municipal no actúa bajo las órdenes del alcalde, sino que lo hace como policía judicial a petición del juez.
El Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, acordó recientemente amparar a aquellos trabajadores municipales que rehusaran participar en los desalojos, entre ellos los miembros de la Guardia Municipal.
Además, ayer el colectivo Sport Desahucios de Álava anunció que algunos de los principales cerrajeros de este territorio se han comprometido a no intervenir en desahucios de primeras viviendas de personas “de buena fe” que no pueden hacer frente a su hipoteca.