Medio centenar de personas, entre las que se encuentran profesores universitarios y conocidos activistas de distintas causas sociales en Vitoria, han suscrito un manifiesto en el que denuncian que el “‘bullying’ mediático y social” contra la familia Manzanares Cortés, conocida como “pichis”, está “rayando lo delictivo”.
En el texto, presentado hoy en rueda de prensa, sus firmantes se muestran “extremadamente preocupadas” por la situación de rechazo creada tras al concesión de una vivienda de alquiler social en Astegieta a esta familia y recuerdan que los Manzanares Cortés han esperado su turno en las listas de Alokabide como cualquier otro ciudadano.
El manifiesto defiende su derecho a “vivir en paz” y subraya que este derecho está reforzado por su actitud “abierta y razonable y su determinación en la búsqueda de la convivencia en paz”, que recuerda ha sido “constatada” por informes de los servicios sociales para poder acceder a un piso de alquiler.
Por ello, asegura que esta familia está sometida a una “situación de ‘bullying’ mediático y social sin precedentes” en la ciudad, que “raya, si no traspasa lo delictivo” con “escraches humillantes, amenazas, invasión mediática abusiva de su intimidad, e informaciones falsas”.
Los firmantes advierten de la existencia en Vitoria de un grupo de personas que “instrumentalizan” a los habitantes de los barrios con la “excusa de la lucha contra la delincuencia” y les “incitan” a tomar actitudes “xenófobas y racistas y comportamientos que vulneran los derechos humanos de otros vecinos”.
Esta postura, a su juicio, se asemeja mucho a la protagonizada por la extrema derecha en numerosos lugares de Europa y que “no se puede tolerar de ninguna de las maneras en una ciudad diversa en su convivencia”.
En este sentido, defienden que el asalto a la vivienda adjudicada a esta familia debe ser investigado para que sus autores materiales y sus “instigadores” respondan ante los tribunales.
Así, instan a las instituciones públicas, los medios de comunicación y la sociedad civil a posicionarse frente a este “desafió inaceptable” a la convivencia y a los derechos de todas las personas.