Cuatro empresarios han sido detenidos por la Policía Nacional en San Sebastián acusados de defraudar más de 1,5 millones de euros al incumplir sistemáticamente el pago de las cuotas de sus empleados a la Seguridad Social y declararse después insolventes.
Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno en el País Vasco, funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de San Sebastián y de la Sección de Investigación de la Seguridad Social han arrestado los pasados días 6 y 7 de marzo, en dos operaciones distintas, a estos cuatro empresarios acusados de delitos contra la Seguridad Social y de insolvencia punible.
Previamente, la Dirección Provincial de la Seguridad Social de San Sebastián había informado a la Sección de Investigación de irregularidades detectadas en dos grupos empresariales que operaban en la ciudad.
Se trataría, en el primer caso, de la creación de un entramado de empresas de hostelería y tintorerías, hasta un total de diez, propiedad de dos de los detenidos, J.M.S.E. y A.I.S.E., quienes eludían sistemáticamente el pago de las cuotas a la Seguridad Social, al tiempo que se las ingeniaban para situarse “dolosamente” en situación de insolvencia para evitar embargos.
Los trabajadores de estas compañías veían descontadas de sus nóminas las aportaciones en cuotas a la Seguridad Social, pero esas cantidades no eran ingresadas en la Tesorería.
El fraude estimado hasta marzo de este año asciende a 984.351,92 euros, ha agregado la misma fuente, que ha precisado que los arrestados eran “profesionales de la insolvencia”, que “sistemáticamente incumplen sus obligaciones de pago presumiendo que las acciones administrativas van a tener nulo efecto sobre su patrimonio” y que eluden la obligación de presentar declaración concursal.
Por otra parte, agentes del Cuerpo Nacional de Policía han arrestado por similares motivos a otros dos empresarios, E.S.L. y R.O.L., por similares motivos después de que los intentos de la Tesorería de la Seguridad Social por hacer efectiva la deuda fueran asimismo infructuosos.
Se calcula que en este caso la cantidad pendiente de pago a la administración alcanzaría los 581.512,34 euros.