El juzgado de primera instancia número 1 de San Sebastián ha desestimado la petición de un jubilado donostiarra de zanjar una deuda hipotecaria con la dación en pago del local para el que fue solicitado el crédito, lo que obligará a esta persona a entregar al banco su vivienda, según Stop Desahucios.
Kaleratzeak Stop Desahucios Gipuzkoa había interpuesto un recurso para evitar que este jubilado, Iñaki González, fuera desalojado de su vivienda al no poder afrontar una deuda de 12.000 euros con Kutxa.
González, residente en el barrio donostiarra de Herrera, compró en 2008 un local cercano a su domicilio para reformarlo con el objeto de hacer en él una vivienda para uno de sus hijos.
Para ello solicitó una hipoteca de 80.000 euros a Kutxa, actualmente integrada en Kutxabank, que tasó el local en 113.000 euros, pero el afectado no pudo hacer frente a los pagos, por lo que mediante un “procedimiento ejecutivo” Kutxa se adjudicó el local por 68.000 euros, el 60 por ciento del valor inicial de tasación.
González entregó las llaves del inmueble al banco, pero éste le reclama 12.000 euros en concepto de intereses vencidos y 23.000 para intereses y costas judiciales, una cantidad que al jubilado, que cobra una pensión de 417 euros, le es imposible afrontar.
La vista oral, la primera que se celebró en Gipuzkoa para atender un recurso de esta plataforma ahora desestimado, se celebró el pasado 30 de octubre.
Esta sentencia, según Stop Desahucios, va a permitir a Kutxa, que ha puesto el inmueble a la venta por casi el doble del valor por el que se la adjudicó en subasta, seguir reclamando el resto de la deuda, “lo que le obligará a entregar en pago su único bien, la vivienda familiar”.
La plataforma contra los desahucios acata el fallo judicial, aunque no comparte sus argumentos, y anuncia que utilizará “todos los recursos legales disponibles para cuestionarla, aun conociendo que son mayoría los jueces que se ajustan a la literalidad de la ley, sin tener en cuenta la realidad social del tiempo en que se aplican”.
“Son pocos los magistrados que utilizan las escasas herramientas jurídicas de que disponen, para que también se haga justicia, aplicando la ley, en favor de las personas afectadas por la hipoteca. Así lo exigiremos ante la Audiencia Provincial mediante el oportuno recurso de apelación”, precisa.