La diputada de Administración Foral y Función Pública de Gipuzkoa, Garbiñe Errekondo, ha asegurado que “todos los pasos que se van a dar”, tanto en la tramitación del expediente de segregación de Igeldo de Donostia, como en el proceso de participación ciudadana, “se darán con total seguridad jurídica”.
Errekondo ha hecho estas declaraciones durante su intervención ante la Comisión de Administración Foral y Función Pública de las Juntas Generales de Gipuzkoa, en la que ha comparecido acompañada por el director de Régimen Jurídico, Luis Elizegi, y la directora de Participación Ciudadana, Arantza Ruiz de Larrinaga.
La diputada foral ha repasado los distintos trámites administrativos y judiciales que ha seguido la solicitud de segregación de Igeldo presentada por el colectivo Itxas-Arrue desde 1995 hasta la actualidad.
“Es a la Diputación Foral a la que corresponde responder a esta demanda y así lo vamos a hacer”, ha recalcado Errekondo, quien ha asegurado que lo se ha hecho en los últimos 18 años con la solicitud de Igeldo es un “claro ejemplo” de lo que no deben hacer los políticos que es “gobernar dando la espalda a la ciudadanía”.
En su opinión, “nadie puede poner en duda que la Diputación tiene competencia en materia de demarcaciones municipales, ni puede negar que tiene facultad para convocar una consulta popular”, tal y como recoge la normativa foral.
Ha argumentado asimismo que los “servicios jurídicos forales señalan que la tramitación de la petición de Igeldo se ajusta a la legalidad”, mientras que, “políticamente, el Consejo de Gobierno se ha comprometido a tomar en consideración la opinión de los vecinos de Igeldo antes de decidir su futuro”.
Errekondo ha considerado “inconcebible” que haya partidos que “se opongan a iniciar un proceso participativo para conocer la opinión de la ciudadanía” y ha dicho que el gobierno foral de Bildu, coherente con su defensa de la democracia directa y el respeto al derecho a decidir, ha decidido convocar una consulta en Igeldo antes de tomar una decisión sobre su solicitud de desanexión.
Errekondo ha coincidido con el colectivo Itxas Aurre en que en este caso debe aplicarse la legislación de aquel momento, un real decreto de 1986 menos exigente que la actual norma foral de 2003, que establece un mínimo de 2.500 habitantes para la desanexión, requisito que incumple Igeldo.
“Si algo está claro en la tramitación es eso” y así lo han dictado los tribunales, ha zanjado Errekondo, quien ha recordado que Astigarraga ya se desanexionó de San Sebastián y que aquello no supuso ninguna “catástrofe”.
La juntera del PP María Asunción Guerra ha reprochado a Errekondo que en este caso Bildu “se agarre como gato panza arriba” a la legislación española y ha pedido “seriedad” al gobierno foral.