La Abogacía del Estado ha solicitado a un juzgado de San Sebastián que suspenda la consulta no vinculante sobre la desanexión del barrio donostiarra de Igeldo, impulsada por la Diputación de Gipuzkoa, institución que considera inadmisible que “se quiera negar el derecho a votar de los ciudadanos”.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco han confirmado a Efe que el pasado lunes se cursó esta petición en uno de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la capital guipuzcoana, al que solicita “una medida cautelar provisionalísima” para suspender la consulta.
El ente foral explica en un comunicado que ayer fue informada de este hecho y que su equipo jurídico “está ultimando el escrito de respuesta para enviarlo al juzgado en breve”.
Para la Diputación, la petición de la Abogacía del Estado, a instancias del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, “socava la base de la participación ciudadana y de la democracia”.
“Desde el punto de vista de la legalidad y desde el punto de vista de la democracia, no tiene ni pies ni cabeza. Que a los 883 igeldotarras mayores de 16 años que tienen derecho a dar su opinión sobre la desanexión de Igeldo, se les quiera denegar ese derecho básico por vía judicial es totalmente inadmisible”, destaca.
Considera que es “un ataque claro y frontal a la ley, a la democracia y a la expresión de la voluntad popular”.
La Diputación de Gipuzkoa defiende que su “posición y práctica” es “totalmente legal”, ya que la norma foral de Participación Ciudadana “legisla con claridad la competencia de la institución foral para convocar consultas populares no vinculantes”.
Añade que este polémico referéndum es la “culminación” del proceso de participación que se ha llevado a cabo todo el mes de noviembre.
El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha dicho al respecto, en declaraciones a los periodistas en Vitoria, que Carlos Urquijo “se ha equivocado porque la ley es muy clara”.
“Nosotros vamos a respetar las consultas populares siempre. Vamos a hacer la consulta a no ser que el juez diga lo contrario, y creo que la ley nos protege”, ha asegurado.