La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha informado hoy de que “la denuncia pública y la lucha ciudadana” han forzado a una entidad bancaria a aceptar las medidas de reestructuración de la deuda hipotecaria que solicitaba hace tres meses una donostiarra y su hija menor en situación de vulnerabilidad social.
La portavoz de la entidad, Rosa García, ha hecho este anuncio a los medios de comunicación durante una concentración, esta mañana ante la sede central del Banco Sabadell Guipuzcoano en San Sebastián, que inicialmente Stop Desahucios había convocado para denunciar el caso de Ludmila, una vecina de la capital donostiarra con una hija de 7 años y unos ingresos de 861,54 euros mensuales.
Según ha explicado, el pasado 22 de junio la mujer solicitó acogerse al denominado “decreto De Guindos” sobre buenas prácticas bancarias porque cumplía “todos sus requisitos de vulnerabilidad” que establece para beneficiarse de una carencia de cinco años con el pago de una cuota reducida para el préstamo hipotecario de su vivienda.
Ha denunciado que el Banco Sabadell Guipuzcoano “incumpliendo la ley” y los plazos establecidos para estos casos -que “deben ser resueltos en un mes”, según ha afirmado-, se ha dedicado desde entonces a “marear la perdiz” y “obstaculizar” la tramitación reclamando “requisitos no contemplados”.
Sin embargo, apenas media hora antes de comenzar la concentración y mientras los activistas de Stop Desahucios preparaban la protesta, el director regional del banco ha salido al exterior y ha entregado al representante legal de la plataforma un escrito en el que comunicaba la resolución del caso de Ludmila.
En la carta, el banco señala que, “revisada la documentación”, confirma que la afectada “puede acogerse a las medidas de reestructuración de su deuda hipotecaria en los términos previstos en el Código de Buenas Prácticas Bancarias”.
Sobre “las cuotas impagadas hasta la fecha de la solicitud”, la entidad propone “retrotraerlas hasta el último recibo pagado”, en abril pasado, y “reliquidarlas” según las medidas previstas en el código.
También comunica la concesión de un periodo de carencia desde mayo pasado hasta abril de 2022 y la aplicación de una cuota de 52,37 euros, frente a los casi 1.100 que la mujer pagaba antes.
“El Sabadell hasta hace unos minutos no quería cumplir la ley” pero “nos alegramos que ahora lo haga”, ha proclamado Rosa García, quien ha atribuido a la presión de “la denuncia pública” y “la lucha ciudadana” el cambio de postura.
En la concentración de Stop Desahucios han acudido varios decenas de personas, entre las que se encontraban concejales de San Sebastián o juntero de Gipuzkoa de EH Bildu, PSE-EE, Podemos e Irabazi.