El fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, que es investigado por un juzgado de San Sebastián por presuntos abusos a modelos y delitos contra la libertad sexual, entre otros, se enfrentará a la décima solicitud de ingreso en prisión por parte de la acusación particular que representa a las presuntas víctimas, después de que las nueve ocasiones anteriores se haya acordado su mantenimiento en libertad.
Según han indicado a EFE fuentes del caso, la comparecencia para solicitar el ingreso en prisión no se llevará a cabo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital guipuzcoana, Ana Isabel Pérez Asenjo, quien se ha inhibido del caso después de que en marzo pasado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitiera a trámite de forma parcial una querella interpuesta en su contra por la acusación particular, debido a su supuesta “falta de actuación” en un requerimiento que ella misma realizó al fotógrafo para que retirara de internet las imágenes de las mujeres “perjudicadas en este procedimiento”.
De esta manera, será el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 quien dirija esta comparecencia, si bien previamente tomará testimonio a dos de las presuntas víctimas del fotógrafo, así como a una testigo, y posteriormente tomará declaración nuevamente al propio Cabezudo.
A mediodía, a la misma hora en la que tendrá lugar la petición de ingreso en prisión de cabezudo, al parecer por su presunto incumplimiento de retirada de internet de distintas imágenes de las víctimas, está convocada una concentración ante el Palacio de Justicia de San Sebastián, situado en la plaza Teresa de Calcuta, en apoyo a las mujeres personadas en este procedimiento judicial.
El Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián mantiene abierta desde el año 2013 una investigación penal contra Cabezudo por presuntos delitos contra la libertad sexual y la intimidad, violación, abuso sexual, estafa, delitos contra el honor, injurias, descubrimiento de secretos, amenazas y asistencia a espectáculos exhibicionistas o pornográficos
Según informó recientemente el TSJPV en una nota de prensa, hasta el momento se han practicado en esta causa “un importante número de diligencias de instrucción”, entre ellas nueve declaraciones del fotógrafo investigado y dos del otro querellado en la causa, que según han señalaron a Efe fuentes del caso, es un técnico informático.
Asimismo, se han tomado declaraciones a una veintena de testigos, algunas a través de exhortos y videoconferencias, once testimonios de perjudicadas y dos declaraciones periciales.
Se han aportado también tres dictámenes periciales de parte, y “solicitado y realizado once informes periciales de diversa complejidad por parte de la Ertzaintza y Policía Nacional”.
Hasta el momento, sólo se ha solicitado al juzgado una retirada de material de pornografía infantil, petición que fue realizada por la Fiscalía el pasado 15 de marzo como medida cautelar.
“La decisión sobre esta solicitud -de la Fiscalía- fue adoptada al día siguiente, 16 de marzo de 2018”, aclaró la nota del TSJPV, que recordó también que el juzgado no puede adoptar esta medida “de oficio” porque “el único con competencia para su solicitud es el Ministerio Fiscal”.
Por el momento, el fotógrafo investigado se encuentra en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecencias los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte, si bien fuentes del caso han indicado a EFE que ha depositado 400.000 euros en avales “para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa”.