La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado el proyecto de Ordenanza reguladora de la instalación de quioscos en la vía pública, que establece que podrán ser quioscos de prensa o de hostelería, con concesión administrativa de 15 años y con modelos homologados.
La norma, que deberá ser aprobada en pleno para su entrada en vigor, determina los tipos de quioscos, sus características, el otorgamiento de concesión o el régimen sancionador.
En ella se define quiosco como aquella instalación urbana homologada por el Ayuntamiento y situada de forma permanente en vías y espacios de uso público, que tiene como finalidad el ejercicio de una actividad de tipo mercantil no dependiente de otra y cuya instalación y funcionamiento están sujetos a una concesión administrativa por la utilización privativa y anormal de bienes de uso público.
La norma establece que el plazo máximo de vigencia de la concesión administrativa no excederá de 15 años, por los 7 de la anterior ordenanza, y tendrá carácter improrrogable.
Los quioscos de prensa estarán destinados a la venta de periódicos, revistas y publicaciones periódicas en cualquier soporte y en ellos se podrá autorizar la venta de otros productos complementarios, como flores, chucherías y frutos secos, tarjetas de transporte o tarjetas de teléfono.
Por su parte los quioscos de hostelería estarán destinados a la venta de los mismos productos que los bares. En este caso la concesión llevará consigo la autorización para el uso privativo, en beneficio de la explotación, de una zona de dominio público adyacente al quiosco a modo de terraza.
Los quioscos no crearán barreras arquitectónicas; no podrán obstaculizar el acceso a edificios, locales, instalaciones públicas, recintos cerrados o dificultar la visibilidad; no se ubicarán en calzadas o en zona de aparcamiento de vehículos; o no dificultarán el tránsito peatonal, entre otras.
El proyecto señala además un régimen de distancias para la ubicación del quiosco, determina condiciones de emplazamiento y establece un régimen sancionador por incumplimientos, que puede ir desde multas de entre 300 y 1.000 euros hasta 6.000 euros y revocación de la concesión administrativa.