El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado el proceso para rehabilitar e incorporar ocho nuevas viviendas al parque municipal destinado a paliar situaciones de emergencia habitacional.
El consistorio cuenta con 25 viviendas ya rehabilitadas en los barrios de Buztintxuri, Rochapea y San Jorge para dar cobertura a las necesidades que se originen tras la entrada en vigor el próximo mes de marzo de la ordenanza de acceso y utilización de viviendas municipales para situaciones de emergencia.
Diez de las viviendas están en Buztintxuri, ocho en Rochapea y siete en San Jorge, informa el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado.
El consistorio quiere ahora continuar la rehabilitación de otras 8 viviendas para ese mismo fin en la Rochapea, que se financiarán con la baja presupuestaria obtenida en el contrato de intervención en las 25 viviendas ya listas.
En su momento se reservó una partida de 200.000 euros, pero la ejecución del contrato fue de 136.674, por lo que los más de 63.000 euros sobrantes se destinará a las nuevas viviendas.
Para este año, el presupuesto recoge una partida de 370.000 euros y en estos momentos se está estudiando dónde seguir interviniendo para continuar con la rehabilitación de más viviendas municipales.
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con unos 170 pisos vacíos en la ciudad, con distintos grados de rehabilitación necesaria.
Esas viviendas municipales se encuentran en las calles Garde (18 viviendas), Nazario Carriquiri (15), Joaquín Beúnza (8) y grupo San Pedro (70) en el barrio de la Rochapea, en el paseo de Santa Lucía (10) en Buztintxuri, en el paseo de Sandúa (7) en San Jorge, en la estación de autobuses antigua (28) y en el bloque del mercado del Segundo Ensanche (16).
Los beneficiarios deben estar empadronados o con residencia efectiva demostrable en Pamplona con una antigüedad de dos años, aunque excepcionalmente se pueden valorar otras situaciones avaladas por los servicios sociales municipales.
Además, no deben superar el tope de ingresos según el número de miembros de la unidad familiar (hasta 2,2 veces el IPREM en caso de un solo miembro o hasta 3,25 veces en unidades de 5 o más miembros) y no disponer de patrimonio mobiliario cuyo valor sea superior a 1,5 veces la cuantía anual del IPREM.