Cuatro áreas del Ayuntamiento de Pamplona trabajan para atender las preocupaciones de los vecinos en torno al asentamiento chabolista instalado en Santa María la Real, donde en varias casetas viven de manera irregular ocho personas que al parecer se dedican a recuperar y vender chatarra.
Entre estas personas no hay menores, ha constatado el consistorio, que en una nota revela que, a falta de evaluar condiciones de habitabilidad y riesgos, no se prevé una intervención directa o desalojo de estas personas.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha conocido hoy diferentes informes municipales sobre la situación y en estos momentos se están revisando las condiciones de habitabilidad de esas construcciones instaladas en la parcela y la prevención de posibles riesgos tanto para los residentes como para los vecinos y vecinas de la zona.
Las áreas municipales de Acción Social y Desarrollo Comunitario, de Seguridad Ciudadana y Convivencia, de Ecología Urbana y Movilidad y de Ciudad Habitable y Vivienda trabajan conjuntamente para analizar la situación de esas ocho personas, todas ellas de origen rumano, instaladas en la zona.
En los informes realizados hasta ahora, como primera evaluación, no se prevé una intervención directa o un desalojo de las personas que allí habitan, pero el Ayuntamiento está valorando posibles soluciones.
La parcela en la que se han instalado estas personas es propiedad del Club de Tenis, en cuya trasera está ubicada, en la zona de Santa María la Real próxima a la avenida de Cataluña, junto al barrio de Lezkairu.
A la espera de su futura urbanización, en estos momentos, la parcela cuenta una zona de matorrales, arbustos y árbol bajo en la que se han instalado esas personas.
El Ayuntamiento de Pamplona está informado permanentemente de la situación y, además, personal técnico municipal de las áreas de Acción Social y Desarrollo Comunitario y de Ecología Urbana y Movilidad visitan la zona regularmente.
Asimismo, al constar denuncias por la ocupación de la parcela, presentadas ante la Guardia Civil, hay abierto un proceso de investigación judicial.