La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado hoy el proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos 2018 que, como norma general, congela todas las tasas y precios que aplica el Consistorio o introduce criterios de progresividad.
Esta aprobación llega tras la consulta pública realizada entre el 31 de julio y el 11 de agosto y el trámite de audiencia que se realizó desde el 22 de agosto hasta el 4 de septiembre, sin que en ninguno de esos periodos se recibieron alegaciones ni sugerencias de la ciudadanía, según informa el Consistorio.
El proyecto introduce el criterio de progresividad de las rentas a la hora de establecer los precios públicos de los servicios municipales para las personas mayores.
Se proponen nuevos baremos para tener en cuenta los tramos más bajos de renta a la hora de adecuar la tasa de los servicios a la realidad socioecómica de este colectivo en una ordenanza que se había mantenido sin modificaciones desde 2012.
El proyecto prevé establecer una cuota especial para los tres primeros tramos de renta con el fin de recoger la especial situación de vulnerabilidad del grupo de personas perceptoras de pensiones no contributivas, pensiones SOVI y unidades familiares unipersonales con renta garantizada.
A partir de estos tramos, la tarifa se calcularía aplicando un porcentaje progresivo a las rentas per cápita de las personas usuarias, procurando equiparar al porcentaje del 20 % aquellas situaciones socioeconómicas que más se acerquen a una renta garantizada unipersonal e incrementando las tasas progresivamente a medida que se mejora la situación económica.
A esta propuesta solo se presentó una enmienda de UPN que pedía una aplicación diferente de la progresividad con un único epígrafe, de modo que el cálculo de las tarifas se realizara aplicando un porcentaje progresivo a las rentas “per capita” de las personas usuarias. La enmienda ha sido desestimada.
Con una filosofía similar, la de adecuar precios públicos a la realidad socioeconómica de los diferentes colectivos, el proyecto de las ordenanzas fiscales para 2018 introduce la exención del pago de los servicios veterinarios para personas en exclusión social.
En la misma norma 10, se añade la posibilidad de exención de costes para este mismo colectivo en caso de que demande un sacrificio eutanásico de animales.
Por otra parte, el texto aprobado por la Junta de Gobierno propone regular un nuevo servicio en el Archivo Municipal que permitirá encargar al personal del Ayuntamiento labores de investigación y de búsqueda de documentación.
Este nuevo servicio se prevé poner en marcha tras la demanda detectada entre personas que no pueden acudir al Archivo pero que desean obtener información o documentación, tarea que ahora se encargaría a personal municipal. El coste es de 27 euros la hora.
Además, en la misma ordenanza se propone aplicar una nueva bonificación en caso de expedición de copias de documentos para aquellas personas que justifiquen mediante declaración personal firmada la realización de un trabajo de investigación de interés general. De la misma bonificación se beneficiarían estudiantes debidamente acreditados.
Finalmente, en lo referente a la contribución territorial, la ordenanza fiscal 1 modifica el gravamen de las unidades urbanas con la finalidad de seguir manteniendo la misma presión fiscal para el conjunto de Pamplona.
Así, se actualiza el tipo de gravamen teniendo en cuenta la incidencia de la depreciación de los valores catastrales por la aplicación del coeficiente de antigüedad, incrementando los tipos de unidades urbanas en un 0,72 %. Pasa del 0,3826 % al 0,3853 %.