El pleno del Ayuntamiento acordó ayer, con los votos a favor del PP, PSE-EE y EH Bildu y la abstención del PNV, instar al Gobierno Vasco a que revise a la baja los alquileres de las viviendas de protección oficial para evitar desahucios por impago de las rentas.
Los grupos municipales del PSE-EE y EH Bildu han promovido la celebración de un pleno extraordinario para votar una moción impulsada por la plataforma Stop Desahucios.
El objetivo de la iniciativa es que el Gobierno Vasco adopte de forma urgente las medidas necesarias para que se cumpla lo que acordó el Parlamento de Vitoria el pasado 7 de abril.
La moción aprobada tiene el mismo contenido que la que dio luz verde el pleno de la Cámara.
Así, el Ayuntamiento ha instado al Gobierno Vasco a que el precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler se adecúe realmente a la bajada sufrida por el mercado.
También ha pedido que se garantice que las rentas no superen el 30 % de los ingresos de la unidad familiar, incluidas las tasas y gastos fijos de comunidad, y que estos inquilinos puedan acceder a la Prestación Complementaria de Vivienda que concede el Ejecutivo vasco.
Además, la moción aprobada solicita que la renta sea revisada anualmente en función de los ingresos de la familia y que se establezcan mecanismos que permitan a los inquilinos participar en la gestión de los gastos de comunidad para reducir los que puedan ser innecesarios.
Los dos grupos impulsores de la moción creen que es urgente adoptar estas medidas dado que una parte importante de las viviendas públicas de alquiler gestionadas por Alokabide se encuentran en Vitoria.