La Abogacía del Estado ha desistido del recurso que había presentado ante un juzgado donostiarra contra la consulta sobre la desanexión del barrio de Igeldo, promovida por la Diputación de Gipuzkoa, y lo ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ha informado hoy la institución foral.
La Abogacía del Estado ha adoptado esta decisión después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián planteara de oficio una cuestión para ver si el asunto era de su competencia o si, por el contrario, ésta pudiera corresponder al TSJPV.
El juzgado trataba de determinar si, al promover la consulta en Igeldo, la Diputación de Gipuzkoa había actuado ejerciendo competencias de una institución provincial o las de una foral, ya que en el primer supuesto el asunto correspondería al propio juzgado, mientras que en el segundo sería del TSJPV.
El juzgado donostiarra debía resolver esta cuestión de forma previa a -si finalmente le correspondiera a él el caso- pronunciarse sobre la supresión cautelar de la consulta que le había demandado la Abogacía del Estado.
Según informa ahora la Diputación, el juzgado ha solicitado hoy la opinión de las partes sobre la cuestión de competencias, ante la que la institución foral se ha pronunciado esta misma mañana mediante un escrito.
Sin embargo, siempre según la versión de la Diputación, la Abogacía del Estado ha decidido desistir del recurso interpuesto en San Sebastián para trasladarlo directamente al TSJPV.
En un comunicado, la Diputación de Gipuzkoa aclara que el Tribunal Superior ya le ha demandado una copia del expediente de Igeldo, por lo que “ahora está en manos de esa instancia judicial decidir acerca de la legalidad de la consulta”.
La institución foral ha lamentado en su nota que, “de una manera u otra”, el abogado del Estado “siga empeñado en prohibir que los igeldotarras den su opinión sobre la desanexión”, un hecho que considera “inadmisible”.
La Diputación reitera que esta consulta “es totalmente legal” porque “esta amparada por la Norma Foral 1/2010 de Participación Ciudadana del 8 julio”.
Recuerda en este sentido que se trata de una consulta “no vinculante” y que este tipo de actos “se han hecho y se siguen haciendo con total normalidad, tanto en España como en Euskal Herria”.
“Forzar la ley para negar a los igeldotarras el derecho a participar y a votar en una consulta popular y negar las competencias de la Diputación es realmente grave en un estado supuestamente democrático y de derecho”, concluye.