Álava no recurrirá y pagará los 435 millones del caso Rover

La Diputación de Álava ha confirmado que ha retirado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de llegar a un acuerdo con el Gobierno central para pagar en tres plazos los 435 millones de euros del denominado “caso Rover“.

Fuente: EFE

La retirada del recurso de amparo que presentó en 2011 el anterior diputado general de Álava, Xabier Agirre (PNV), tuvo lugar el pasado mes de octubre tras acordar el aplazamiento del pago.

En virtud de este acuerdo, la Diputación de Álava ha abonado en 2011 a través de la liquidación del Cupo y de los ajustes de IVA y otros impuestos especiales 145 millones de euros correspondientes a caso Rover.

Los dos abonos restantes al Estado por este concepto se liquidarán en 2012 y 2013 por similares cuantías a la pagada el pasado año.

La situación tiene su origen en el pago de 435 millones que hizo a Euskadi el Gobierno entre finales de 2009 y principios de 2012, correspondientes a la devolución del IVA por la importación de vehículos que la marca Rover llevó a cabo entre 1990 y 2005 tomando como base de operaciones el puerto seco de la localidad alavesa de Araia.

Desde el País Vasco se argumentaba que los vehículos Rover llegaban desde el Reino Unido a España a través del puerto de Pasajes (Guipúzcoa) para luego ser distribuidos a los concesionarios desde la localidad alavesa de Araia, donde se hacían algunos trabajos como el desparafinado de las carrocerías, de ahí que defendieran que correspondiera a Euskadi el cobro del IVA.

El Gobierno central, sin embargo, recurrió ante el Tribunal Supremo, quien falló a favor del Estado al entender que es la Administración central la competente para la exacción del IVA en las operaciones interiores de bienes efectuadas por Rover España S.A. porque su sede social está en Madrid y no en Álava.

Ante esta situación, Agirre presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que se habían vulnerado los derechos del territorio histórico de Álava, recurso que finalmente ha sido retirado por su sucesor en el cargo, Javier de Andrés (PP).

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